Una web para conocer los impactos del libre comercio

19/09/2019

Una web para conocer los impactos del libre comercio

 

La Plataforma América Latina Mejor Sin TLC presentó su página web donde pueden encontrarse noticias, análisis, investigaciones y anuncios de actividades sobre los impactos del libre comercio en la región. CLATE participa como una de las redes regionales “por una integración desde los pueblos, una globalización para la justicia, la igualdad, la democracia, la paz y el cuidado del medio ambiente”.

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CLATE realizó un seminario para debatir sobre la llegada de la OMC a la Argentina

30/06/2017

CLATE realizó un seminario para debatir sobre la llegada de la OMC a la Argentina

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) realizó este jueves un seminario internacional para analizar la llegada de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en el Hotel “Héctor Quagliaro” de la Asociación Trabajadores del Estado y contó con la participación de dirigentes sindicales y especialistas internacionales.

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16/12/2016

Muerto el TPP, ¡viva la liberalización!

Uno de los ejes fundamentales de la campaña de Donald Trump
fue la crítica acérrima a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó EEUU
en los últimos veinte años, incluido el que firmó con México y Canadá en 1994
(NAFTA por su sigla en inglés). Trump y su equipo identificaron en los TLC al
mismísimo diablo, por haber sido los causantes de la pérdida de empleos en el
país. De acuerdo con datos oficiales de Washington, entre 1997 y 2013, EEUU
perdió 5,4 millones de empleos manufactureros, a la vez que cerraron cerca de
82.000 fábricas. Efectivamente, los TLC avalaron jurídicamente los derechos de
las empresas norteamericanas en el exterior. En su forma de Inversión
Extranjera Directa, esas empresas fueron protagonistas de la relocalización
productiva hacia el sudeste asiático y hacia China, huyendo del caro trabajo
norteamericano. Para qué quedarse en casa, si afuera es tan atractivo para la
ganancia.

 

El énfasis puesto por la campaña de Trump en contra de los
TLC apunta directamente contra una de las consecuencias más violentas del modo
de acumulación capitalista basada en la libre circulación de los capitales: esa
gran porción de la población que sobra, aquellos que no se adaptan o insertan
en esta lógica. El desempleo creciente en EEUU, no resuelto por las políticas
librecambistas de los gobiernos demócratas, fue uno de los factores
explicativos de la victoria de Trump.


En ese sentido, uno de los principales puntos de la
discordia con el gobierno de Obama es el Tratado Transpacífico (TPP). Obama
tomó este tratado como uno de los caballos de batalla de su gobierno, un legado
que él quería dejar a EEUU en su puja comercial global con China. Sin embargo,
tanto desde el seno del Partido Demócrata con la candidatura de Bernie Sanders,
como desde el Republicano se apuntó ferozmente en contra de este tratado. Hoy,
pocos días después de las elecciones, todo indica que Obama no podrá forzar la
ratificación del TPP en el período de transición hasta enero, y que el proyecto
será abandonado por la administración Trump.

 

Entonces, ganó Trump, ¿murió el TPP? Desde las
organizaciones sociales del continente no podemos darnos el lujo de repetir los
slogans periodísticos que dan por finiquitado este proyecto por el sólo hecho
de haber ganado Trump las elecciones. Incluso, nos atrevemos aquí a decir que
el TPP no ha muerto, aún si el mismo Trump así lo anuncia. Parece que estamos
desafiando la realidad, y sin embargo, la realidad apoya nuestra hipótesis.
Veamos por qué.

 

Un primer argumento se basa en la experiencia acumulada de
los últimos diez años. Cuando fracasó el ALCA, se frenó un proyecto de
liberalización comercial que incluía a 34 países del continente. Nada más, ni
nada menos. El fin de ese proyecto no implicó el fin del libre comercio. Por el
contrario, rápidamente proliferaron diversos “alquitas” bilaterales de EEUU con
países americanos como Chile, Perú, Colombia, y varios países centroamericanos
y caribeños (acuerdo conocido como DR-CAFTA). Esta experiencia reciente nos
señala que el fracaso de un acuerdo no implica su deceso como proyecto para
garantizar la acumulación capitalista. Mientras tanto, proyectos de
liberalización similares al ALCA proliferaron con otros jugadores globales como
la Unión Europea, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, entre otros. Que el
ALCA fracasara no implicó el fin del proyecto librecambista global.

 

En segundo lugar, cabe aclarar, ¿qué implica el TPP? Con
respecto al ALCA, el TPP significaba un avance sustancial de los derechos de
las corporaciones, que se ven plasmados en los diversos capítulos,
especialmente en el de Propiedad Intelectual, Servicios, Servicios Financieros,
Inversiones, Telecomunicaciones y Compras Gubernamentales. El texto del TPP
muestra estar directamente influenciado por el lobby de las grandes empresas
norteamericanas que tuvieron un rol privilegiado en la negociación del acuerdo.
De hecho, el TPP otorga mayores derechos de propiedad a las grandes
farmacéuticas, a los estudios cinematográficos de Hollywood, a las empresas de
servicios informáticos y el Silicon Valley, a las de correo postal, a las
aeronáuticas, a las financieras, etc. Las grandes empresas de estos sectores
son un eje fundamental de la “burguesía” norteamericana, mismo si muchas de
ellas fabrican sus productos en el exterior. Sin embargo, facturan impuestos en
EEUU. Es poco probable que estas grandes empresas se olviden rápidamente de los
derechos adquiridos en el TPP, esos que Obama firmó junto con otros 11
presidentes. Si no lo logran vía TPP, será mediante otra vía.

 

Efectivamente, el TPP se ha consolidado como el “nuevo
modelo” de tratado comercial, sentando el piso desde el cual se negocia. Así
como la OMC hace veinte años sentaba los pisos mínimos de negociación, y
establecía el principio de no-retroceso (una vez liberalizado, no hay vuelta
atrás), el TPP se consolida como un nuevo piso. Este tipo de tratados establece
la base desde la cual se empieza a conversar, pero nunca fija el techo. Y en
ese sentido, la base de negociación que propone el TPP es muy alta.

 

Un tercer elemento que apoya nuestra hipótesis es que,
frente al anuncio de Trump de que se abandonaría el TPP, China acaba de
anunciar que redoblará los esfuerzos por cerrar su propio acuerdo
mega-regional, también en el Pacífico: la Asociación Económica Regional
Integral (RCEP, por su sigla en inglés). Este acuerdo, que competía
directamente con el TPP, pasará a ser el acuerdo negociado más grande en
términos de cantidad de países y tamaño de mercados incluidos. Comprende el eje
China-India (los países más poderosos del bloque BRICS), además de los miembros
de la Asociación Económica Asia-Pacífico (APEC) Corea del Sur, Japón y Oceanía.
Esencialmente, se trata de los países que han sido los grandes receptores de
Inversión Extranjera Directa en los últimos treinta años, es decir, hacia donde
han relocalizado gran parte de su producción las empresas norteamericanas y
europeas. El RCEP implica cláusulas contractuales similares al TPP, incluyendo
un capítulo de inversiones con mecanismo de solución de controversias
inversor-Estado, derechos de propiedad intelectual del tipo TRIPS-Plus
(impulsadas fuertemente por Japón), alta liberalización en el sector servicios,
etc. Esto significa que, aun si se abandona el TPP, la liberalización comercial
en la zona Pacífico continúa avanzando a pasos agigantados.

 

Por último, el abandono del proyecto TPP no implica que EEUU
no avance con otros tratados que se encuentran actualmente en negociación, como
el TISA (Trade in Services Agreement). Este acuerdo es un GATS-Plus (en referencia
al acuerdo de servicios de la Organización Mundial de Comercio) ya que avanza
en la liberalización de nuevos sectores que no habían tenido consenso en el
ámbito multilateral, y viene siendo negociado tras bambalinas por más de 50
países. El conglomerado de las empresas de servicios norteamericanas tiene un
especial interés en este tratado, ya que garantiza su acceso a nuevos países, a
la vez que, al igual que el TPP, establecería un nuevo piso de negociaciones en
servicios. ¿Qué diferencia al TISA del TPP tras la elección de Trump? Como
dijimos, Trump puso el dedo sobre la pérdida de empleos manufactureros en el
territorio norteamericano; pero si las empresas de servicios de la misma
bandera acaparan mercados en el exterior, en su competencia con las europeas,
eso beneficia a EEUU en términos de acceso a mercados e incluso de recaudación
impositiva. Desde la óptica de Trump, el problema es el TPP, no el TISA.
Entonces, aunque el TPP quede estancado, el TISA seguramente continuará en
negociación.  

 

En definitiva, lo fundamental del tratado seguirá intacto y
activo, por más de que el texto mismo del TPP quede sepultado. La presión
corporativa para convertir al mundo en una enorme factoría global y
garantizarse ganancias superlativas en cualquier circunstancia es la esencia
que sustancia y mueve las letras del TPP. Ese proyecto está lejos de estar
muerto y Trump está lejos de ser uno de sus principales combatientes. La
batalla contra el TPP no terminó, sólo cambió de forma.

(*) Miembros de ATTAC Argentina y de la Asamblea Argentina mejor
sin TLC. 


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27/10/2016

Por la soberanía de las personas y los pueblos, por nuestra tierra y nuestros derechos

Hablar de cuestiones como de tratados transatlánticos de
inversiones y libre Comercio o de acuerdos Globales Económicos y Comerciales
(TTIP, CETA, TISA, Transpacífico, NAFTA…,), tan rodeados de secretos, con
documentos clasificados, con lenguajes tecnocráticos que tratan de hacer más
opaca la realidad, con cláusulas de confidencialidad firmadas por los
participantes y compromisos de silencio durante 30 años para no hacer públicos
los contenidos y las propuestas que las partes se hacen entre ellas…, puede
resultar abrumador, inalcanzable.


Por ello, cuando hablamos y hablemos del TTIP (Acuerdo
Comercial entre la UE y EEUU) o del CETA (Acuerdo Económico y Global entre la
UE y Canadá), cada cuál en su ámbito (y con el TTIP o CETA también hablamos de
la complicidad de los grandes capitales y los poderes políticos, de la derecha
liberal y la socialdemocracia, de estructuras de apoyo y sostén como la actual
Unión Europea) hemos de hacerlo con la ambición de pararlos. Esto significa
muchas cosas: conocer, informar, sensibilizar, organizar y vincular la lucha
contra el TTIP a nuestras luchas diarias.


Dentro de unos días, se va a escenificar la firma del CETA.
Lejos de las voluntades de los pueblos europeos y canadienses, la Comisión
Europea, en nombre de los 28 Estados Miembros de la UE, y el gobierno
canadiense están a punto de sellar ese Acuerdo. ¡Es urgente pararlos! Si es
ratificado, le abrirá el camino al TTIP.


Y, ¿qué significa el TTIP? Los poderes económicos
transnacionales pretenden ampliar el mercado de sus negocios entre Europa y
EEUU con unas reglas muy precisas: hay que garantizar el libre comercio y la
búsqueda de beneficio tiene que campar a sus anchas. Para ello, hay que
eliminar todo tipo de barreras: las que protegen los derechos laborales y
sociales, las que mantienen los servicios públicos, las que cuidan de la
naturaleza y de nuestra salud.


¿Cómo se eliminan estas barreras? Comparando las normativas
a ambos lados del Atlántico y, eligiendo la más ventajosa, es decir, la menos
restrictiva. Igualar a la baja. Y para que todo ello pueda llevarse sin más
contratiempo, estos poderes económicos y políticos aliados se blindan, a través
de un «tribunal privado», lo que llaman el «mecanismo de resolución de litigios
entre inversores y estados» (Investor-State Dispute Settlement, ISDS), alejados
de todo control público. Para ello, establecen un sistema de protección
jurídica del gran capital, para que no puedan cuestionarse sus intereses.


Con ello, en la práctica, imponen un sistema de control que
impide que la soberanía popular en cualquier instancia o nivel pueda adoptar
decisiones alternativas contrarias a las privatizaciones, mercantilización de
los bienes comunes y a la eliminación de las desigualdades.


En el ámbito laboral concretamente, supone una receta más
para la precarización:


Va a acelerar la pérdida de derechos laborales. Se trata de
un Tratado que se pretende aplicar en un espacio económico donde conviven
diferentes sistema jurídicos laborales, con distintos niveles de exigencia y
protección. Por un lado, EEUU, con unos niveles bajos de reconocimiento de
derechos laborales y, por otro, una UE donde van menguando derechos a través de
la proliferación de reformas laborales por todo el continente. La experiencia
muestra que si se deja a las empresas total libertad para tomar sus decisiones
se producen dos fenómenos: «dumping social» (competencia a bajos salarios y
condiciones de trabajo) y competitividad legislativa a la baja.


Desde la UE, se está promoviendo el dumping social y la
competencia. En nombre de la competitividad, la eliminación de barreras que
propugna el TTIP, implica abrir aún más las puertas para que las empresas
puedan seguir utilizando esta estrategia de reducción de costes laborales (en
términos de salarios, pensiones, prestaciones sociales, medio ambientales y alimentación
sana y segura). En Euskal Herria lo estamos sufriendo una y otra vez:
recordemos CANDY, Faurecia, ECN Cable Group, Aernnova, Arcelor… con la
amenaza de la deslocalización a la búsqueda de legislaciones laborales más
laxas.


El TTIP no va a traer empleo de calidad porque es la
continuación de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Quienes
defienden el Tratado utilizan el argumento de la creación de empleo como
señuelo. Esto no es verdad. Ya existe un largo historial de previsiones incumplidas.
El NAFTA iba a traer 20 millones de empleos, la Directiva Bolkestein sobre la
libre actividad de servicios iba a crear miles de nuevos puestos de trabajo.
Mientras tanto, Europa batiendo récords de desempleo y EEUU de precariedad.
Pero hay algo indudable. El proceso de equiparación en las normativas entre
EEUU y Europa va a suponer un proceso de igualación regresiva en el mundo
laboral. El empleo precario, sin derechos, crece al dictado de la flexibilidad,
la movilidad, la disponibilidad, el bajo coste, la individualización de las
relaciones laborales. Con el TTIP se impone el bajo coste: en los productos, en
los servicios públicos y en las trabajadores y trabajadoras.
   


Todo esto es lo que hay que parar. Por ello, el sindicato
LAB, en la necesidad de realizar un trabajo amplio y colectivo en la lucha
contra el TTIP, estará en todas aquellas protestas que han sido convocadas
desde las diferentes Plataformas-Campañas en contra del TTIP y del CETA, así
como desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Volveremos a las
calles de Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea el 5 de noviembre para dejar alto y
claro que somos los pueblos quienes debemos decidir, defendiendo nuestra tierra
y nuestros derechos. También estaremos en Ginebra, en Naciones Unidas, en la
Semana de Movilización de los Pueblos, dentro de la Campaña Global para
reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las
transnacionales y poner fin a la impunidad.


De la misma manera, interpelamos a las instituciones
vascas a que se posicionen en contra de este Tratado y a favor del Tratado de
los Pueblos como alternativa al poder de las multinacionales, y que exijan a la
Comisión Europea y a los Estados Miembros que suspendan las negociaciones del
TTIP y, que adopten en cualquier caso, las medidas necesarias para su no
aplicación en nuestro territorio. De la misma manera, animamos a toda la
ciudadanía vasca a participar en las próximas movilizaciones. Por la Europa
Social, y la soberanía de los Pueblos, de las Personas, ¡ni TTIP, ni CETA!

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26/10/2016

Bélgica impide acuerdo entre la UE y Canadá

Hoy me siento orgulloso de mi actual país
de acogida. Porque soportando todas las presiones provenientes de los grupos multinacionales,
de los gobiernos de países miembro de la Unión Europea, del gobierno de Canadá,
de la Comisión Europea y hasta del Parlamento Europeo, el gobierno de Valonia,
la región francófona de Bélgica, dio cumplimiento a lo acordado por el
Parlamento y forzó al Gobierno Federal belga a comunicar a las autoridades
europeas que no está de acuerdo con el texto actual del Acuerdo CETA y que en
consecuencia no se podrá firmar.


Estos han sido, sin dudas, días de una
agitación política poco conocida hasta ahora en la región. El gobierno de
Canadá,a través de Canciller; el Presidente del Parlamento Europeo, los
poderosos presidentes de Francia y Alemania han hecho lo indecible para
procurar convencer al gobierno Regional de modificar su posición. Pero no pudieron.


Así lo dijo el ministro-presidente de la
región francófona belga, el socialista Paul Magnette: “No nos oponemos a un
tratado con Canadá, lo que queremos es un acuerdo equitativo, que contenga
elementos fundamentales que garanticen los derechos sociales, derechos de
pequeñas y medianas empresas y agricultores y que la solución de controversias
no coloque a las corporaciones por encima de los gobiernos”. Al fin de cuentas,
lo que defiende el Gobierno de Valonia es lo que nos ha llevado a los trabajadores
a oponernos a este y otros tratados similares, como los son el TISA o el TPP.


Con esta decisión histórica, el acuerdo
CETA, que lleva preparándose durante siete años, sufre un duro revés, al igual
que la política comercial de la Unión Europea. Hay más incertidumbres que
certezas con respecto al futuro de este
proyecto.


No todo son derrotas. Debemos seguir
luchando para que los gobiernos asuman los intereses de los trabajadores y los
pueblos antes que los intereses de las corporaciones supranacionales y que
logremos que esta batalla ganada se transforme en un triunfo total.

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18/07/2016

CLATE se suma al rechazo a los tribunales arbitrales de los TLC

Reproducimos texto
completo del comunicado de CLATE


Buenos Aires, 18 de julio
de 2016.


En nombre y
representación del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) expresamos nuestra adhesión a la
Declaración de la Asamblea Ciudadana “Argentina Mejor Sin TLC”, que rechaza las
demandas corporativas hacia nuestros países ante tribunales arbitrales
internacionales.


Defendemos la
primacía de los Derechos Humanos por sobre los intereses de las  trasnacionales, que se amparan en Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC) para entablar
reclamos millonarios a nuestras naciones.


Sostenemos que
es un derecho de los Estados el establecimiento de regulaciones y normativas
que garantizan la protección de la salud, el medio ambiente y la vigencia plena
y efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros
pueblos.


Denunciamos
que los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado constituyen un
sistema de impunidad para las corporaciones, en tanto les permiten demandar al
Estado ante cualquier política pública orientada a defender el interés
colectivo pero no establecen mecanismos para que se exija ni reclame nada a las
trasnacionales. Asimismo los litigios son sumamente onerosos, un negocio en sí
mismo, y obligan a los Estados a asumir gastos millonarios para defenderse, aun
cuando terminen ganado estas disputas.


Por todo ello
reclamamos se supriman los privilegios de los inversionistas en sus disputas
con nuestros países, que se reconozca el derecho soberano de los Estados a
implementar políticas públicas que prioricen los derechos humanos y que se
generen nuevos mecanismos de solución de controversias con inversores donde se
prioricen los derechos de nuestros pueblos y se de intervención a los
tribunales locales como primera instancia en cualquier tipo de litigio.


En función de
ello, expresamos también nuestra adhesión a la Jornada Continental por la
Democracia y contra el Neoliberalismo que tendrá lugar el próximo 4 de
noviembre.


POR LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TRABAJADORES
ESTATALES



     Luis Bazzano                                                               Julio Fuentes
Secretario General                                                            Presidente

 

 

 

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16/07/2016

Triunfo de Uruguay y Australia sobre Phillip Morris: ¿golpe a la lógica de los TLC?

Fumate esta sentencia


El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
del Banco Mundial acaba de fallar a favor de Uruguay, frente a la demanda que
le hiciera Phillip Morris (PM) por sus políticas de salud pública para reducir
el consumo de cigarrillos. En 2010 la tabacalera trasnacional reclamó al Estado
oriental el pago de $25 millones de dólares por afectar sus negocios. Se amparó
para ello en el Tratado Bilateral de Inversiones que ese país había celebrado
con Suiza, sede de su casa matriz, en 1998.  


¿Había
expropiado fábricas de PM el Uruguay? ¿Había congelado activos financieros de
la compañía? ¿Había expulsado a la empresa del país? No. Simplemente había
seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y había
exigido que el 80% de las cajillas de cigarrillos estuviera cubierto de
advertencias gráficas sobre los riesgos que su consumo implica para la salud.
Había dispuesto también que cada marca de cigarrillos tuviera una presentación
única. PM no se quedó quieta y accionó contra el Estado por afectar sus
inversiones.


Una a favor del interés público


Según
uno de los representantes legales de Uruguay, en la sentencia el tribunal
señaló que “los Estados deberían disfrutar de una considerable libertad para la
configuración de los reglamentos de salud pública apropiadas a sus
circunstancias individuales, sin temor a las demandas frívolas de los
inversores extranjeros”.  También
obligó de PM a pagar 7,7 millones de dólares por honorarios y costos. La
sanción a la tabacalera no parece un gran castigo, sobre todo si se considera
que Uruguay gastó casi 5 millones de dólares para defenderse de este absurdo
reclamo. Lo importante es que el país, además de tener razón, hizo lo correcto.
Gracias a su política de control del tabaco,
el consumo de cigarrillos bajó
de 35% en 2005 a 22,2% en 2014.


El caso
uruguayo se suma a otro revés legal que sufrió PM en diciembre de 2015, en este
caso contra Australia. La trasnacional, que producía cigarrillos Marlboro en este
país desde 1954, fijó su sede en Hong Kong en 2011. Desde allí inició una
demanda al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscripto
entre ese estado y Australia en 1993. PM no reclamó por bienes expropiados o
utilidades que no podía remitir a su casa matriz regional. Demandó al estado
australiano por sancionar leyes de empaquetado genérico de cigarrillos, que
proscribían logotipos y diseños de marca, a la vez que obligaban a incorporar
advertencias gráficas sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud. El
tribunal arbitral no fue tan contundente como el CIADI, simplemente se declaró
incompetente. El tratado Australia-Hong Kong no era aplicable.


Multinacionales al acecho y
tribunales a medida


Los
sistemas de solución de controversias estado-inversor son un riesgo para la
soberanía de los estados que han suscripto Tratados de Libre Comercio o
Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones. Estos “tribunales” son
instancias no judiciales, internacionales, que ponen a las empresas en igualdad
de condiciones que los estados, aceptan demandas corporativas contra los países
pero no a la inversa, y sobre todo, ponderan en primer lugar el interés los
inversores por sobre el interés público. Lo que es peor, los estados pueden ser
demandados por cualquier medida o normativa sancionada que ponga en riesgo la
expectativa de ganancias de una empresa. En este contexto, el fallo del CIADI
contra Phillip Morris es una verdadera sorpresa y ha encendido la luz de alerta
en el mundo corporativo.


Los
tratados de protección de inversiones han creado una industria muy lucrativa.
Grandes estudios de abogados en todo el planeta ofrecen sus servicios para
demandar a los Estados. En 2011, solo en el CIADI, se registraban 450 casos de
demandas inversor-estado, la mayoría de ellos presentadas por empresas de
países desarrollados contra países en desarrollo. La Conferencia de la Naciones
Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD) sostiene que los costos de
arbitraje se han disparado en los últimos años y, según datos disponibles de
los casos conocidos, la Organización de Desarrollo y Cooperación Económicos
(OCDE) calcula entre 8 y 30 millones de dólares los costos legales de llevar
adelante este tipo de pleitos. Defenderse de la avaricia empresaria sale caro a
los estados pobres e incluso, aunque ganen, este tipo de tribunales exige
compartir los costos del juicio.


Lejos de la especulación, los casos
concretos


Entre
los casos más resonantes de empresas que demandaron a estados por tomar medidas
en favor del interés público se encuentran:


       
Vatternfall contra Alemania: la multinacional sueca de
energía demandó en 2012 a ese país por 4.600 millones de dólares a raíz de su
decisión de abandonar gradualmente la energía nuclear, luego de la catástrofe
de Fukushima en Japón.


       
Piero Foresti y otros contra Sudáfrica: un grupo de
inversores italianos demandó a ese estado por sancionar una ley de
empoderamiento económico de la población negra, que busca corregir algunas
injusticias creadas por el apartheid.  La
ley exigía a las mineras traspasar parte de sus acciones a inversores negros.


       
CMS Energy, Suez, Vivendi, Anglian Water, Aguas de Barcelona
y otros contra Argentina:
un total de 40 empresas demandaron por sumas
millonarias al país ante el CIADI por sus medidas para mitigar la crisis
financiera del 2001.


       
Veolia contra Egipto: una empresa francesa dedicada a la
recolección de residuos de la ciudad de Alejandría, demandó al estado por
aumentar el salario mínimo interprofesional después de la rebelión popular
conocida como “la primavera árabe”.


       
Occidental contra Ecuador: el país tuvo que pagar en 2.300
millones dólares en 2012 por rescindir una concesión petrolera a una empresa
estadounidense.


       
Achmea contra Eslovaquia: la aseguradora holandesa le ganó un
juicio al estado por 29,5 millones de euros (equivalente a todo el presupuesto
en sanidad del país) cuando intentó revertir la privatización de su sistema
sanitario.


La lista es sigue, e incluye los casos de
Phillip Morris contra Uruguay y Australia.

 
Etiquetado ¿luz al final del túnel?


El
triunfo de Uruguay siembra tanta alarma en el mundo corporativo como
expectativa en los sectores que rechazan los Tratados de Libre comercio y
alertan sobre la amenaza que representan para la soberanía de los estados y la
democracia. El fallo del CIADI reconoció el derecho soberano de Uruguay de
definir sus políticas de salud pública por encima de la expectativa de ganancia
de una tabacalera multinacional. No es menor el hecho de que la industria de
cigarrillos tiene mala prensa  a nivel
mundial y que Uruguay actuó en cumplimiento del Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, que cuenta con 168 estados signatarios.


No
obstante, quienes luchan contra los acuerdos megarregionales de comercio e
inversión como el TPP y TTIP ven en el caso un antecedente nada despreciable.
Las reglas de etiquetado, como medida de defensa de la salud de los
consumidores, son un elemento de disputa ante la penetración de cultivos
transgénicos basados en el uso de herbicidas contaminantes. El Art 2.29 del TTP permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos y de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos. Por su 
parte, Greenpeace ha
denunciado como el TTIP busca armonizar a la baja los estándares europeos
respecto a los estadounidenses en materia agrícola, de salud y medioambiental.
Detrás de estos tratados se encuentran multinacionales como Monsanto, Dupont y
Dow Chemical. Frente a estos avances de las corporaciones el triunfo Uruguay, y
en menor medida de Australia, sobre Phillip Morris dan fundamentos concretos a
la necesidad de reservar a los estados la potestad de ejercer medidas
regulatorias a favor de los ciudadanos y el interés público.

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07/07/2016

Brasil decide participar en las negociaciones TISA

Durante una reunión de la Coalición Empresarial Brasileña
(CEB), celebrada el 20 de junio, el Ministro de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior, Marcos Pereira, anunció que Brasil va a solicitar
formalmente a participar en las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de
Servicios (TISA acrónimo ). La
solicitud de Brasil todavía tiene que ser aprobada por los países que negocian
el TISA y la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX).

 

El
TISA es un tratado multilateral de las negociaciones [por fuera] de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en el que el Brasil se mostró reacio a
participar.
Esta
actitud persistió hasta abril, cuando el país firmó el Acuerdo de expansión
económica y comercial con Perú – el acuerdo bilateral de temática más amplia entre
los ya celebrados por Brasil-.

 

El
TISA se puso en marcha en 2012, alentado por los Estados Unidos y la Unión
Europea (UE), con el fin de avanzar en las negociaciones sobre los servicios,
paralizados ante el estancamiento de la Ronda de Doha de la OMC.
Mediante
el uso de la estructura básica del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (GATS siglas en Inglés) de la OMC, el TISA busca la liberalización de
los 17 segmentos, así como la mejora de las normas sobre las concesiones de
licencias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico,
transporte
marítimo
y el desplazamiento de trabajadores cualificados.

 

En
las negociaciones, cada país elige el servicio que desea para abril al comercio.
Una
vez cerrado el acuerdo, los resultados se pueden extender a otros miembros del
grupo.
Después
de dieciocho rondas de negociaciones, la mitad del texto ya está finalizado.
Por
lo tanto, la conclusión de las negociaciones está prevista para noviembre de
2016. Es de destacar que el TISA aún no se ha hecho público: la divulgación de
los borradores del acuerdo se dio a conocer a través de filtraciones del portal
Wikileaks.

 

Al
poner de relieve la importancia de Brasil para participar en las negociaciones,
el Ministro Marcos Pereira advirtió que esto no implica una alineación
automática del país a TISA.
En
las palabras del ministro, “si usted no participa, entonces puede que
tenga que unirse sin ningún poder de influencia.”
Esta
es también la opinión de la Confederación Nacional de la Industria (CNI).

 

Los
servicios de facturan $ 4 billones de dólares por año en el comercio
internacional.
En Brasil, representan
el 70% del producto interno bruto (PIB).
En
el comercio mundial, el 75% de los servicios se concentran en los 23 países que
se han unido al TISA – incluyendo Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa
Rica, Estados Unidos, Japón, México, Perú y los miembros de la Unión Europea
(UE). Entre
los miembros de TISA, existe la expectativa de que el Acuerdo sea extendido al
marco multilateral.

 

Por Equipo Puentes
Nota original completa en portugués disponible en http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/overview

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31/05/2016

TISA: más limitaciones a los Estados para regular la economía

El pasado 26 de mayo representantes de 50 países que forman
parte de las negociaciones del TISA se reunieron secretamente en la sede de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra.  A pesar del pacto de silencio que envuelve
estos acuerdos, el contenido de esta nueva ronda de discusión pudo conocerse
gracias a nuevas filtraciones del portal Wikileaks.

 

El TISA (Trade in Services Agreement) es un acuerdo
global sobre libre comercio de servicios que impulsan EEUU, la Unión Europea
(en nombre de 28 Estados), Australia, Canadá, Taiwán, Hong Kong, Islandia,
Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Corea del Sur,
Suiza, Turquía y, en América Latina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá,
Paraguay y Perú.

 

Nuevas Filtraciones

 

Las filtraciones más recientes sobre el acuerdo refieren
a temas como empresas estatales, servicios
profesionales y nuevas disposiciones aplicables a todos los servicios
. El
apartado “nuevas disposiciones” establece pautas para restringir la facultad de
los Estados para imponer a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño, como la creación de nuevos puestos de trabajo,
o la obligación de establecer presencia
comercial
en el país. Este tipo de medidas son más extremas que las
dispuestas por otros tratados de libre comercio vigentes y afectan la capacidad
de los países de regular a las empresas extranjeras.  

 

Con medidas de este tipo, un país miembro del TISA no
podrá regular la inversión extranjera directa y orientar su destino en base a metas de desarrollo. Los requisitos de
desempeño forman parte de las estrategias que tienen a su alcance los Estados
para lograr que un proceso de inversiones genere empleo, transfiera tecnología
o impulse cadenas de valor donde participen pequeñas y medianas empresas
locales, entre otras posibilidades. Frente a estas limitaciones ¿que aporte a la economía nacional puede
hacer una inversión extranjera si el Estado en cuestión no puede adoptar
ninguna medida que asegure un beneficio?

 

Patear la escalera

  

Los requisitos de desempeño han sido mecanismos no arancelarios por los cuales las actuales economías
desarrolladas (EEUU, Japón y muchos países europeos) han exigido históricamente
a las empresas extranjeras ciertas condiciones para promover su desarrollo nacional,
aun en el marco de una economía abierta. Contratar ciudadanos nacionales en los
directorios de las empresas, contratar proveedores locales, prestar dinero –en el
caso de los bancos- a determinadas actividades, garantizar acceso universal a
determinados servicios, limitar la participación del capital extranjero en
ciertas compañías, son algunas medidas regulatorias que el TISA busca impedir.

 

El acuerdo deja vedadas con
precisión todas aquellas medidas que permitirían capturar beneficios sociales
de las inversiones extranjeras
e
impulsar procesos de desarrollo
. Desde la gerencia local hasta el acceso
universal, las medidas regulatorias son planteadas en los términos del acuerdo
como un atentado contra las inversiones. Por eso se dice que los países
desarrollados “patean la escalera”, una vez alcanzado su desarrollo no permiten
a las naciones emergentes aplicar las mismas medidas para alcanzarlos.

 

Empresas y compras públicas
bajo la ley del mercado

 

En materia de empresas estatales el TISA retoma y adapta
medidas estipuladas en el Acuerdo Transpacífico (TPP).  El objetivo es que
toda empresa de propiedad
mayoritariamente estatal funcione como cualquier empresa privada de negocios
.
No se busca la privatización directa, pero se pretende que funcionen con los
mismos criterios mercantiles que el sector privado, vaciando su justificación y
limitando cualquier excepcionalidad en su funcionamiento para garantizar el
interés público.

 

Las compras gubernamentales han sido otro mecanismo que las
naciones desarrolladas han utilizado para promocionar el desarrollo local,
privilegiando proveedores nacionales. En tanto los acuerdos de libre comercio
como el TISA exigen el “trato nacional”
también para las compras públicas, cualquier inversor extranjero puede reclamar
el mismo trato que un proveedor local. De ese modo, una medida para de carácter
desarrollista pasa ser discriminatoria en lenguaje del libre mercado y la
protección de inversiones.

 

Tratados como el TISA son considerados “acuerdos de nueva generación” porque a
diferencia de los acuerdos comerciales que históricamente buscaban reducir
barreras aduaneras para el intercambio de bienes, los nuevos tratados buscan
imponer reglas a los Estados para limitar su capacidad regulatoria.

 

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