30/11/2016

1º de diciembre: Paro Nacional de Trabajadores Municipales

La grave situación sectorial se mide con números que
resultan incuestionables:


– En la gran mayoría de los municipios no existen los
Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).


– En más de la mitad de estos municipios los salarios no
llegan siquiera a lo que se establece en el Salario Mínimo Vital y Móvil.


– Hay regiones del país donde los salarios se ubican en
entre los 3.500 y los 5.000 pesos.


– En otras regiones, como en las provincias del Sur, que por
sus costos de vida
   tiene salarios más
altos, la gran mayoría de los trabajadores municipales no percibe salarios de
acuerdo a aquellas necesidades. La ATE denuncia en muchos puntos de la región
que hay salarios de entre 10.000 pesos mensuales, pero
  en donde los valores de la canasta familiar
superan los 20.000 pesos al mes.


– En cuestiones laborales el sector del Estado municipal es
uno de los más precarizados. Allí se agrupan distintas modalidades de
contratación que van desde becados, locación de servicio, monotributistas,
factureros, planes de inserción locales y jornalizados, entre otros.


– La precarización también se extiende al pago de las
asignaciones. En la casi totalidad sus montos son dispares quedando la suma a
criterio del intendente. Un ejemplo concreto es que mientras Nación abona una
suma de 966 pesos hay comunas donde aún están fijas en torno a los 200
pesos.
   


Si bien la brecha salarial entre trabajadores municipales y
del resto en otros sectores del Estado se ha venido ampliando durante los
últimos años, en el 2016 ha tenido una mayor disparidad. La inflación cercana
al 40%
  ha pegado de lleno en los
salarios más vulnerables, como es el sector municipal. Pero también porque en
muchas ciudades los trabajadores quedaron atrapados en los acuerdos salariales
a la baja que los intendentes firmaron con sus sindicatos afines.


La definición salarial que se da en el Consejo del Salario
sólo determina la obligatoriedad de su cumplimiento al Estado nacional y al
sector privado. Las Provincias y municipios quedan exceptuados de cumplirlos
por el derecho constitucional que emana de ser una
  República Federal.  


La reforma del año ’94 marcó una nueva regresión en el modo
distributivo de los ingresos coparticipables: de cada peso que se recauda, 75
centavos se los queda el Estado Nacional;
 
21 centavos se los quedan las provincias y los 4 centavos restantes
quedan en los municipios.


La autonomía política, y por lo tanto financiera, de la que
gozan intendencias muestran también su correlato en las disparidades salariales
que hay entre trabajadores de comunas linderas y con similares ingresos de
recaudación.


Para terminar con esta realidad, a veces producto de la
arbitrariedad del jefe comunal otras por el pésimo manejo de las finanzas, la
ATE viene pidiendo al Congreso una Ley que fije la obligatoriedad del pago del
SMVyM en todas las áreas del Estado de modo que se resguarde universalmente el
ingreso mínimo de cada trabajador. Así donde hoy un trabajador municipal puede
percibir 3.500 pesos por la regulación de esa ley no cobraría menos de los
8.060 pesos (a valor de enero 2017).
    


La segunda pata en importancia de la precariedad del
trabajador municipal es la situación laboral. No gozan de vacaciones, ni
antigüedad y demás derechos sociales que percibe el trabajador de planta
permanente. Aunque por omisión, por encubrimiento municipal o porque existen
múltiples maneras de contratar personal los datos no sean certeros, el rastreo
hecho por la ATE permite trazar que existe casi un 50% de trabajadores
municipales en condiciones informales de trabajo.
  En el último tiempo el gremio ha detectado
que una modalidad creciente es la contratación de jornaleros: la escala más
baja de la precarización laboral.


La mayoría de las comunas carecen de CCT y muchísimas aún
están regidas por estatutos que fueron redactados durante la última dictadura
militar.


A poco más de un mes para que acabe el año otro problema que
se repite son los vencimientos de los contratos. Se estima que entre
trabajadores contratados por las provincias y por los municipios llegan a
600.000 la totalidad de trabajadores a los que se les vencen los
contratos.


La otra marca de la precarización la componen las
asignaciones familiares. La última actualización hecha por el gobierno nacional
fija su monto en 966 pesos. Salvo provincias son contados los municipios donde
existe la equiparación. Casi siempre responde al criterio impuesto por el
intendente.
  


Para la ATE tampoco escapa a la realidad que este
comportamiento casi calcado de los Ejecutivo municipales forma parte del
objetivo de “disciplinamiento” que se busca imponer al conjunto de los
trabajadores argentinos.
  

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