06/01/2016

“Sin trabajadores no habrá esclarecimiento en la causa AMIA”

Los catorce
trabajadores contratados del Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa
AMIA (GERAD) fueron echados el 22 de diciembre pasado. Dependían del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y prestaban servicio en la
Procuraduría General. Su tarea era preservar documentación desclasificada de la
AFI -ex SIDE- sobre el atentado a la mutual judía, para la investigación de la
fiscalía y las querellas.

 

Estos
despidos son parte de una ola que sacude a otros organismos nacionales,
provinciales y municipales, resistida por los trabajadores y ATE mediante
diferentes formas de protesta, y sobre la que no hay repuestas oficiales, a
pesar de los canales de diálogo abiertos.

 

“En este
caso concreto del GERAD”, precisó el Secretario General Hugo Godoy, “no sólo se
afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino el desarrollo de la
investigación de la causa AMIA. En la práctica, los despidos implican impunidad
en el esclarecimiento de memoria, verdad y justicia”.

 

En este
sentido, el dirigente responsabilizó al Presidente Mauricio Macri, al Ministro
de Justicia Germán Garavano y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra
Gils Carbó. Y advirtió que de no haber respuestas en estos días, ATE se
manifestará la semana próxima frente a la sede de la cartera de Justicia.

 

Los
trabajadores del GERAD estuvieron representados por Laura Matiauda, quien
explicó que el Grupo nació a partir del decreto del Poder Ejecutivo 395/15, que
desclasifica los archivos en poder de los servicios de inteligencia, y la
posterior resolución 1872 de la Procuraduría, que crea el equipo de
profesionales para desarrollar la tarea.

 

“Desde junio
comenzamos con nuestra labor, como trabajadoras contratadas, en un convenio con
el Ente Cooperador Acara. El 14 de diciembre vencieron nuestros contratos. El
22 la Procuradora Gils Carbó resolvió extender el período de funcionamiento del
GERAD por seis meses, pero sin la renovación de los empleados. Luego recibimos
el telegrama”, asegura Matiauda.

 

“El equipo
preservaba los documentos de condiciones deplorables, los digitalizaba al
servicio de las querellas y la fiscalía, y analizaba esos archivos, realizando
inventarios. En seis meses sólo pudimos tratar una parte de la documentación,
por lo que no entendemos el despido”, añadió la trabajadora.

 

Por su
parte, Laura Ginsberg llevó la solidaridad de la Agrupación por el
Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) con los trabajadores,
distinguió como un avance la creación del GERAD y valorizó la labor del equipo
profesional, en medio de “las condiciones terribles en la que estaban
trabajando: inmundicia de cloacas, excrementos de ratas y humedad”, detalló.

 

“Por qué
rescinden los contratos si hay tanto trabajo por hacer”, se preguntó. “Porque
el gobierno que se fue y el que acaba de llegar no tienen interés en que se
esclarezca la responsabilidad del Estado argentino en el crimen contra nuestros
familiares”.

 

 

Respaldo
de organizaciones

 

Entre los
presentes se encontraban Carlos Díaz, Secretario Adjunto de ATE Provincia
Buenos Aires; Pepe Peralta, Secretario General de la CTA Capital; y Víctor de
Gennaro, ex miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y ex diputado
nacional, entre otros dirigentes. El CELS y la Asociación Civil Memoria Activa
enviaron su adhesión al reclamo de ATE.

 

Posteriormente
habló Iván Wrobel, del Departamento de Derechos Humanos de ATE Capital Federal,
quien destacó que “desde que llegó Cambiemos, hubo 200 apartamientos de
funciones en el Centro Cultural Kirchner, los trabajadores del AFSCA deben
esperar 30 minutos para ingresar a su trabajo para evaluar su continuidad y el
Senado tuvo 2 mil despidos, entre otros en la Jefatura de Gabinete y en el
Ministerio de Agroindustria”.

 

Quique
Furman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos llevó el abrazo de todas
las organizaciones de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria Verdad
y Justicia y opinó que “desarmar el GERAD significa que el pueblo argentino no
sepa cuál es la información que tienen los servicios de inteligencia sobre el
atentado a la AMIA. Significa que la impunidad sigue vigente en nuestro país”.

 

A su vez,
calificó de “desprecio” a la relación que tejen los gobiernos con sus
trabajadores. “Porque el Estado necesita de un grupo de profesionales que
trabaje en documentación sobre una causa importante como la AMIA. Y en vez de
incorporarlos a su planta, un gobierno los contrata precariamente y otro
gobierno haciendo uso de esa precariedad los despide”, asimiló.

 

Por último,
Beverly Keene de Diálogo 2000 trasladó el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel y Nora
Cortiñas. “Estamos en vísperas del 40º aniversario del Golpe de Estado. Debemos
reforzar la movilización. Con impunidad no puede construirse un Estado
democrático”, dijo.

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