20/06/2012

PANAMÁ: Protesta opositora obliga al Presidente Martinelli a dar marcha atrás con la venta de acciones de la empresa eléctrica y teléfonos

 


19 de junio


La oposición política, agrupada en el recién creado Frente por la
Democracia, celebró como una victoria la decisión del presidente, aunque

 

anunció que se mantendrá “alerta” y continuará con el cronograma de
manifestaciones públicas contra el Gobierno de Martinelli al que tacha
de “corrupto” y “autoritario”.

Flanqueado por su gabinete en pleno, el gobernante anunció
desde el palacio presidencial que retiraba de la Asamblea Nacional un
proyecto de reforma de ley para legalizar la venta de las acciones
públicas en las empresas telefónica y eléctricas, y otro para la
ratificación de tres magistrados de la nueva Sala V del Supremo.

Ello, en aras de “velar por la conservación del orden público y
la tranquilidad social” y “para propiciar un amplio debate y un
consenso” en torno a ambos temas en la mesa de la Concertación Nacional,
que aglutina a representantes de los sectores vivos del país, entre
ellos los gremios, la academia y los sindicatos.

Martinelli invitó “a todos los sectores” a participar a partir de mañana

 

en ese debate, con la mediación de la Iglesia católica.

El gobernante y magnate de supermercados también ordenó la
suspensión de las sesiones extraordinarias legislativas, que convocó del
21 de mayo al 29 de junio, en las cuales la mayoría oficialista aprobó
la creación de un Fondo de Ahorro que llevó aparejada una polémica alza
del límite del déficit fiscal para este año.

Martinelli hizo esos anuncios después de que simpatizantes de
la oposición, grupos sindicalistas y estudiantes quemaran neumáticos y
lanzaran piedras contra la Policía que custodia desde esta mañana la
sede de la Asamblea Nacional, en el centro de la capital panameña.

Los incidentes incluyeron enfrentamientos entre agentes
antidisturbios y diputados opositores, mientras que dentro del
Legislativo y por segundo día consecutivo, los parlamentarios de ambos
bandos se intercambiaron insultos y se amenazaron con golpes en la
continuación de una accidentada sesión que debió suspenderse ayer por la
irrupción en el hemiciclo de grupos opositores.

La situación en las afueras del Parlamento amenazó con salirse
de control, ya que grupúsculos de jóvenes con piedras y palos intentaron
cometer actos vandálicos contra algunos comercios, que se vieron
obligados a cerrar, aunque los incidentes no pasaron a mayores.

Juan Carlos Varela, vicepresidente del país, aplaudió la
decisión del que fuera su aliado político en los comicios que llevó a
ambos al poder en 2009, y la calificó de un triunfo del pueblo.

“Que el presidente entienda que se debe gobernar por consenso,
respetando las instituciones del país, la separación de los poderes, y
sobre todo, que comprenda que el patrimonio del pueblo le pertenece el
pueblo”, dijo Varela, líder del Partido Panameñista, en la oposición
desde la ruptura de la coalición de Gobierno, hace casi un año.

El Partido Panameñista, el Revolucionario Democrático (PRD) y
el Popular conformaron el pasado viernes el Frente por la Democracia,
para enfrentar la amenaza a la “institucionalidad” y la “democracia”
que, según ellos, representa el Gobierno de Martinelli.

Varela sostuvo que la venta del 49 % de las acciones de la
telefónica Cable & Wireless y de las empresas de generación y
distribución eléctrica que posee el Estado constituiría un “asalto al
patrimonio del pueblo”.

La designación de los magistrados de la Sala V del Supremo
también es un asalto, pero a la “institucionalidad del país”, añadió el
vicepresidente y aspirante a ser candidato presidencial por el
panameñismo en las elecciones de 2014.

La mayoría oficialista pretendía ratificar durante las sesiones
extraordinarias la designación de los tres magistrados de la Sala V de
la Corte Suprema, creada durante el Gobierno del Ernesto Pérez
Balladares (1990-1994), pero para cuya instalación quedó pendiente el
nombramiento de sus tres jueces.

La iniciativa de Martinelli de “resucitar” esta Sala es
rechazada por la oposición porque, según sus dirigentes, permitirá a
Martinelli “controlar” el Supremo al haber nombrado siete de los doce
magistrados que la integrarán, lo que permite la ley.

Según la oposición, el gobernante puede utilizar esa situación
para preparar su supuesta reelección inmediata, prohibida por la
Constitución, o favorecer al candidato de su partido en las elecciones
de 2014.

 

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