27/01/2016

Julio Fuentes: “Son miles los militantes sindicales y sociales judicializados”

La
judicialización de la protesta social es una realidad que atraviesa a todo el
continente latinoamericano y el territorio argentino. Según estimaciones del
espacio “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” -integrado por más de 300
organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sindicales, sociales y
estudiantiles de todo el país- actualmente existen en Argentina cerca de 5.000
personas procesadas por participar de protestas sociales.

 

“En la
década del 90, el por entonces presidente Carlos
Menem impartió la orden a los jueces para que apliquen el código penal ante la
protesta social
. Esto no sólo es repudiable sino que fue un grave error
debido que al tratarse de conflictos políticos, estos lógicamente no se
resuelven por esta vía sino mas bien con diálogo. El resultado fue que durante
todos estos años dicha decisión tuvo como consecuencia el procesamiento de miles de militantes obreros y sociales en toda la
Argentina, y el encarcelamiento y persecución de numerosos compañeros”, afirmó Julio Fuentes, quien durante los años 90 debió
soportar en carne propia la criminalización de la protesta al afrontar 52
causas judiciales mientras se desempeñaba como titular de ATE en su provincia,
Neuquén.

 

Adoptando esta
práctica que impartió y de la que abusó el menemismo y sus sucesores, el poder político echó mano a diversas
figuras jurídicas
como incluso la de coacción agravada, instaurada durante
la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), para acusar deliberadamente a
compañeros en el ámbito judicial. Sin embargo, y pese a que se busque instalar
lo contrario, el código penal -como sostiene el abogado de ATE y CTA Juan Carlos Capurro– “es para quien
conscientemente comete un crimen. El
pueblo, la familia, los trabajadores no cometen un delito a la hora de salir a
la calle a reclamar lo que es justo
. Es más, el crimen lo cometen los
funcionarios que no son capaces de escuchar, aceptar y canalizar los reclamos
sociales.”. En este sentido, la aplicación de la figura de la coacción agravada
es disonante, como si mediara chantaje o un arma en la cabeza a quien se le
reclama aumento de salario.

 

“Ya entrado
el siglo XXI, luego del asesinato de Kosteky y Santillan durante la Masacre de Avellaneda (junio de 2002), comenzó
un período donde fue aminorando la aplicación del código penal a la protesta social”,
recordó el Presidente de CLATE. No obstante, aclaró que “al poco tiempo, con la sanción de la Ley Antiterrorista
(2007), nuevamente recrudece este proceso que además tuvo el amparo de parte
del poder político de turno
, tanto del Ejecutivo como de buena parte del
Congreso que sancionó la norma”.

 

“El actual presidente Macri y los
otros dos candidatos que protagonizaron la elección en 2015 (Daniel Scioli y
Sergio Massa) plantearon, en mayor o menor medida, una tolerancia cero
para los piquetes. Pero cuando se hacía referencia a los piquetes se estaba
apuntando a la protesta,  la huelga y la
movilización. Al lograr este amparo
político se recrudeció esta posición con el aval de todas las fuerzas mas
reaccionarias y represivas del Estado
, me refiero a buena parte de intendentes,
gobernadores, jefes de policía, ministros, jueces y fiscales”, aseveró Fuentes.

 

Milagro Sala y la justificación de la
persecución judicial

 

Uno de los
casos testigo de intento de deslegitimación
para el atropello de libertades y derechos individuales
es el que sufre en
la actualidad la dirigente social jujeña Milagro Sala, detenida el pasado 16 de
enero. Aunque públicamente denostada por
medios de comunicación dominantes y acusada de un sinfín de hechos por el
actual oficialismo, Sala se encuentra encarcelada por protestar y a pesar de que
se le imputan delitos excarcelables
. “Mas allá de que le quieran iniciar un
proceso judicial, le están quitando el
derecho constitucional a la presunción de inocencia que tenemos todos los
ciudadanos”, expresó el Presidente de CLATE y Secretario Adjunto de ATE
.

 

En referencia
a esta búsqueda de legitimación de la represión y judicialización a la protesta,
el abogado Capurro explicó: “El sólo
hecho de fustigar públicamente a quienes
protestan es un ataque que anuncia una futura acción judicial
. Primero
estigmatizan buscando instalar en la opinión pública una imagen falseada, y
luego arman una causa penal”.

 

“Milagro
Sala debe ser puesta en libertad porque no va a huir o fugar. Luego, ya libre, enfrentará
un juicio como corresponde, con su derecho a defensa y todas las garantías de
la Ley. Tenerla presa es tener de rehén a una dirigente social que ha
construido con sus compañeros espacios de justicia social”, opinó Fuentes.

 

Detención de Rodolfo Aguiar

 

Aguiar, Alarcón, Ríomar y otros
miembros de CTA y ATE mantenían ayer por la mañana una protesta en la puerta de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, en
Viedma, para que Litoral Cleaning SRL reintegre a las 12 mujeres que despidió
el 16 de enero

pasado. Según el telegrama que les envió, la empresa consideró “justa causa” de
despido los reclamos que las empleadas estaban haciendo entonces por salarios
atrasados y mejoras en las condiciones de trabajo.

 

“El único delito que parece haber
cometido Rodolfo Aguiar fue el de acompañar a los compañeros que fueron
despedidos y se quedaron en la calle
. Esto no es causa para que alguien sea detenido y pierda el
mayor derecho que tenemos los ciudadanos, que es el derecho a la libertad”,
sentenció Fuentes, quien el mismo día de la detención había expresado: “Toda nuestra solidaridad con Aguiar y los
compañeros que están siendo encarcelados y procesados en la justicia”
.

 

Una problemática regional

 

Queda claro
que la preocupación ante esta avanzada no
es sólo de ATE y el resto de las organizaciones populares de Argentina, sino de
los estatales del continente
. Incluso así lo manifestó el documento surgido
del pasado Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores
Estatales reunido en el mes de octubre en Toluca, México.

 

“Sin duda, en todo el continente
latinoamericano las organizaciones obreras y sociales –que son el primer objetivo
de esta actitud represiva- debemos lograr espacios de coordinación y respuesta
común a esta política nefasta, y por supuesto de denuncia”, reflexionó Julio
Fuentes, y anticipó: “Por ello, como CLATE nos comprometemos a llevar estas
denuncias a todos los foros y espacios internacionales de los que formamos
parte, como lo haremos con el caso argentina ante la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)”.

 

 

Campaña de CLATE por LIBERTAD
SINDICAL

 

Judicializar
la protesta y encarcelar a militantes que reclaman por sus legítimos derechos significa
una afrenta a la libertad sindical, bandera fundamental de la CLATE.

 

A raíz de
numerosos casos de violación de la libertad sindical en la región, la CLATE
refuerza su campaña por el pleno respeto de este derecho humano fundamental con
la elaboración de un video informativo. Guatemala, Paraguay, Ecuador, Chile y
Argentina son algunos de los países de la región donde se registran situaciones
que vulneran el ejercicio pleno de la libertad sindical.

 

Compartimos
un VIDEO INFORMATIVO CLATE SOBRE
LIBERTAD SINDICAL
: https://youtu.be/HF5rVokv9FE

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