08/11/2015

ARGENTINA:En Mendoza, la Corte condenó al Estado a pagarle a 575 judiciales

6 de Noviembre de 2015

El Gobierno de la provincia de Mendoza deberá desembolsar millones de pesos para compensar a 575 trabajadores judiciales a los cuales se les adeudan diferencias salariales relacionadas al enganche de sus salarios al de los magistrados. Según resolvió la Suprema Corte, el pago de porcentajes adeudados va desde enero del 2002 hasta junio de 2003.
Específicamente la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, pugnaba por la anulación del Decreto n° 1578/2013.
Mediante el mismo, se les negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales que se habían producido en los sueldos de todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia. Este desfasaje, estaba vinculado con la suspensión del régimen de porcentualidad respecto de la retribución del cargo de Ministro de la Corte.
En este sentido, los trabajadores judiciales reclamaban que entre enero del 2002 y junio del 2003, se les liquidaron los salarios de manera indebida, sin un motivo legal, y basándose en normas que luego fueron declaradas inconstitucionales.
Esta circunstancia dio origen a numerosos juicios y la asociación sindical formuló un reclamo ante el Poder Ejecutivo provincial con el objeto de obtener la recomposición de los haberes de los empleados y funcionarios del Poder Judicial.

Esta semana, la Suprema Corte le dio la razón a los empleados judiciales, y emplazó al Gobierno provincial a que liquide nuevamente los salarios de los 575 trabajadores que se vieron perjudicados entre el 2002 y el 2003. Así lo resolvieron los jueces, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde.
“Necesitamos avanzar en un sistema de equidad dentro del Poder Judicial. Cuando se desvirtuó esta porcentualidad, aumentó la brecha entre los que más y los que menos ganan”, destacó el titular del gremio de Judiciales, Carlos Ordóñez.
En cuanto al monto que representará este fallo, Ordoñez aclaró que aún no se puede definir, ya que hay que tener en cuenta los intereses legales. “El Tribunal ordenó notificar la sentencia a la Oficina de Liquidación de Haberes del Poder Judicial, a fin de que colabore estrechamente con los organismos encargados de cumplir con la misma”, remarcó.

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