02/12/2015

La CLATE se suma al reclamo ante la OMC para que se mantenga la agenda del desarrollo

A continuación reproducimos el texto de adhesión de la CLATE a la Carta de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 150 países, que se presentará ante las autoridades de la OMC en la 10ª  Conferencia Ministerial a celebrarse en Nairobi (Kenya) entre el 15 y el 18 de diciembre próximos.
 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015.

A los Sres. Miembros de la
Organización Mundial del Comercio

En nombre y representación del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles la adhesión de nuestra organización a la “Carta de la sociedad civil acerca de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a realizarse en Nairobi”, cuyo texto a continuación reproducimos.

Estimados miembros de la OMC,

En nombre de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas sindicales, ecologistas y de agricultores/campesinos, grupos de desarrollo y de interés público de más de 150 países nos dirigimos hoy a ustedes para expresar nuestra alarma extrema respecto de la situación actual de las negociaciones en la OMC. Les exhortamos  a que en la próxima Conferencia Ministerial de Nairobi tomen en serio la necesidad de cambiar las normas vigentes de la OMC para conseguir que el sistema de comercio mundial sea más compatible con el desarrollo centrado en los pueblos, y rechacen las iniciativas de algunos países desarrollados que quieren abandonar la agenda de desarrollo y remplazarla por un conjunto de llamados “nuevos asuntos” que en realidad son asuntos no comerciales que afectarían profundamente las economías nacionales y limitarían el espacio político nacional necesario para el desarrollo y la defensa del interés público.

Los gobiernos de todo el mundo suscribieron recientemente las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) negociadas a través de la Organización de las Naciones Unidas. Estas incluyen metas clave como la reducción de la pobreza y la desigualdad; erradicar el hambre; y garantizar el acceso universal a servicios esenciales tales como salud, educación, agua y energía. Para alcanzar estas metas, los países deben disponer del espacio político necesario para invertir en la producción agrícola nacional y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria;para reglamentar el sector financiero con el fin de garantizar la estabilidad financiera; para aumentar y mejorar la prestación pública de servicios esenciales para garantizar educación, salud, agua y el acceso a la energía; para aprovechar el potencial de las compras públicas para promover las pequeñas y medianas empresas (PyMES); para utilizar estratégicamente los ingresos fiscales, incluidos los aranceles, para fomentar el desarrollo sustentable y la creación de fuentes de empleo digno y decente y garantizar que la inversión extranjera se ponga al servicio de los intereses y planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, dicho espacio político está restringido en la actualidad por las normas vigentes de la OMC, que la amplia mayoría de los miembros de la OMC–que son países en desarrollo–viene reclamando que deben cambiarse, y que ahora además enfrentan nuevas amenazas por la iniciativa de un pequeñísimo número de países desarrollados que quieren sustituir los mandatos de desarrollo por “nuevos asuntos” diseñados para aumentar aún más los márgenes de ganancias de las empresas transnacionales.

Como organizaciones de la sociedad civil, hemos sido testigos directos en nuestras comunidades de los impactos negativos que han tenido tras 20 años de aplicación algunas de las políticas vigentes en la OMC que han favorecido en gran medida los intereses del mundo desarrollado por encima de los intereses de desarrollo del mundo en desarrollo. Esto ha conducido particularmente al aumento de las desigualdades entre y dentro de los países; a una mayor contribución al cambio climático por el aumento del comercio; a la desreglamentación financiera que produjo las crisis económicas mundiales de 2008 y las crisis en curso de inseguridad alimentaria y falta de empleo, por nombrar a algunas. Muchas de nuestras organizaciones han exigido reiteradamente que la OMC sea reemplazada por una institución que reglamente el comercio empresarial corporativo para beneficio de los trabajadores, agricultores/campesinos, las comunidades y el medioambiente, en lugar de dedicarse a disciplinar a los Estados en aras del estrechísimo fin de aumentar el comercio. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar que se limite y no se expanda el modelo de la OMC que busca restringir el espacio político nacional para favorecer los derechos comerciales de las grandes empresas. Es por esta razón que es urgente en este momento garantizar que la Conferencia Ministerial de Nairobi avance en la eliminación de los obstáculos de la OMC al desarrollo, cumpliendo con el mandato de desarrollo en términos del fortalecimiento y efectivización del Trato Especial y Diferenciado para todos los países en desarrollo y reafirmando los derechos de los países en desarrollo a la seguridad alimentaria,evitando a la vez que se adopte la agenda empresarial corporativa de abandonar el desarrollo para favorecer la lista de deseos de las grandes empresas basada en “nuevos asuntos”. 

La Conferencia Ministerial de la OMC en Nairobi será exitosa si: Cumple con el mandato de desarrollo fortaleciendo a tal efecto el trato especial y diferenciado para todos los países en desarrollo, eliminando los obstáculos de la OMC a la seguridad alimentaria y operativizando los beneficios para los países menos adelantados (PMA)

Este año, un grupo de 90 países en desarrollo (G90) impulsaron un paquete de propuestas concretas para cambiar las normas actuales de la OMC, que eliminarían algunas de las restricciones que impone la OMC a las políticas nacionales a favor del desarrollo. Muchas de estas propuestas son similares a los reclamos de la sociedad civil incluidos en la Declaración de Darle la Vuelta, a la que se sumaron cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo. Desde Ginebra nos informan que una minúscula cantidad de miembros de la OMC de altos ingresos están pretendiendo decidir por sí solos a qué países en desarrollo se les debería habilitar el uso de estas flexibilidades, dividiendo así a los países en desarrollo según criterios subjetivos e inexistentes, e intentando de ese modo que a los llamados “mercados emergentes” se los trate como si ya fueran países desarrollados. Este enfoque no tiene sustento en la normativa de la OMC, ni en la política de desarrollo, ni tampoco en la realidad económica. De hecho, el 70% de los pobres del mundo viven en los llamados países de “medianos ingresos”; limitar el alcance de las propuestas de trato especial y diferenciado del  G90 excluyendo a los países emergentes,condenaría a miles de millones de personas a vivir bajo normas de la OMC que son inadecuadas para su nivel de desarrollo, sin las flexibilidades y espacio político necesarios para que sus países alcancen las metas de desarrollo sostenible multilaterales. Por estas razones, se debe fortalecer y operativizar el trato especial y diferenciado para todos los países en desarrollo, ofreciéndoles a la vez flexibilidades adicionales a los PMA, que respondan a sus necesidades específicas de desarrollo, financieras y económicas. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso para el desarrollo si en Nairobi no se aprueba el paquete completo de propuestas del G90 para todos los países en desarrollo.

Peor aún es que un solo miembro de la OMC, Estados Unidos, parece no solamente negarse a aprobar el paquete entero del G90, sino que está operando también para garantizar que el mandato de desarrollo de la OMC se abandone para siempre. Aunque la falta de acuerdo sobre el paquete de propuestas del G90 en Nairobi representaría el fracaso de dicha conferencia ministerial en sí misma desde una perspectiva de desarrollo, el abandono permanente dela totalidad del mandato de desarrolloimposibilitaría la realización de ese mandato en el futuro, y perpetuaría por ende para siempre las desigualdades y desequilibrios actuales que aquejan al mundo –todo esto a instancias de un solo miembro de la OMC, en una institución que dice que funciona por consenso.

De igual manera, muchos de los mismos pueblos empobrecidos de los países en desarrollo y PMA continúan padeciendo inseguridad alimentaria. Desde la Conferencia Ministerial de Bali llevada a cabo en diciembre de 2013, los países en desarrollo y las organizaciones contra el hambre y de agricultores/campesinos de todo el mundo (inclusode Estados Unidos) se han esforzado para garantizar que los países en desarrollo queden liberados de las cadenas de las normas de la OMC que restringen severamente sus posibilidades de inversión en programas de reservas públicas de alimentos, aunque tales inversiones son reivindicadas explícitamente en las Metas de Desarrollo Sostenible,para reducir así el hambre a nivel urbano y rural. Los miembros de la OMC acordaron encontrarle una solución permanente al asunto de las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria, antes del 31 de diciembre de 2015. El grupo G33 de 45 países en desarrollo presentó una propuesta viable para eliminar los límites a las inversiones de los países en desarrollo en su propia seguridad alimentaria, clasificando a tal efecto en la llamada “Caja Verde”las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria, y es imprescindible que la Conferencia Ministerial de Nairobi adopte esta propuesta. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso desde la perspectiva del desarrollo si este simple paso en pos de la soberanía alimentaria no se aprueba en Nairobi.

Asumiendo la que constituye una de las posiciones más hipócritas en la historia de las negociaciones mundiales sobre comercio, algunos países desarrollados no sólo se oponen al derecho de los países pobres a alimentarse a sí mismos, sino que se niegan a reducir sus ayudas internas a su propia producción agrícola de exportación que perjudica los mercados nacionales de otros países. De hecho, la promesa de reformar el comercio agrícola mundial fue la razón principal por la cual los países en desarrollo siquiera acordaron iniciar la Ronda de Doha. Catorce años más tarde, algunos países desarrollados continúan subsidiando las empresas de exportación agrícola de manera tal que perjudican a los agricultores/campesinos de los países en desarrollo cuyos gobiernos no tienen permitido (o carecen de medios económicos para) ofrecer tales subsidios. Respaldamos el concepto de soberanía alimentaria, según el cual se le debería permitir a los países ofrecer ayudas internas a la producción agrícola, aunque a ningún país se le debería permitir exportar alimentos subsidiados de manera tal que perjudique los mercados de otros países. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso desde la perspectiva del desarrollo si en Nairobi no se aprueba disciplinar las ayudas internas que perjudican los mercados de otros países.

Al mismo tiempo, el caos generado en los mercados agrícolas de los países en desarrollo debido al “dumping” de productos subsidiados requiere una solución inmediata. La propuesta del G33 de crear un Mecanismo de Salvaguarda Especial (MSE) que les permitiría a los países en desarrollo proteger su seguridad alimentaria, los medios de sustento de sus agricultores/campesinos y el desarrollo rural, sería otro paso importante hacia la restauración de la soberanía alimentaria de los países, que se ha visto tan erosionada por los desequilibrios actuales de las normas de la OMC. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso desde la perspectiva del desarrollo si en Nairobi no se aprueba un MSE como el que propone el G33, que funcione y sea práctico.

Incluso en el área que todos los miembros de la OMC deberían poder estar de acuerdo -garantizar beneficios para los PMA- aún no se ha logrado un consenso. A pesar que fue un mandato prioritario del período posterior a Bali, el pequeño paquete que se aprobó en Bali para los PMA aún tiene que operativizarse, lo cual significa:garantizarle a las exportaciones de los PMA acceso al mercado 100% libre de impuestos y libre de cupos (DFQF por su sigla en inglés); ofrecer compromisos vinculantes reales respecto de la prórroga para los PMA en materia de servicios; y la simplificación plena de las normas de origen. Además, los productores africanos de algodón se han visto perjudicados durante años por subsidios que los países ricos acordaron disciplinar de manera “expedita”. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso desde la perspectiva del desarrollo si en Nairobi no se aprueba el disciplinamiento de los subsidios al algodón, junto con la operativización de todos los aspectos del paquete completo para los PMA.

No puede permitirse que una lista de deseos empresariales basada en “nuevos asuntos” ingrese a la mesa de negociación en Nairobi

Todos podemos estar de acuerdo en que el comercio mundial ha evolucionado significativamente desde el inicio de la Ronda de Doha en 2001. Desafortunadamente, muchos trabajadores y agricultores/campesinos continúan trabajando según las normas negociadas a mediados de 1990, a las cuales se opusieron muchos países en desarrollo y grupos de la sociedad civil de todo el mundo en los inicios de la OMC. Es completamente inapropiado exigir negociaciones sobre nuevos asuntos que beneficiana las empresas financieras, de tecnología y logística de algunos miembros de la OMC, antes de haber resuelto las desigualdades y falta de equilibrio de las normas vigentes de la OMC.

Muchos de estos nuevos asuntos ya fueron explícitamente rechazados por los miembros de la OMC en el pasado reciente, especialmente los llamados “Asuntos de Singapur” que incluyen la inversión, las políticas de competencia y la transparencia en las compras públicas. La sociedad civil hace tiempo que se opone a los acuerdos internacionales sobre inversiones (AII) -sean bilaterales, plurilaterales o  multilaterales- que privilegian a los inversionistas extranjeros por encima de los ciudadanos, las comunidades, el medioambiente y el interés público en general. Muchos gobiernos han tomado nota de la explosión de demandas iniciadas por inversionistas contra gobiernos soberanos,  y muchos de ellos están reformulando sus leyes nacionales sobre inversiones para asegurarse que beneficien el interés nacional. En estos tiempos de debate público aún no resuelto sobre los impactos negativos de tales acuerdos, es escandaloso pensar que este tema ya descartado se pueda reintroducir en la OMC.Lo mismo ocurre con las políticas de competencia y la apertura de las compras públicas a las empresas extranjeras, que son asuntos ambos que benefician  principalmente a los intereses empresariales. Las compras públicas son un motor importante del desarrollo local y para solucionar inequidades dentro de los países, y estos fines deben gozar de prioridad frente a la apertura de los mercados para los mejores postores transnacionales.Estos no son asuntos primordialmente comerciales, y no se debe permitir que entren en la agenda. Es más, ni siquiera existe sustento legal en la OMC para incluirlos antes que se hayan resuelto cabalmente los reclamos de desarrollo de los países en desarrollo.

Asimismo parece haber iniciativas de algunos países desarrollados de incluir en la OMC asuntos que muchos países en desarrollo y la sociedad civil de todo el mundo ya rechazaron en los tratados (mal llamados) de libre comercio (TLC) bilaterales o plurilaterales. Eso aparentemente incluye la idea de cederles a las empresas de tecnología avanzada nuevos “derechos” para que puedan realizar transferencias ilimitadas de datos transfronterizos, a través de las negociaciones sobre el comercio electrónico. Algunos pocos miembros también parecen interesados en imponerles a los miembros de la OMC disciplinas respecto de las empresas estatales (que pueden ser un motor clave de crecimiento económico nacional en muchos países); además de otros “nuevos asuntos” que aún no han sido definidos por los miembros que a pesar de ello pretenden obtener mandato para discutirlos. La Conferencia Ministerial de la OMC será un fracaso desde la perspectiva del desarrollo si los “nuevos asuntos” se incluyen en Nairobi como parte de la agenda pos-Ministerial, incluso camuflados bajo encabezamientos engañosos tales como “discusiones sobre las cadenas de valor mundiales” o sobre la “economía digital”.

La sociedad civil hace tiempo es testigo y condena el proceso injusto de negociación en la OMC, donde las posiciones de los miembros poderosos tienen precedencia sobre las posiciones y necesidades de la amplia mayoría de miembros que son países en desarrollo, mientras los intereses de los trabajadores, los agricultores/campesinos y el medioambiente son dejados de lado para favorecer los fines de lucro de las grandes empresas. Es lamentable que esta situación aparentemente se haya agravado aún más bajo el liderazgo actual, aunque el Director General sea oriundo de una nación en desarrollo.

Nairobi será una instancia clave que determinará el futuro del sistema de comercio mundial. ¿Mantendrá la OMC su política de continuismo, dándole predominio a los intereses empresariales de los países poderosos y abandonando el mandato de desarrollo para favorecer el inicio de  negociaciones sobre la liberalización de nuevos asuntos? ¿O atenderán los miembros de la OMC las necesidades de los PMA, de quienes viven en la pobreza en todos nuestros países, de los campesinos y agricultores que pasan aprietos y luchan para ganarse la vida, de los trabajadores que buscan un empleo digno y decente, y del medioambiente que reclama nuestro cuidado común?

Para que la Conferencia Ministerial “sirva” para resolver los problemas de alimentación, empleo y desarrollo sustentable, el resultado que se requiere es claro: La situación de graves inequidades que prevalecen en el sistema agrícola mundial tiene que empezar a cambiar, entre otras cosas: eliminando los obstáculos de la OMC a las reservas públicas de alimentos para la seguridad alimentaria;estableciendo un MSE concreto y que funcione; y disciplinando las ayudas internas y la competencia de las exportaciones. Se tienen que satisfacer los reclamos de desarrollo a lo largo y ancho de la OMC, entre otros las propuestas del G90 en toda su dimensión y para todos los países en desarrollo, y la operativización del paquete para los PMA. Se tiene que evitar la adopción de la agenda de las grandes empresas y los gobiernos de los países ricos de abandonar para siempre el mandato de desarrollo, así como la imposición de un conjunto de “nuevos asuntos” no comerciales ya previamente rechazados o mal definidos.

Atentamente,

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CLATE

Julio Fuentes
Presidente

 

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