15/03/2017

40 niñas calcinadas el 8M: “Es un crimen de Estado”

Las niñas fallecidas, juntos a otras compañeras y
compañeros que allí vivían, habían escapado un día antes y denunciaron lo que
todos sabían y callaban: dentro del Hogar recibieron golpes, fueron violadas, se
realizaban abortos forzados, se administraban fármacos y había torturas
permanentes y de todo tipo.Además, muchas de las víctimas estaban embarazadas y
a muchas les habían quitado a sus bebés nacidos dentro de la institución.


Y si bien las denuncias acerca de lo que pasaba allí
dentro datan de 2001, esa madrugada del Día Internacional de la Mujer las
fuerzas de seguridad no evitaron la catástrofe. El fuego empezó a arder, los
monitores o encargados y los cientos de policías no hicieron nada más que
amedrentar y amenazar a los jóvenes albergados en otros módulos que querían
ayudar. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso. Los familiares en las
afueras pedían desesperadamente entrar y los antimotines impidieron el paso.
Nadie pudo hacer nada. 40 murieron y otras 12 están gravemente heridas,
internadas en hospitales de Guatemala y también de Estados Unidos.



“Nuestros compañeros, nuestro sindicato, está
claramente conmovido con lo que ha sucedido. Fuimos nosotros quienes atendimos
a estas niñas en hospitales colapsados, con una gran impotencia por no poder
hacer mucho y por no poder decirle al Estado que haga algo. Nos sentimos
frustrados, porque estamos convencidos de que se si no se resuelven los
problemas de fondo estas cosas seguirán pasando”, explica Alpirez, secretario
general de la SNTSG, organización que integra la CLATE.


Las jóvenes que habían logrado
escapar un día antes de la tragedia fueron recapturadas y encerradas bajo
llave. Sus familiares contaron que muchas de ellas lograron contactarse y que
su único objetivo era contar “el horror quevivían cotidianamente en ese lugar”.


Según Alpírez, el Hogar no tenía nada de “seguro”.
Estaba habilitado para albergar a 400 personas pero allí estaban encerradas más
del doble. “Además de ser 800 niñas y niños, adolescentes de ambos sexos, allí
no sólo eran enviadas aquellas personas que habían huído de sus hogares por
problemas de abuso o maltrato. El poder judicial también enviaba allí a jóvenes
que tenían problemas con la ley. Y eso es muy peligroso”, reconoció el
dirigente.


El problema, indicó también, es mucho más profundo:
“No sólo se trata de que no deberían existir este tipo de lugares, reflejos de
los graves problemas que tenemos como sociedad. Sino que son consecuencia de un
sistema que excluye, empobrece y es corrupto, donde las autoridades no asumen
sus responsabilidades y hay una desatención total por la vida humana”.


Por eso, Alpirez pidió que se investigue la actuación
de todos los funcionarios involucrados en esta verdadera masacre: “Aquí tiene
que haber responsables. El Presidente, el Director del hogar, que ya está
detenido, la policía, la procuraduría general de la nación y también la de los
Derechos Humanos. Todos tienen parte de responsabilidad. Y la sociedad toda
debe exigir Justicia y luchar por la Guatemala que queremos y necesitamos”,
finalizó.


Mientras tanto, aún hay cerca de 90 jóvenes viviendo en
este hogar.Solo 35 víctimas han sido identificadas. Muchas otras jóvenes
sobrevivientes, que no se sabe cuántas son, se presume fueron llevadas a varios
centros como Remar, Refugio de la niñez, a centros en Zacapa, Quetzaltenango y
en la capital. A las familias nadie les da información y las buscan
desesperadamente.Y no hay listados completos, ni datos oficiales confiables que
permitan esclarecer lo que sucedió esa trágica mañana del 8M.

 

 

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