05/04/2016

Declaración del Río de la Plata

Declaración del Río de la Plata

A pocos meses de
la última reunión de Comité Ejecutivo de la CLATE, realizada en octubre de 2015
en Toluca, y luego de reflexionar sobre la situación que atraviesan los
estatales de cada país, a través de los informes de nuestras organizaciones
miembro, podemos afirmar que aquel horizonte de dificultades económicas y cambios
políticos que avizorábamos no hace más que confirmarse y profundizarse.


La crisis
económica que afecta a nuestra región, producto de la caída del precio de las
materias primas de exportación, va mostrando su impacto en la estrechez fiscal
que atraviesan nuestros Estados nacionales. Ante una matriz productiva
sostenida en el extractivismo minero, petrolero, y agrícola, el derrumbe de los
precios internacionales tiene como consecuencia una reducción ostensible de la
porción de la renta que los Estados de la región eran capaces de capturar.


Esta nueva etapa
económica jaquea los modelos de desarrollo puestos en marcha, sostenidos en ese
aprovechamiento de los altos precios de las materias primas, que sin duda
tuvieron un alto costo al profundizar la devastación ambiental y al mantener
estructuras productivas de matriz agroexportadora, con escaso desarrollo
industrial, en las que perduraron grandes concesiones a las corporaciones
locales y trasnacionales.


En ese sentido
vimos como, a pesar de las declamaciones de los distintos gobiernos
progresistas,
neodesarrollistas o
posneoliberales (como se prefiera llamarlos), en la última década los grandes
“ganadores” fueron la banca y el capital financiero, tendencia que se
contrapone con políticas que tengan como objetivo real la creación de empleo
genuino con salarios dignos.


A su vez, los regímenes
políticos que sustentaron esos modelos de desarrollo también entraron en
crisis.  Sin entrar aquí en valoraciones
particulares, caracterizamos de este modo a los gobiernos que construyeron una
identidad común en torno de su rechazo al ALCA, a las políticas del FMI e
intentaron impulsar estrategias de integración regional, como la UNASUR y la
CELAC, con un declamado afán de autonomía respecto a las políticas emanadas desde
Washington.


Entre algunos de
los factores que permiten explicar esta crisis política se pueden mencionar: el
excesivo presidencialismo de los gobiernos denominados progresistas; su
dificultad de sostener los acuerdos de gobernabilidad con sectores del capital
sin que ello implique modificar sus bases de sustento social; y la exigencia,
por parte de estos gobiernos, de adhesión incondicional y disciplinada a las
organizaciones sociales, sin aceptar la saludable y necesaria crítica que
emerge desde posiciones autónomas. En ese sentido, estos gobiernos han optado
claramente por ejercer una conducción verticalista, pactar con el poder
económico y controlar coercitivamente a las organizaciones populares. 


Pero si hay algo
que es propio de los gobiernos que entran en esa caracterización es que, aun
desde posiciones progresistas o de centroizquierda, han sostenido al Estado
como una suerte de sujeto político colectivo, el único desde su perspectiva,
capaz de instrumentar cualquier cambio. En ese sentido, han soslayado el
protagonismo de las organizaciones sindicales, campesinas, territoriales o
ambientalistas y su capacidad de ser, más que base de apoyo, el motor para
llevar adelante los cambios necesarios para transformar la estructura
productiva de nuestros países.  


Muy por el
contrario, se ha esgrimido con frecuencia la “razón de Estado” para justificar
cualquier medida de gobierno que pudiera afectar los derechos de nuestros
pueblos. De ese modo, en pos de un pretendido desarrollo, de una prometida
distribución de la riqueza producto del anhelado despegue económico, o de no
hacer el juego a la amenaza de la derecha neoliberal, se han acallado reclamos,
reprimido voces críticas y discriminado a organizaciones políticas y
sindicales. A la par de esto, se han fortalecido las posiciones de las
corporaciones locales y extranjeras, que manejan de forma depredadora nuestros
recursos y bienes comunes.


En muchos casos,
se ha tratado a los legítimos reclamos sindicales por salarios dignos como
“golpistas” o funcionales a la derecha, sin entender que los trabajadores
tenemos derecho a vivir dignamente y es para ello que luchamos. Defendemos el
rol del Estado para la redistribución de la riqueza, pero esa riqueza la genera
el trabajo, y es el salario el primero que la distribuye.


Hoy estamos ante
un quiebre de la hegemonía que gobernó la región en la última década. Los
cantos de sirena del libre mercado vuelven a escucharse con fuerza y el
descontento social que crece de la mano de la crisis en ciernes es capitalizado
por una nueva derecha, más moderada y aggiornada en su discurso público, que
seduce a través del marketing político haciendo llamados a la esperanza pero
que persigue los mismos intereses de siempre: más para los menos, menos para
los más.


Vemos también
como en la actual coyuntura, desde las corporaciones económicas, mediaticas e
incluso, desde los poderes judiciales, se intenta poner en jaque a los
gobiernos democráticos que, más allá de sus aciertos o desaciertos, han llegado
al poder mediante el voto popular. 


Los trabajadores
estatales, funcionarios públicos, empleados fiscales o servidores públicos,
según la denominación que asumimos en cada Estado, tenemos claro que los
cambios que buscamos no van por ese camino, y que ante la crisis la primera
respuesta es el ajuste sobre los más débiles, que solo puede llevarse a cabo
con represión. Nuestra propia historia es testigo del padecimiento de sangrientas
dictaduras, que han sido el mecanismo para allanar el camino al neoliberalismo
en la región.


Sabemos también
que las políticas de ajuste y los recortes en los presupuestos del Estado
afectan directamente estabilidad laboral de los trabajadores del sector público
y el acceso a condiciones dignas de labor. A su vez, las políticas de ajuste
obturan las posibilidades de alcanzar mejoras salariales y de carrera a través
de la negociación colectiva y, en definitiva, terminan por afectar el ejercicio
de la libertad sindical. Pero sobre todo, cuando hay recortes, hay despidos. Y
cuando un trabajador del Estado es despedido, hay una política pública que se
cae,  un servicio a la comunidad que se
pierde, un derecho que se pone en riesgo.


Quienes hacemos
funcionar día a día el Estado con nuestro esfuerzo y compromiso sabemos del rol
del servicio público para garantizar los derechos de los que menos tienen y
podemos afirmar que no existe un Estado con buenos servicios a sus ciudadanos
si sus trabajadores no cuentan con condiciones dignas de labor. Pero como
trabajadores organizados también somos conscientes de nuestro propio rol en la
sociedad y tenemos en claro que el Estado por sí sólo, de la mano de las
decisiones unilaterales e indiscutidas de los gobernantes, no puede garantizar
el bienestar de nuestros pueblos y de toda la clase trabajadora.


Hoy las
organizaciones sindicales tenemos grandes desafíos por delante. Frente a la
perspectiva del ajuste, debemos defender con más fuerza nuestras conquistas y
sostener, frente a cualquier embate, los tres ejes que venimos impulsando en
toda la región: defensa irrestricta de la libertad sindical, derecho a la
negociación colectiva y a la huelga, y 
empleo registrado en todos los niveles del Estado.


En los últimos
meses, en varios países los estatales estamos sufriendo ataques sistemáticos, a
través de campañas de desprestigio que estigmatizan a quienes nos desempeñamos
en el servicio público. Vemos como en muchos de nuestros países se trabaja
agresivamente para imponer una visión negativa en la opinión pública, como
método para legitimar despidos masivos o violación de los convenios colectivos
de trabajo.


Frente a estas y
otras agresiones, desde la CLATE hemos respondido con acciones contundentes en
distintos niveles. A nivel institucional hemos realizado denuncias ante la
Organización Internacional del Trabajo y celebrado reuniones en las oficinas
regionales de dicho organismo para dejar planteados estos problemas. A nivel
comunicacional, hemos dado la debida difusión de estos problemas y brindado
cobertura informativa sobre las acciones de nuestras organizaciones miembro. En
lo que respecta al vínculo fraternal entre nuestras organizaciones miembro,
hemos promovido la solidaridad internacional a través de acciones concretas,
como las presentaciones de apoyo ante las embajadas de los países donde se
protagonizaron conflictos o la participación de dirigentes de organizaciones
nacionales en medidas de fuerza llevadas adelante en otros países, por otros
sindicatos en conflicto.


Pero como
decíamos antes, estamos ante un nuevo ciclo económico y político en la región.
Una nueva ofensiva del capital está en marcha y los trabajadores organizados
debemos reconocerla y analizarla, para entender y prever los modos en que busca
ser instrumentada. Para resistir esta ofensiva, los sindicatos de trabajadores
estatales tenemos como principal desafío el de fortalecer nuestra integración
al interior de nuestra Confederación, pero también, la necesidad de
articularnos con otros actores políticos, con otras organizaciones populares,
con las cuales podamos confluir en acciones coordinadas.


Ya lo manifestábamos
en nuestra declaración de principios de 1967, las organizaciones miembro de la
CLATE no sólo luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, peleamos día
a día por un orden social más justo. Hoy ese anhelo, que incluye nuestra
autodeterminación política como clase trabajadora, la superación del
subdesarrollo, el fin de los mecanismos de dependencia económica y la derrota
de la miseria que sufren nuestros pueblos, encuentra nuevas dificultades. La
más visible por estos días, que forma parte de la mencionada ofensiva del
capital, es la que se expresa a través los Tratados de Libre Comercio e
Inversión.


Tratados como el
TISA, el TPP o el Tratado Mercosur Unión Europea amenazan con crear nuevas
ataduras a los Estados nacionales, restringiendo sus posibilidades de decisión
soberana respecto a sus estrategias de desarrollo, definición de políticas
públicas y establecimiento de regulaciones macroeconómicas. La reciente firma
del Tratado Transpacífico por parte de tres naciones sudamericanas enciende una
luz de alerta. Al igual que lo que ocurre con el TISA, si queremos poner un
freno a estas iniciativas del capital trasnacional y movilizar a la sociedad
civil en nuestra región, los estatales debemos estar dispuestos a establecer
lazos con otras organizaciones de la sociedad civil, con las cuales podamos dar
batalla en una lucha común.


Del mismo modo,
para hacer frente al modelo extractivista agroindustrial, minero y petrolero
que contamina y saquea nuestros recursos debemos estar dispuestos a tender la
mano a aquellas organizaciones, que desde posiciones de debilidad y desde los
márgenes de nuestros sistemas políticos y representativos, ofrecen resistencia,
como son las organizaciones indígenas y campesinas. El reciente asesinato de la
dirigente hondureña Berta Cáceres es un dramático llamado de atención sobre los
tiempos que corren. La misma suerte se ciñe sobre quienes luchan contra la
megaminería, el fracking, o la producción agrícola transgénica y contaminante,
quienes luchan contra la violencia de género o quienes resisten distintas
formas de violencia institucional, en especial los jóvenes de sectores
humildes. Las organizaciones sindicales podemos y debemos alertar sobre estos
problemas y tender nuestra mano solidaria a quienes les dan batalla, aun a pesar
de su vulnerabilidad.


Afirmamos que a
las crisis económicas de nuestros países se las enfrenta con políticas de pleno
empleo, de desarrollo industrial, de salarios, jubilaciones y pensiones realmente
dignos, y para eso tenemos que alzar nuestra voz, ejerciendo nuestras
principales herramientas: la organización, la negociación colectiva y la huelga
conforme lo establecen los Convenios Internacionales de la Organización
Internacional del Trabajo


Para seguir
defendiendo nuestros derechos, para enfrentar los hostigamientos y los ataques
recibidos, para no perder posiciones conquistadas y para alcanzar un modelo de
desarrollo diferente, las organizaciones miembro de la CLATE redoblamos nuestro
compromiso internacionalista y solidario por un modelo de desarrollo
ambientalmente sustentable, socialmente justo, inclusivo, equitativo y
políticamente soberano, en el marco de una firme defensa a la democracia y a la
voluntad popular.  De cara a la
construccion de un Estado con contenido distinto al actual donde emerja una
nueva sociedad, sin explotados ni explotadores, objetivo final de nuestra
CLASE.

 

 

 

 

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