El documento expresa textualmente:

 

El movimiento sindical en América Latina
 
Un pasado que nos une

 

En Latinoamérica, como en cualquier parte del mundo, el
movimiento sindical tiene características que son inescindibles de la historia
de las sociedades en las que se inserta. Ese colectivo organizado de
trabajadores al que pertenecemos, y al que damos vida en sus diversas
expresiones, es resultado de un pasado compartido por cada una las naciones que
integran la región. Nuestra identidad común no surge de una mera proximidad
geográfica o de la simple uniformidad lingüística. Los aquí presentes somos
prueba de ello. Al contrario, a pesar de las barreras idiomáticas que en muchos
casos existen y de las distancias, hemos podido construir la unidad. Y las
raíces de esa unidad son tributarias de la comunidad de intereses que unen a nuestros
pueblos y a nuestras clases trabajadoras. Intereses de los que fuimos tomando
conciencia en el devenir de nuestras luchas.

 

El espíritu rebelde latinoamericano puede rastrearse desde
la resistencia de nuestros pueblos originarios a la invasión colonial hasta las
primeras rebeliones de los trabajadores esclavos a la explotación del
latifundio. Es la misma tradición de lucha que más tarde se expresaría en la
gesta independentista mestiza y criolla que dio origen a nuestras naciones.
Naciones construidas con el aporte creciente de masas de trabajadores
inmigrantes, en mayor medida de origen europeo, pero también del medio oriente
y otras latitudes. Con ese crisol de razas se fundaron nuestras sociedades, con
profundas contradicciones y desigualdades sociales, a las cuales nuestros
pueblos nunca dejaron de enfrentar. En esas luchas forjaron resistencias,
alcanzaron éxitos parciales, grandes derrotas, pero siempre volvieron a
levantarse. La historia que late viva y con fuerza en nuestra América Latina
nos habla de una contradicción fundamental: la de un territorio inmenso y
plagado de riquezas con poblaciones mayoritariamente pobres. Durante años oímos
hablar de nuestra región como un mundo subdesarrollado. En esa lógica, nuestras
naciones parecían haberse quedado a mitad de camino del pujante devenir del
progreso. Pero supimos darnos cuenta que ese subdesarrollo no era otra cosa que
un sistema de dependencia de los grandes centros de poder mundial.
Latinoamérica no se desarrolló tarde, se desarrolló de manera subordinada y
dependiente. Y cada vez que nuestros pueblos, por distintos caminos, trataron
de romper ese ciclo se enfrentaron con el poder político y económico
concentrado y aliado al capitalismo trasnacional.

En ese mundo capitalista, desigual y dependiente, se fueron
forjando nuestras primeras organizaciones sindicales. Desde fines del siglo XIX
y comienzo del siglo XX los trabajadores comenzamos a organizarnos en
colectivos de lucha reivindicativos y orientados a exigir derecho a la
participación política. Con tradiciones diversas, moldeadas por las principales
corrientes del pensamiento moderno, se fueron forjando nuestros primeros
sindicatos, federaciones y confederaciones, tanto a nivel nacional como
internacional. Conocimos con diversos matices el incipiente despegue industrial
de nuestras naciones, con el consiguiente crecimiento del movimiento obrero
organizado. Fuimos también testigos del crecimiento de las estructuras
estatales, que con sus defectos y virtudes, permitieron ampliar el horizonte de
derechos sociales y ciudadanía. Vivimos décadas oscuras, de represión y
dictaduras. Y soñamos con un renacer democrático, que llegó sometido al
descalabro económico y social. Heridas abiertas que el neoliberalismo expuso en
carne viva. Esa historia nos hizo quienes somos: América Latina.

 

Desde hace poco más de una década fueron apareciendo en
América Latina una serie de gobiernos que, con distintas estrategias en cada
país, marcaron un quiebre del paradigma neoliberal. En distintos puntos del
continente llegaron democráticamente al poder presidentes que empezaron
apartarse del llamado Consenso de Washington. De carácter progresista o
revolucionario, esos gobiernos fueron aplicando medidas de distinta índole.
Desde políticas macroeconómicas autónomas hasta nacionalizaciones, desde el
rechazo al ALCA a la conformación de la CELAC y la UNASUR.

 

Más allá de la caracterización y valoración que pueda
hacerse de estos gobiernos, puede afirmarse que con distinta intensidad y con
diferentes matices empezaron a tomar medidas tendientes a revertir los procesos
de liberalización indiscriminada de las economías de la región. Tal proceso
implicó repensar el rol de los Estados nacionales. Pero esos cambios en materia
política y económica, no se vieron reflejados en la misma medida en una
apertura hacia la participación política y el reconocimiento de las demandas
históricas del movimiento obrero organizado. En el mejor de los casos el mayor
progreso que pueden exhibir los gobiernos de la región es la reducción sensible
de la tasa de desempleo, producto de la recuperación económica y el crecimiento
sostenido.

 

Comparado siempre con los picos de recesión vividos hacia el
fin del ciclo neoliberal, esos datos resultan auspiciosos. Sin embargo, el
empleo en la región no revirtió sus altos índices de precariedad e informalidad
laboral. Tampoco se revirtieron aspectos como la trasnacionalización de
nuestras economías en lo que hace a la explotación de sus recursos naturales,
ni la desestructuración de los Estados en lo que hace a su capacidad de brindar
servicios básicos esenciales. El modelo productivo regional muestra también
muchos aspectos preocupantes. La dependencia de la exportación de recursos
primarios de escaso valor agregado y la devastación del medio ambiente debido a
la creciente magnitud de las explotaciones son algunas de las cuestiones a
considerar.

 

Muchos de los actuales gobiernos latinoamericanos
manifiestan su intención de alcanzar el desarrollo autónomo, soberano e
independiente de nuestras naciones. En ese contexto nos hablan de un nuevo rol
del Estado. Pero hay una diferencia entre transformar el Estado y limitarse a
administrarlo. Los procesos políticos que viven nuestras naciones son bien
diferentes y es de esperar que las reacciones de los trabajadores frente a ellos
también lo sean. Pero lo que nunca debemos perder de vista los trabajadores es
nuestra autonomía. Ese principio fundamental, que nuestra CLATE defiende desde
su fundación,  es el que nos permite
tener claridad en nuestros objetivos como clase trabajadora.

 

Replantear el rol del Estado lleva inexorablemente a
redefinir el lugar de los trabajadores del sector público. No hay Estado sin
trabajadores públicos que lleven adelante las tareas que se quieran encomendar
a la administración. Ya sea que se trate de tareas productivas (en los casos de
nacionalización de industrias estratégicas), administrativas (fiscalización y
control), o de servicio a la ciudadanía (educación, salud y seguridad) la
reconstrucción de un Estado presente, activo y con capacidad de intervención
requiere de trabajadores abocados a dichas funciones. El Estado es ante todo
“mano de obra intensivo” y requiere para su funcionamiento una fuerte inversión
en sus recursos humanos, tanta o más aún de la que se destina a provisión de
infraestructura.

 

En la nueva coyuntura, el rol de las organizaciones que
representamos a los trabajadores del Estado es central. Porque todo proceso
político que quiera realmente revertir la quiebra en materia social y económica
a la que nos llevaron tantos años de neoliberalismo deberá reconstruir el
Estado y, para hacerlo, necesitará recomponer la situación de sus trabajadores.
Y si consideramos que este proceso no es local y particular de cada país sino
que se vincula a una nueva etapa que vive la región, la articulación de las
organizaciones sindicales de trabajadores públicos latinoamericanas y del
Caribe es esencial. En este escenario CLATE se vuelve una valiosa herramienta
tanto para compartir experiencias y evaluar los desafíos presentes como para
sumar fuerzas y apoyos que nos permitan confluir en procesos de cambio a nivel
regional.

 

 

A 45 años, los principios de CLATE siguen intactos

 

Unitaria, pluralista, autónoma y democrática. Así fue como
definimos a la CLATE,
las organizaciones miembro, a lo largo de estos 45 años. Supimos construir la
unidad en la heterogeneidad de posiciones y concepciones políticas de nuestros
sindicatos, con pleno respeto a la pluralidad de pensamiento que en ellos se
expresa. Con una actitud democrática a la hora de tomar decisiones, pero
también con una firme convicción acerca de la autonomía que debe tener una
organización sindical internacional respecto del poder político y económico,
tanto el nacional como el internacional.

 

Las entidades que conformamos la CLATE lo hicimos con la
misión de fijar y ejecutar, de manera coordinada, políticas y acciones
tendientes a la promoción de los trabajadores estatales. Esa tarea la asumimos
con un espíritu humanista, orientada a bregar el pleno respecto del valor
trabajo, expresión directa de la persona humana. Propiciamos también la
promoción total y plena de los trabajadores en todos los resortes del poder
político, económico, social y cultural, en sus respectivas comunidades
nacionales.

Asumimos desde la fundación de la CLATE, el 25 de Febrero de
1967, una actitud revolucionaria frente al capitalismo, con el objetivo de
transitar el camino hacia un orden social basado en la justicia y en la
solidaridad. Porque queremos vivir en sociedades donde la economía esté al
servicio de todos los seres humanos y sus necesidades y no al revés, como
sucede en la actualidad. Estamos convencidos de que ese sueño sólo podrá
concretarse en una América Latina libre, independiente, democrática y con una
plena integración de las naciones que la componen en un proceso en el que los
trabajadores seamos protagonistas de los cambios que se lleven adelante.

 

Quienes integramos la CLATE tenemos objetivos gremiales comunes claros
y definidos. Nuestras luchas llevan en alto las banderas del derecho a la plena
libertad sindical; el ejercicio efectivo del derecho de agremiación y huelga;
la negociación colectiva; la promoción y estabilidad del servidor público; la
implantación y efectivo funcionamiento de la carrera administrativa; la
dignificación y jerarquización de la función pública y la participación del
trabajador estatal en todos los aspectos de interés social y laboral.

 

Estas fueron nuestras definiciones en el primer I Congreso
General de la CLATE
realizado en la ciudad de Chapadmalal (Argentina), en febrero de 1967. A más de cuatro
décadas de aquel encuentro, podemos asegurar que no nos equivocamos en el camino
que elegimos. Quienes abogaron por otros caminos, quienes flaquearon en su
lucha o desconfiaron de la posibilidad de un cambio real protagonizado por la
clase trabajadora contemplan hoy sin respuestas la crisis profunda que vive el
sistema. Quienes confiamos en nuestra capacidad para encontrar salidas
alternativas y estamos seguros de que el cambio sólo es posible a través de la
unidad y la acción organizada de la clase trabajadora tenemos la esperanza de
que un futuro mejor nos espera.

 

Los trabajadores estatales frente a un mundo en crisis

 

La crisis mundial que está afectando a los países centrales
es unas de las más profundas que ha sufrido el sistema capitalista. Frente a
ella los países desarrollados han vuelto a considerar la intervención del
Estado en la economía. Sin embargo han elegido hacerlo mediante gigantescos
subsidios al sector financiero y, en paralelo, han aplicado severas medidas de
ajuste que descargan todo su peso sobre la clase trabajadora. Por su parte.
América Latina, después de la crisis que llevó a muchos de sus países a entrar
en cesación de pagos fruto de las recetas emanadas del Fondo Monetario
Internacional, parece estar disfrutando de una breve primavera económica, que
se expresa en varios años de crecimiento sostenido.

 

Esta situación se vio estimulada por la aplicación, en
diversos grados y en distinta intensidad, de políticas de intervención estatal
orientadas a estimular el sector productivo. Sin embargo, la herencia de la
década neoliberal no se superó completamente. Las estructuras estatales siguen
organizadas en función de los intereses de sectores del poder económico más
concentrado, tanto local como internacional. En nuestra región, pese al
crecimiento económico, el 40% de los hogares son pobres y sólo reciben el 15%
del ingreso total. A su vez, 53 millones de seres humanos sufren hambre y la
mortalidad infantil llega al 19 x mil[i].

 

Parte del debate en torno al cambio social que nuestra
región necesita pasa por una revalorización del rol del Estado. En la etapa
actual, la CLATE,
tiene la potencialidad de unirse para avanzar y definir qué tipo de Estado y de
sociedad queremos las naciones de América Latina. Necesitamos una CLATE que sea
capaz de recuperar no sólo el poder del Estado sino también el “para qué”.

 

Los trabajadores del Estado tenemos una particularidad:
nosotros somos el Estado, somos quienes lo hacemos funcionar día a día.
Conocemos sus falencias y sus potencialidades. No hay Estado sin trabajadores
estatales. Y si queremos cambiar el tipo de Estado que tenemos y las políticas
públicas que emanan de él tenemos que afirmarnos como trabajadores de pleno
derecho. Estatales, servidores públicos, funcionarios ó empleados fiscales,
somos todos parte de la clase trabajadora.

 

Para afirmar esa posición se requiere indefectiblemente
luchar por nuestro derecho a la sindicalización, de manera libre y democrática.
Y el otro punto de partida de nuestras reivindicaciones es el derecho a
celebrar Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Esa es nuestra principal herramienta
de organización y lucha. Es a través de los CCT que podemos empezar a discutir
las condiciones laborales en el Estado que nos emplea y al cual aspiramos a
mejorar, a hacer más eficiente y a profesionalizar. Porque un Estado distinto,
activo, eficaz y eficiente requiere de trabajadores calificados, jerarquizados
y comprometidos con las políticas que llevan adelante.

 

A eso aspiramos. A ser constructores de un Estado capaz de
poner freno al desastre al cual nos lleva la economía capitalista, con políticas
autónomas y soberanas respecto al poder económico. Ese es nuestro desafío y ese
debe ser nuestro aporte para que la crisis no se descargue una vez más sobre
los trabajadores y los sectores populares.

 

 

Perspectivas del empleo público en la región

 

 

Debemos apurar a la materialización de temas pendientes,
como las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT), el derecho a la organización
sindical, y un mayor reconocimiento al empleo público. Desandar las políticas
de la década neoliberal implica recuperar derechos perdidos. Aunque en muchos
casos existe reconocimiento legal, derechos como la estabilidad laboral o el
salario justo no se cumplen en la práctica. Sabemos que los bajos salarios y la
falta de acceso a una carrera con posibilidad de promoción, profesionalización
y jerarquización del empleo público operan en desmedro de la calidad de las
prestaciones estatales. La distintas formas de precariedad laboral, además de
vulnerar derechos elementales, facilitan a su vez el uso clientelar de los
cargos en la administración pública.

 

Ese no es el Estado que queremos. Queremos un Estado eficaz
y eficiente, con prestaciones de calidad. Queremos que la administración
pública que esté al servicio de los trabajadores y el conjunto de la
ciudadanía. Necesitamos un Estado que funcione como contraparte de los grandes
intereses económicos, tanto locales como multinacionales. Ese Estado que
queremos se construye desde el lugar que cada uno de los trabajadores estatales
ocupa en él. No debemos olvidar que los empleados públicos tenemos una
particularidad: dependemos mucho de la conducción política del Estado. Existe
carrera sanitaria si hay un sistema de salud pública en funcionamiento. Se
tiene una gran carrera científico-técnica, si hay investigación e inversión en
ese campo. Lo reivindicativo y lo político van de la mano. Pero debemos
insistir, tenemos que defender nuestra autonomía. Porque aspiramos, como clase
trabajadora, a ser protagonistas de los procesos de cambio.

 

Para actuar coordinadamente, para proponernos objetivos y
metas comunes, las entidades miembro de la CLATE debemos organizar nuestro trabajo en las
distintas áreas que consideremos prioritarias. La formación de cuadros, el
desarrollo de una comunicación fluida y la creación de medios propios son
algunas cuestiones que se pueden empezar a trabajar conjuntamente. Asimismo, la
coordinación de equipos en materia jurídica, de investigación y de intervención
en espacios regionales de integración, son parte de las tareas a desarrollar a
mediano plano. Debemos reforzar nuestra institucionalidad si queremos pasar a
la ofensiva. Es tiempo de recuperar derechos, de avanzar hacia el tipo de
sociedades que queremos. La crisis del capitalismo nos abre una oportunidad en
la medida que el mundo que se desmorona deja a la vista sus falacias y
contradicciones. Está en nosotros ser capaces de construir la alternativa.

 

Los más de cien congresales de 16 países de América Latina y
el Caribe que nos hemos convocado en este XI Congreso General de la CLATE estamos fijando un
punto de partida. Son muchos los desafíos que tenemos a futuro. Tal vez uno de
los más importantes tenga que ver con conocernos más, ser capaces de realizar
un diagnóstico preciso de la realidad de los trabajadores estatales de cada uno
de nuestros países. El otro eje que debemos plantearnos es el revitalizar la
intervención de la CLATE
en los distintos foros y espacios de debate a nivel internacional para llevar
la voz de los trabajadores estatales y hacer escuchar nuestros planteos,
nuestras demandas y nuestras propuestas.

 

Somos los continuadores de estos 45 años de historia.

 

Construyamos unidos el futuro que tenemos por delante.