13/08/2012

DOCUMENTO FINAL DEL XI CONGRESO GENERAL DE LA CLATE “TUCAPEL JIMÉNEZ ALFARO”

1. Introducción

 

 

Quienes nos convocamos en este XI Congreso General de la CLATE compartimos una
historia de luchas y resistencias. Fue en el devenir de la historia
latinoamericana y caribeña que forjamos nuestra identidad como pueblos. Ese
marco fue el que dio origen a nuestras primeras organizaciones sindicales, que
nacieron a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, como parte del trabajo
organizativo de la clase trabajadora por mejores condiciones de vida y
participación política. Con tradiciones diversas, moldeadas por las principales
corrientes del pensamiento moderno, se fueron forjando nuestros primeros
sindicatos, federaciones y confederaciones, tanto a nivel nacional como
internacional.

 

 

 

Cuando el 25 de Febrero de 1967 fundamos nuestra CLATE
definimos los principios que nos servirían de guía: unidad, pluralismo,
autonomía y democracia. A lo largo de estos 45 años supimos mantener vigentes
las convicciones que nos dieron origen. Construimos la unidad en la
heterogeneidad de posiciones y concepciones políticas, con pleno respeto a la
pluralidad de pensamiento que en cada uno de nuestros sindicatos se expresa.
Con una actitud democrática a la hora de tomar decisiones, pero también con la
firme convicción acerca de la autonomía que debe tener una organización
sindical internacional respecto del poder político y económico, tanto el
nacional como el trasnacional.

 

 

 

Quienes integramos la CLATE sostuvimos objetivos gremiales comunes
claros y definidos desde el comienzo. Nuestras luchas siempre llevaron en alto
las banderas del derecho a la plena libertad sindical; el ejercicio efectivo
del derecho de agremiación y huelga; la negociación colectiva; la promoción y
estabilidad del servidor público; la implantación y efectivo funcionamiento de
la carrera administrativa; la dignificación y jerarquización de la función
pública y la participación del trabajador estatal en todos los aspectos de
interés social y laboral.

 

 

 

Estas fueron nuestras definiciones en el primer I Congreso
General de la CLATE
realizado en la ciudad de Chapadmalal (Argentina), en febrero de 1967. A más de cuatro
décadas de aquel encuentro, podemos asegurar que no nos equivocamos en la senda
que elegimos. Quienes abogaron por otros caminos, quienes flaquearon en su
lucha o desconfiaron de la posibilidad de un cambio real protagonizado por la
clase trabajadora contemplan hoy sin respuestas la crisis profunda que vive el
sistema. Quienes confiamos en nuestra capacidad para encontrar salidas
alternativas y estamos seguros de que el cambio sólo es posible a través de la
unidad y la acción organizada de la clase trabajadora tenemos la esperanza de
que un futuro mejor nos espera.

 

 

 

2. Análisis y perspectivas de la etapa

 

El presente que nos convoca nos plantea numerosos desafíos.
Atravesamos una etapa en la que, por un lado, el mundo capitalista está
nuevamente en crisis. En las principales economías del mundo las quiebras
financieras y los ajustes fiscales están a la orden del día. Frente a este
panorama, los gobiernos de los países desarrollados han vuelto a considerar la
intervención del Estado en la economía. Sin embargo han elegido hacerlo
mediante gigantescos subsidios al sector financiero y, en paralelo, han
aplicado severas medidas de ajuste que descargan todo su peso sobre la clase
trabajadora.

 

 

 

La región de América Latina y el Caribe, por su parte,
parece estar gozando de una suerte de primavera económica. Después de la crisis
que llevó a muchos de sus países a entrar en cesación de pagos, fruto de las
recetas emanadas del Fondo Monetario Internacional, la región viene
experimentando varios años crecimiento económico sostenido. Este cuadro de
situación se ve acompañado por la aparición de una serie de gobiernos que, con
distintas estrategias en cada país, marcaron un quiebre del paradigma neoliberal.
En distintos puntos del continente llegaron democráticamente al poder
presidentes que empezaron apartarse del llamado Consenso de Washington. De
carácter progresista o revolucionario, esos gobiernos fueron aplicando medidas
de distinta índole. Desde políticas macroeconómicas autónomas hasta
nacionalizaciones, desde el rechazo al ALCA a la conformación de la CELAC y la UNASUR.

 

 

 

Más allá de la caracterización y valoración que pueda
hacerse de estos gobiernos, puede afirmarse que con distinta intensidad y con
diferentes matices empezaron a tomar medidas tendientes a revertir los procesos
de liberalización indiscriminada de las economías de la región. Tal proceso
implicó repensar el rol de los Estados nacionales. Pero esos cambios en materia
política y económica, no se vieron reflejados en la misma medida en una
apertura hacia la participación política y el reconocimiento de las demandas
históricas del movimiento obrero organizado.

 

 

 

Tampoco se revirtieron aspectos como la trasnacionalización
de nuestras economías en lo que hace a la explotación de sus recursos
naturales, ni la desestructuración de los Estados en lo que hace a su capacidad
de brindar servicios básicos esenciales. La herencia de la década neoliberal no
se superó completamente. Las estructuras estatales siguen organizadas en
función de los intereses de sectores del poder económico más concentrado, tanto
local como internacional. En nuestra región, pese al crecimiento económico, el
40% de los hogares son pobres y sólo reciben el 15% del ingreso total. A su
vez, 53 millones de seres humanos sufren hambre y la mortalidad infantil llega
al 19 x mil.

 

 

 

Parte del debate en torno al cambio social que nuestra
región necesita pasa por una revalorización del rol del Estado. En la etapa
actual, la CLATE,
tiene la potencialidad de unirse para avanzar y definir qué tipo de Estado y de
sociedad queremos las naciones de América Latina y el Caribe. Necesitamos una
CLATE que sea capaz de recuperar no sólo el poder del Estado sino también el
“para qué”.

 

 

 

Los trabajadores del Estado tenemos una particularidad:
nosotros somos el Estado, somos quienes lo hacemos funcionar día a día.
Conocemos sus falencias y sus potencialidades. No hay Estado sin trabajadores
estatales. Y si queremos cambiar el tipo de Estado que tenemos y las políticas
públicas que emanan de él tenemos que afirmarnos como trabajadores de pleno
derecho. Estatales, servidores públicos, funcionarios ó empleados fiscales,
somos todos parte de la clase trabajadora.

 

 

 

Para afirmar esa posición se requiere indefectiblemente
luchar por nuestro derecho a la sindicalización, de manera libre y democrática.
Y el otro punto de partida de nuestras reivindicaciones es el derecho a
celebrar Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Esa es nuestra principal herramienta
de organización y lucha. Es a través de los CCT que podemos empezar a discutir
las condiciones laborales en el Estado que nos emplea y al cual aspiramos a
mejorar, a hacer más eficiente y a profesionalizar. Porque un Estado distinto,
activo, eficaz y eficiente requiere de trabajadores calificados, jerarquizados
y comprometidos con las políticas que llevan adelante.

 

 

 

Aspiramos a ser constructores de un Estado capaz de poner
freno al desastre al cual nos lleva la economía capitalista, con políticas
autónomas y soberanas respecto al poder económico. Ese es nuestro desafío y ese
debe ser nuestro aporte para que la crisis no se descargue una vez más sobre
los trabajadores y los sectores populares. Lo reivindicativo y lo político van
de la mano. Pero debemos insistir, tenemos que defender nuestra autonomía.
Porque aspiramos, como clase trabajadora, a ser protagonistas de los procesos
de cambio.

 

 

 

3. Resoluciones

 

 

 

Los delegados de las organizaciones sindicales miembro de la CLATE, provenientes de 16
países de Latinoamérica y el Caribe representados en el XI Congreso General
“Tucapel Jiménez Alfaro” resuelven:

 

 

 

a)    Iniciar un
proceso coordinado de trabajo entre todas las organizaciones miembro en torno a
la siguientes áreas prioritarias de trabajo:

 

 

 

–      Formación: se
trabajará en la formación de cuadros políticos sindicales, considerando que
esta tarea es parte de la batalla cultural y del debate ideológico y político
con el poder. Para ello se construirán ámbitos y espacios organizativos
destinados a tal efecto.

 

–       Comunicación:
nos abocaremos al desarrollo de herramientas de comunicación propia, como se
viene haciendo con el sitio de Internet de la CLATE.  Sumaremos esfuerzos para
romper el cerco informativo que nos imponen los medios privados y
gubernamentales. Promoveremos el sentido de pertenencia de nuestros compañeros
e intentaremos generar opinión pública. Nuestras herramientas de prensa servirán
para informar e informarnos, y sobre todo, para proveer de claves de
interpretación del mundo complejo en el que vivimos.

 

–       Coordinación
de equipos jurídicos: tanto en temas vinculados con el ejercicio de la libertad
sindical, como en la defensa de las garantías democráticas, nuestras
organizaciones requieren de la asistencia de compañeros abogados y abogadas
que, comprometidos con la causa de los trabajadores, acompañen la tarea de la
organización. Conformaremos equipos de coordinación dedicados a compartir e
intercambiar las experiencias de cada país. Esto nos permitirá potenciar la
tarea de nuestros equipos jurídicos y nos dará capacidad para difundir
denuncias en ámbitos internacionales como la Comisión Internacional
de Derechos Humanos (CIDH), la Organización
Internacional
del Trabajo (OIT).

 

–       Investigación:
para transformar la realidad hay que conocerla. Contar con información
específica y actualizada en materia económica, social y política de cada unos
de nuestros países, y de nuestra región en general, es necesario para realizar
diagnósticos adecuados y organizar en función de ellos nuestras estrategias de
lucha. Es por ello que coordinaremos y articularemos los equipos de
investigación de cada una de nuestras organizaciones, con la intención de
fortalecernos y de estar en mejores condiciones para profundizar el debate de
ideas con sólidas argumentaciones y estudios.

 

 

 

Además de estas líneas de trabajo, acordamos modificar la
conformación del Comité Ejecutivo. Esta decisión responde, por un lado, a la
necesidad de dotar al máximo cuerpo orgánico de la CLATE de un cargo con mayor
capacidad operativa y de ejecutividad. Para ello se decide eliminar la Vice Presidencia
3º y crear el cargo de Secretaría General. A su vez, resolvemos jerarquizar las
funciones vinculadas a las temáticas de género e igualdad de oportunidades,
para lo cual decidimos crear la respectiva Secretaría. Asimismo, y dada la
importancia de que reviste el tema de los Derecho Humanos acordamos ratificar y
darle carácter estatutario a la
Secretaría
de Derechos Humanos.

 

 

 

De este modo esperamos reforzar nuestra institucionalidad.
Este es un requisito clave si queremos pasar a la ofensiva. Porque es tiempo de
recuperar derechos, de avanzar hacia el tipo de sociedades que queremos. La
crisis del capitalismo nos abre una oportunidad en la medida que el mundo que
se desmorona deja a la vista sus falacias y contradicciones. Está en nosotros
ser capaces de construir la alternativa.

 

 

 

Somos los continuadores de estos 45 años de historia.
Construyamos unidos el futuro que tenemos por delante.   

 

                                   

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012.

 

XI Congreso General de la

 

Confederación Latinoamericana de

 

Trabajadores Estatales

 

“Tucapel Jiménez Alfaro”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. Declaraciones

 

 

 

Los delegados de las organizaciones sindicales miembro de la CLATE, provenientes de 16
países de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay) 
declaran en el marco del XI Congreso General de la CLATE “Tucapel Jiménez
Alfaro” lo siguiente:

 

 

 

En relación al golpe de Estado en Paraguay,

 

 

 

–       Rechazamos
enérgicamente el golpe de Estado parlamentario acaecido en la República del Paraguay.

 

–       Denunciamos
los intereses espurios de los grandes terratenientes, de empresas
transnacionales como Monsanto o Río Tinto-Alcam y del propio imperialismo
norteamericano que están detrás de este flagrante atentado contra el sistema
democrático paraguayo.

 

–       Expresamos
nuestra solidaridad con los trabajadores del hermano país y sus organizaciones,
exigiendo la inmediata reposición del presidente constitucional electo por el
pueblo y la plena vigencia de las libertades y los derechos humanos en la República del Paraguay.

 

–       Exigimos el
cese de despidos de trabajadores del Estado.

 

–      
Repudiamos  la violación de los
Convenios Colectivos de Trabajo.

 

–       Exigimos el
fin de la persecución ideológica.

 

–       Asumimos la
lucha del pueblo paraguayo por la democracia como nuestra propia lucha.

 

 

 

En relación al golpe de Estado de Honduras de 2009 y la
actual situación política de ese hermano país,

 

 

 

–     Declaramos
nuestro firme y enérgico repudio al golpe de estado.

 

–     Consideramos
que, al igual que lo ocurrido en Paraguay en 2012, esos hechos políticos,
además de representar un ataque concreto a la democracia y el estado de derecho,
significan un desprecio por la soberanía popular.

 

–     Denunciamos
asimismo que este quiebre del orden constitucional es una avanzada de la
derecha y de los grupos de poder económico locales, aliados al imperialismo
norteamericano, contra todo intento de construir una democracia socialmente
justa, soberana y con activa participación popular.

 

–     Nos manifestamos
en contra del reconocimiento del gobierno surgido del proceso electoral
ilegítimo y proscriptivo  que abrió el
golpe de Estado.

 

–     Expresamos
nuestra solidaridad hacia el pueblo hondureño, y declaramos nuestro apoyo a la
resistencia de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales de esta
nación hermana, en su lucha por una democracia plena, popular e inclusiva.

 

 

 

 

 

En relación a la situación de los Cinco Héroes Cubanos,

 

 

 

–       Adherimos a la
declaración del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública
de Cuba (SNTAP), que se transcribe a continuación:

 

 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMITÉ NACIONAL

 

DECLARACIÓN

 

Trabajadoras y Trabajadores de todo el mundo:

 

El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública,
adscrito a la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC), en el aniversario 50 de su constitución y en
representación de todos sus afiliados, ratifica su firme convicción y adhesión
plena a todas las acciones que a lo largo y ancho de nuestro archipiélago y en
las tribunas de cualquier país abogan por la inmediata y definitiva liberación
de nuestros Cinco Héroes Prisioneros del Imperio y levantan sus voces contra el
injusto y criminal Bloqueo que por más de medio siglo mantiene el gobierno
imperialista norteamericano, calificado como genocidio por sus nefastas
consecuencias para nuestro noble y laborioso pueblo, como muestra de su
prepotente y arcaica política, la que más que a su electorado, representa los
intereses espurios de una minoría de politiqueros y apátridas que no se
resignan a la idea de aceptar a un pequeño país que por más de un siglo solo ha
deseado realizar sus sueños de independencia, justicia y libertad.       

 

Pese a los reiterados y cada vez más crecientes llamados de
justicia y racionalidad, continúa el cruel e inhumano encarcelamiento de
Gerardo Hernández Nordelo, René González Schewerert, Ramón Lobañino Salazar,
Antonio Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, como otra prueba
inequívoca del injusto sistema judicial norteamericano, que durante siglos ha
segado numerosas vidas inocentes arguyendo el falso pretexto de amenazar la
seguridad nacional de su país.

 

A pesar de haberse probado fehacientemente que Los Cinco no
constituyen riesgo alguno para el pueblo y gobierno de los Estados Unidos por
parte del Comité de Apelaciones de la
Corte
del 11no Circuito de Atlanta; de la manipulación
mediática del caso; del clima de hostilidad política y judicial en que se
desarrolló el proceso; de las violaciones de elementales normas del derecho
internacional y de las propias leyes norteamericanas, cinco de nuestros más
valerosos hijos continúan injustamente encarcelados en ese vecino país en
condiciones sistemáticamente denunciadas de abuso y discriminación por el único
delito de defender a su pueblo y al propio pueblo norteamericano del
terrorismo.

 

Ello evidencia la prepotencia y el doble rasero con que el
imperio manipula a su antojo la justicia, pues mantiene, entre otros, al
connotado e inescrupuloso terrorista internacional Luis Posada Carriles
paseando libremente por su calles, desoyendo el llamado internacional y de la
justicia venezolana, que ha reclamado reiteradamente su extradición para
juzgarlo por sus numerosos crímenes, al amparo de la mafia cubano-americana de
Miami, la CIA y
el propio gobierno norteamericano.

 

Lejos de rectificar, el gobierno de estados unidos ha
recrudecido el maltrato a nuestros cinco compatriotas, negándole sucesivos
recursos legales interpuestos para hacer valer sus derechos y enmendar la
injusticia, que incluye la privación del derecho elemental a ser visitados por
sus familiares y, en el caso de René, el poder regresar a Cuba para que
cumpliera en su patria los tres años de “libertad supervisada” impuesta al
término de su injusta condena, poniendo el perenne riesgo su vida dado el
consabido ambiente de odio e intolerancia que hacia ellos ha sido fabricado en
Miami.

 

Similar obstinación ha sido la que han mantenido sucesivas
administraciones norteamericanas durante más de 50 años para eternizar un
criminal y obsoleto bloqueo financiero, económico y comercial contra nuestro
pueblo, a pesar del rechazo de la mayoría absoluta de países, por su carácter
inhumano, ilegal y genocida, el que solo la ciega prepotencia imperialista
permite ignorar las resoluciones que cada año en la Organización de Naciones
Unidas (ONU) exigen su eliminación.

 

Es por ello que los trabajadores que integran el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Administración Pública,
como parte indisoluble del pueblo cubano, con la solidaridad manifiesta de un
número cada vez más creciente de organizaciones sindicales y obreras
extranjeras amigas que han formado activos comités de solidaridad en sus
respectivos países. DECLARAMOS que:

 

CONTINUAREMOS llevando a todos los rincones del mundo la
verdad de nuestros cinco héroes injustamente prisioneros del imperio, para
romper el muro de silencio que se pretende imponer y desenmascarar las campañas
mediáticas fabricadas y controladas por el imperio.

 

RECLAMAMO que se haga justicia mediante la excarcelación y
el regreso inmediato de nuestros cinco compatriotas a su patria y al seno de su
gran familia, que es todo el pueblo cubano.

 

EXIGIMOS que se satisfaga el reclamo de nuestro pueblo al
cese definitivo e incondicional del bloqueo del gobierno norteamericano a Cuba
y se cumpla la voluntad universal expresada en las sucesivas resoluciones de
condena adoptadas en la ONU.

 

CONVOCAMOS a todos los hombres y mujeres justos del mundo,
especialmente a los trabajadores y al pueblo norteamericano, que ha sufrido en
carne propia los efectos del terrorismo a sumarse a nuestro justo reclamo.

 

REITERAMOS que no cejaremos jamás en el empeño de denunciar
la injusticia, de lograr el regreso definitivo de nuestros Cinco Héroes a la
patria y el levantamiento definitivo del bloque de Estados Unidos contra Cuba.

 

 

 

                                                                              
Comisión Nacional del SNTAP

 

 

 

En relación al caso Sitramun-Lima vs Estado Peruano,

 

 

 

–       Adherimos a la
declaración del Sindicato CITE de Perú, que se transcribe a continuación:

 

 

 

VISTOS

 

Los dieciséis años transcurridos desde que fueron despedidos
alrededor de un mil trabajadores por la Municipalidad
Metropolitana
de Lima, y

 

CONSIDERANDO

 

Que, la trascendencia y la convivencia humana es factible
sólo cuando el bien común la inspira y se hace viable en el respecto a la
legalidad,

 

Que, en el afán de explotar unos pocos a las mayorías, en la
década del 90 del siglo pasado se dictaron políticas a nivel internacional a
fin de aniquilar la función tuitiva del Estado minimizando su rol social, y por
consiguiente reduciendo masivamente al personal, todo esto de la mano con el
dictado de nuevas normas Constitucionales,

 

Que, el Perú no fue la excepción, y específicamente desde
marzo de 1996 en el sector municipal, su ciudad capital, se despidieron cerca
de mil trabajadores, en el marco de una paralización indefinida de labores,

 

 

Que, se promovieron acciones judiciales, las mismas que
ordenaron la reposición de los trabajadores, sentencias que al no cumplirse
dieron lugar a acciones internacionales,

 

Que luego de varios años, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el 7 de febrero de 2006 dicta para el presente caso signado
como el 12084 una sentencia con la que se exige el cumplimiento de parte del
Estado Peruano de las sentencias judiciales incumplidas,

 

Que, sin embargo, se mantiene pendiente la reposición de
menos de cien trabajadores, pese al plazo de un año dictado por la Corte Interamericana,
más aún están pendientes las indemnizaciones moral y la material, la primera
parcialmente, y la segunda totalmente,

 

Que, el Estado Peruano, a través de su Poder Judicial y del
Poder Ejecutivo que podría promover métodos resolutivos, se encuentra en falta
en relación incluso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado
que ya se ha excedido un lustro respecto al plazo final de cumplimiento de la
sentencia aludida,

 

Que, en virtud del internacionalismo que caracteriza a los
servidores públicos agrupados en la unitaria CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE
TRABAJADORES DEL ESTADO, por unanimidad, y de conformidad con lo solicitado por
la delegación peruana,

 

ACUERDA:

 

Primero.- Exhortar al Estado Peruano a que instale un Comité
con amplios poderes y en forma paritaria con el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Lima, a fin de que adopte los mecanismos pertinentes, a efectos
de reponer a la totalidad de los trabajadores municipales de Lima despedidos
durante el año de 1996, cumpliendo con la totalidad de los puntos resolutivos
de la Sentencia
del 7 de febrero de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso
12084.

 

Segundo.- Recomendar al Estado Peruano que proceda a
negociar, o a adoptar un mecanismo arbitral de ser el caso, lo relativo a la
indemnización material, a efectos de que no se prolongue más la expectativa
reivindicatoria del trabajador, ya que tenemos entendido que los peritajes
ordenados podrían merecer mil dilaciones más.

 

Tercero.- El Consejo Directivo de la CLATE se apersonará al Perú
para dar atención directa al presente caso, y en su momento se adoptarán
medidas a nivel internacional de parte de la totalidad de trabajadores del
Estado de Latinoamérica.

 

 

 

 

CITE – SITRAMUN (PERÚ)

 

 

 

En relación a la situación de los trabajadores del Instituto
Penitenciario de Colombia (INPEC),

 

 

 

–       Declaramos
nuestra solidaridad con el la UTP
de Colombia, en los términos que se transcriben a continuación:

 

 

Considerando:

 

La lucha que vienen librando los trabajadores del Instituto
Penitenciario de Colombia (INPEC), representados por la Unión de Trabajadores
Penitenciarios de Colombia (UTP), afiliadas a la UTRADEC y CGT, por
dignificar y humanizar las cárceles colombianas, ante el hacinamiento y
deficiencias de atención en salud de los internos.

 

La necesidad también de mejorar las actuales condiciones de
trabajo que superan las 110 horas de trabajo semanales: Con una planta de
personal insuficiente, con carencias en materia de garantías sindicales,
violaciones al foro sindical y amenazas de criminalizar la protesta.

 

Que este Congreso ha recibido el informe de la UTRADEC, y es consciente
de las difíciles circunstancias en que se desarrolla la actividad sindical en la República de Colombia,
por lo que expresa su solidaridad y respaldo a las acciones del sindicalismo
del Sector Público en Colombia, en defensa de la función social del Estado y
los derechos de los trabajadores Estatales.

 

Resuelve:

 

1) Solicitar a la Señora Ministra de Justicia, Doctora Ruth Sella
Correa, dialogar y escuchar las propuestas de la UTP ante el problema humanitario y sanitario que
representa la superpoblación en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano, para que se construyan soluciones concordadas a la problemática en
cuestión.

 

2) Rechazar cualquier solución que pase por la privatización
y entrega de los centros de reclusión en concesión a particulares, así como
también por propuestas de reformas unilaterales a la política criminal y
penitenciaria.

 

3) Desarrollar, como en efecto se hace, la más irrestricta
solidaridad con los trabajadores colombianos y en particular con las luchas de
los estatales, en especial de la
UTP
, y la próxima movilización nacional del 14 de agosto,
convocada por el Comando Nacional Unitario por la construcción de un modelo de
salud al servicio del pueblo. “Salud: Derecho de todos, deber del Estado”.

 

 

 

 

 

En relación a la situación de los trabajadores judiciales de
la provincia de Chubut (Argentina),

 

 

 

–       Adherimos a
las demandas efectuadas al gobierno de la provincia de Chubut en los términos
que a continuación se transcriben:

 

 

 

Se exige al gobierno de la provincia de Chubut deje sin
efecto el acuerdo salarial firmado el 11 de mayo de 2012, entre la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de Chubut y el Poder Ejecutivo provincial, toda vez
que resultó violatoria de las constituciones nacional y provincial, la ley de
porcentualidad salarial Nº 5444 y la
Ley N
º 5097 y ha provocado el conflicto con el Sindicato de
Trabajadores Judiciales del Chubut, filial de la Federación Judicial
Argentina, integrante de la
CLATE. Asimismo
exhortamos a la Asociación de
Magistrados mencionada a integrarse a la negociación, convocada por el gobierno
provincial a efectos de resolver el conflicto generado. Caso contrario, desde la CLATE realizaremos todas las
acciones necesarias para resguardar el derecho de los trabajadores judiciales
y, denunciaremos internacionalmente la ilegalidad del acuerdo referido que
impugnamos.

 

 

FJA (Argentina)

 

 

 

En relación al reclamo del derecho a la negociación
colectiva y paritaria de los trabajadores judiciales de la Argentina,

 

–       Expresamos
nuestra solidaridad con los trabajadores judiciales de la Argentina.

 

–       Exigimos al
Estado argentino que cumpla con la recomendación efectuada el15 de junio de
2012 por el Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional
del Trabajo en el caso 2881 en el sentido de
que se garantice el derecho a la negociación colectiva y al convenio colectivo
a nivel nacional y de la totalidad de las provincias.  Es claro que dicha situación de negación de
derecho constituye una grave violación a la libertad sindical y un atropello a
todos los trabajadores judiciales. Transcurrido casi dos meses de dicha
recomendación de la OIT,
el Estado Argentino no ha dado un solo paso en el sentido de garantizar la
vigencia de los derechos reclamados, lo que agrava aún más la situación que
oportunamente se denunciara.

 

–       Instamos pues
a dar efectivo cumplimiento a la misma y nos solidarizamos con los compañeros
argentinos que bregan por su efectivización, así como aseguramos nuestro
respaldo a toda iniciativa que, en el marco de los convenios internacionales
que garantizan esos derechos, amplíen la denuncia ante los organismos
internacionales, especialmente la Organización
Internacional
del Trabajo.   

 

 

 

En relación a la situación que padecen los trabajadores de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (C.A.R.U),

 

–       Manifestamos
nuestra solidaridad  con los trabajadores
de este organismo binacional, integrado por las hermanas repúblicas de
Argentina y Uruguay.

 

–       Denunciamos
que el estatuto que rige la actividad laboral fue elaborado por las dictaduras
militares de ambos países y prohíbe la actividad sindical y política de sus
trabajadores.

 

–       Rechazamos el
desconocimiento  de las organizaciones
que representan a los trabajadores de la
C.A
.R.U. de ambos países, ATE (Argentina) y AEU (Uruguay) por
parte de las autoridades de ambos países.

 

–       Denunciamos la
falta de reconocimiento que sufren sus delegados y que no se permita el aporte
sindical a sus organizaciones.

 

–       Condenamos
este ataque a la libertad sindical y expresamos nuestro respaldo a las medidas
que viene llevando adelante los trabajadores de la C.A.R.U. en el marco de sus
respectivas centrales sindicales PIT-CNT (Uruguay) y CTA (Argentina).   

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012.

 

XI Congreso General de la

 

Confederación Latinoamericana de

 

Trabajadores Estatales

 

“Tucapel Jiménez Alfaro”

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