16/07/2016

“La construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados continúa más vigente que nunca”

Organizado por el Instituto de Estudios Sindicales
Universindo Rodríguez (INESUR) y la Sociedad de Economía Política
Latinoamericana (SEPLA) estas jornadas de debate se iniciaron el miércoles 13
en las instalaciones de la COFE sobre la avenida 18 de Julio, y tuvieron su
cierre en una sala de conferencias de la Universidad de Ciencias Sociales.

Los distintos referentes de estos cinco países latinoamericanos
debatieron durante dos días. Estas disertaciones, preguntas y respuestas,
fueron grabadas para luego producir una publicación similar a la de diez años
atrás. Este encuentro reedita y toma como base el realizado en Montevideo del
17 al 19 de agosto de 2005 titulado “Los gobiernos progresistas en Debate”. El
origen de la convocatoria de ambos encuentros es la necesidad que tiene el
movimiento sindical de combinar en forma sistemática teoría y acción, en una
actitud práctico-crítica imprescindible en una fuerza social que se plantea,
como objetivo estratégico, una transformación radical de la relación entre el
capital y el trabajo.

Los participantes de estas jornadas fueron desde el sector académico,
Atilio Borón, Julio Gambina del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A y
Horacio Fernández del Instituto de Estado y Participación de la ATE (Argentina);
Marcelo Díaz Carcanholo y Plinio Arruda Samapio (Brasil); Roberto Regalado
(Cuba); Antonio González Plessman (Venezuela); Antonio Elías y Álvaro Rico
(Uruguay). Desde el sector sindical: Julio Fuentes (Presidente de CLATE y
Secretario General Adjunto de la ATE Argentina) Joselo López (Secretario
General de COFE Uruguay); Marcelo Abdala (Secretario General del PIT-CNT) y Martín
Pereira (Presidente de COFE) (Uruguay).

El viernes 15 se realizó el cierre con las conclusiones de
cada uno de los participantes en el ámbito universitario uruguayo.  Y para concluir se leyó una declaración final
de las jornadas. A continuación el texto completo:  

 

Declaración de Montevideo

A partir de la década de 1990, fuerzas políticas de
izquierda y progresistas ocupan, de manera estable y prolongada, espacios en
los poderes e instituciones del Estado, incluido el ejercicio del Poder
Ejecutivo en un significativo número de países de América Latina. La
importancia de este hecho se multiplica debido a que esos espacios fueron
conquistados a contracorriente de la imposición de Estados neoliberales y del
grave daño infligido a todo pensamiento emancipador por el llamado socialismo
real y su ignominioso derrumbe. Ello fue posible gracias al acumulado histórico
de las luchas populares, el rechazo generalizado a la violencia reaccionaria
históricamente ejercida como método de dominación, la gran organización,
movilización y lucha social y política desplegada contra el neoliberalismo, y
el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos
neoliberales.




El cambio en el mapa político latinoamericano y caribeño
creó las condiciones para el inicio de la solución de problemas de larga data,
como la derrota de la política y bloqueo y aislamiento contra la Revolución
Cubana, incluido el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, y la apertura de una posibilidad real de solución política negociada
del conflicto armado colombiano, que está a punto de concretarse en la firma de
un Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que debe concluir con un acuerdo similar
con el ELN.




En los países donde la institucionalidad neoliberal colapsó,
en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al acceder al gobierno las fuerzas populares
implementaron profundos cambios en lo político, lo ideológico y en la
apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y
la minería. Los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía
popular donde, en medio de tensiones y contradicciones, se plasmaron en la
elaboración de nuevas Constituciones.




 

En los países donde antiguos movimientos insurgentes
lograron transformar su acumulado políticomilitar en
acumulado políticoelectoral,
en Nicaragua y el Salvador, esas fuerzas ejercen hoy el gobierno con programas
orientados a detener y revertir la reestructuración neoliberal desarrollada por
los gobiernos de derecha que les precedieron, y sustituirlos por programas de
asistencia y desarrollo económico y social, en la medida en que la correlación
de fuerzas en cada uno de ellos lo permiten.




 

Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina y Uruguay,
coaliciones políticas que abarcan un amplio el espectro de fuerzas progresistas
y de izquierda, por lo general en alianza con fuerzas sistémicas o
tradicionales, accedieron al gobierno. Esos gobiernos progresistas optaron por
variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis:
llegaron al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos
estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial como si
fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los
males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. En estos países los cambios
son fuertes en el plano político-electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, y
en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.




 

Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda y
progresistas generaron expectativas populares que han sido parcialmente
satisfechas, en mayor o menor medida, en dependencia de las condiciones y
características, y de la correlación de fuerzas existente en cada país. Pero si
bien estos espacios políticoinstitucionales
fueron conquistados a contracorriente del neoliberalismo y de la
ofensiva ideológicocultural reaccionaria derivada del fin de
la bipolaridad, también están acotados y signados por sus secuelas. Y la
inflexión de la coyuntura internacional, provocada por la agudización de la
crisis sistémica del capitalismo y la economía mundial, revela los
límites estructurales y funcionales de la democracia realmente existente, es
decir, de la democracia burguesa, como sistema político dentro del cual
realizar las reformas y transformaciones que necesitan los pueblos de la región.



 

Los límites estructurales y funcionales de la democracia
realmente existente y los errores, deficiencias e insuficiencias de las propias
fuerzas de izquierda y progresistas, son aprovechados por el imperialismo y las
oligarquías criollas para recuperar el monopolio de los poderes del Estado que
históricamente ejercieron. Para ello recurren a la guerra mediática, las
campañas de desestabilización, la judicialización de la política, los llamados
golpes de Estado de nuevo tipo y otros métodos similares. El resultado es que
los pueblos latinoamericanos quedan expuestos a ataques contra los derechos de
los trabajadores y contra la soberanía nacional.




El nuevo momento histórico incentivó una peligrosa ofensiva
de los sectores más reaccionarios y autoritarios de la derecha: en Venezuela,
se recurre tanto a la violencia paramilitar como a la guerra económica; en
Bolivia, se fabricó un conjunto de calumnias para descarrilar el referendo
constitucional convocado para habilitar una nueva reelección del presidente Evo
Morales y en Brasil, se aprovechó la debilidad del gobierno de Dilma para
impulsar un golpe institucional. En todos los casos los medios de comunicación
masivos desarrollan una campaña permanente contra estos gobiernos.




Esas agresiones se ven favorecidas por el empeoramiento de
la situación económica mundial, que provoca la caída de la demanda de materias
primas, en volumen y precios, la recuperación del valor relativo del dólar, con
las consiguientes devaluaciones de las monedas nacionales, el aumento de los
intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.



 

En ese contexto, se hace muy difícil mantener, tanto los
ingresos reales de trabajadores, y pasivos, como las políticas asistenciales
para los sectores más desprotegidos, que reciben ingresos monetarios que
modifican los resultados estadísticos pero no sus condiciones esenciales de
vida. Todo ello exacerba las contradicciones objetivas entre las clases
dominantes y dominadas, y desestabiliza a los gobiernos que necesitaban esos
recursos para financiar sus políticas de conciliación de clases.

 

Estas situaciones, como en el caso uruguayo, provocaron que
el gobierno, que tuvo la alternativa de enfrentar al capital obligándolo a
pagar mayores impuestos, lo cual hubiera preservado el nivel de vida de los
trabajadores y pasivos, por el contrario resolvió aplicar el ajuste sobre la
clase trabajadora para no afectar el beneficio de los capitalistas. Aquí es
fundamental destacar que las conquistas sociales alcanzadas por los
trabajadores y el campo popular en la última década, tanto los derechos como los
ingresos, son reversibles, mientras que los privilegios que recibidos por los
capitalistas están protegidos por leyes y “blindados” por cambios
constitucionales y tratados internacionales.

 

Los últimos resultados electorales en Argentina, Venezuela y
Bolivia son un muy duro traspié para las fuerzas progresistas. Al igual que lo
es la desestabilización en Brasil, la cual se ve agravada por el proceso de
juicio político contra la Presidenta.

 

En cualquier caso, la ofensiva del capital y las agresiones
imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por problemas
internos, tales como el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y,
fundamentalmente, por la debilidad ideológica y organizativa. Tampoco se ha
logrado la transformación de la base productiva ni revertir la primarización,
la extranjerización y la vulnerabilidad de nuestras economías.

 

Para evitar la trampa de soluciones encuadradas en el marco
de la ofensiva del capital, soluciones que se reducen a la discusión sobre el
ritmo y la intensidad del ajuste neoliberal, es fundamental que las
organizaciones clasistas y del campo popular tengan absoluta independencia en
relación a la burguesía y al Estado. Sin eso no hay como rescatar el debate
sobre la urgencia histórica de la revolución social como única forma de detener
la barbarie capitalista. Esto coloca en el orden del día la necesidad de buscar
nuevos caminos para impulsar la lucha los trabajadores contra la explotación
del capital. Por lo cual, observamos los límites infranqueables de las fórmulas
políticoinstitucionales y los modelos de gestión
macroeconómica del progresismo, no así del impulso emancipador popular desatado
desde finales del siglo pasado.

 

El enfrentamiento a la ofensiva del capital ha logrado
triunfos importantes, tales como los procesos derivados de la confluencia de la
movilización popular, entre los que resalta la Cumbre de los Pueblos No al
ALCA, que cumplió sus objetivos. La lucha organizada debe ser el camino a
seguir, y movilizaciones como esta demostraron que ello es posible.

 

Esto contrasta claramente con la agenda que en el presente
llevan adelante algunos de los gobiernos de la región que, cada vez más
insertos en el capitalismo, promueven los acuerdos y tratados de libre comercio
con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, el TTTP, el TISA y otros que
estimulan un programa que no es el de la clase trabajadora y el campo popular.

 

La tarea fundamental inmediata es la lucha contra el ajuste
capitalista que traslada los costos de la crisis a los trabajadores: es
bloquear la ofensiva del capital, y derrotar el ajuste fiscal y los acuerdos
espurios de libre comercio.

 

La construcción de una sociedad de contenido distinta, una
sociedad sin explotados y explotadores, objetivo final de nuestra clase,
continúa más vigente que nunca.

 

 

Organizaciones firmantes:

 

Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores
Estatales (CLATE)

 

Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE)

 

Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA)

 

Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez
(INESUR)

 

Instituto sobre Estado y Participación Asociación Trabajadores
del Estado de Argentina (IDEP ATE)

 

Sociedad de Economía Política de Brasil (SBP)

 

SURGENTES (Colectivo de Derechos Humanos de Venezuela)

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