08/06/2015

Rafaela Figuereo: “No tenemos experiencia de negociación colectiva en República Dominicana”

En el marco de la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación
Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadores Estatales en
República Dominicana, la secretaria general de la Unión Nacional de Servicios de
Enfermería (UNASE) y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC),
Rafaela Figuereo, brindó un informe sobre la situación de los trabajadores
estatales dominicanos.

 

La dirigente inició su exposición explicando que no hay una cultura
de negociación colectiva en el sector público de su país. “No tenemos esa
experiencia de negociación colectiva, porque primero vamos a la acción y después
a la negociación. Nosotras, como enfermeras, siempre comenzamos nuestras
actividades solicitando una entrevista a la ministra. Algunos
ministros llegan a acuerdos, pero muchos
no son cumplidos”, afirmó.

 

La dirigente señaló que lo salarios actuales no alcanzan ni
siquiera para comprar una canasta familiar. “Hace casi 10 años que no se aprueba un aumento general de salario. Según el Banco Central, la canasta familiar está
en 30 mil pesos, y un empleado público gana 6 mil pesos. Ha habido algunos
aumentos, pero ha sido después de meses de lucha, abandonando los hospitales, haciendo
sufrir a los pobres pacientes, que se quedan sin el servicio de enfermería –y a
veces también los médicos abandonan-, y después de 4 o 5 meses nos llaman para
hacer una negociación, que antes se cumplían en un 75%, pero hoy ni siquiera se
cumple un 5%”, indicó.

 

“Con los gobiernos dederecha por lo menos
negociábamos, pero este gobierno no toma en cuenta a los trabajadores”, afirmó
Figuereo, en referencia a los gobiernos progresistas de la región. El Decreto 379-14, que ordena la descentralización de los
servicios de salud, y la ley de la Seguridad
Social
,
son algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno dominicano y que afectan a la clase trabajadora de ese país.

 

La dirigente dominicana se refirió también a la lucha de los
trabajadores del sector de la educación en el país caribeño. “Tenemos una tasa
de analfabetismo de alrededor de 14%, a pesar de que en el año pasado, tras una
lucha titánica de todo el sector de los maestros, se logró un aumento del
presupuesto del 4%. Han venido construyendo aulas. Había más de 400 mil niños
fuera de las aulas por falta de aulas escolares”, expresó.

 

Asimismo, explicó que la tasa de desempleo en el país es del
16 % y que, aunque las cifras indiquen un aumento del empleo, en realidad hubo
un incremento del trabajo informal. “Hay mucho trabajador en la calle, salones
de belleza, personas que cocinan en la calle y venden comida, los que venden
cocos, dulces, etc.”.

 

La dirigente agregó que una de las problemáticas que
enfrenta el movimiento sindical dominicano es la falta de unidad y de
organización. “Hay un acuerdo entre el gobierno y los empresarios, y el sector
laboral está desprotegido y dividido, a pesar de que tres centrales estén
unificadas. Apenas un 6% de una población de 10,5 millones de habitantes está
organizado, y muchos de ellos no pagan ni siquiera la cuota”, indicó.

 

Por último, con respecto a la Jornada Continental
de Protestas del 26 de junio, la dirigente de UNASE informó que la organización
se reunirá para articular su participación en la jornada. “De antemano,
manifestamos nuestro apoyo la jornada, porque sabemos que es en beneficio de la
clase trabajadora del sector público, del campo y de la ciudad. Así que cuenten
con nosotros en todo lo que podamos”, finalizó.

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Rafaela Figuereo: “No tenemos experiencia de negociación colectiva en República Dominicana”

En el marco de la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación
Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadores Estatales en
República Dominicana, la secretaria general de la Unión Nacional de Servicios de
Enfermería (UNASE) y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC),
Rafaela Figuereo, brindó un informe sobre la situación de los trabajadores
estatales dominicanos.

 

La dirigente inició su exposición explicando que no hay una cultura
de negociación colectiva en el sector público de su país. “No tenemos esa
experiencia de negociación colectiva, porque primero vamos a la acción y después
a la negociación. Nosotras, como enfermeras, siempre comenzamos nuestras
actividades solicitando una entrevista a la ministra. Algunos
ministros llegan a acuerdos, pero muchos
no son cumplidos”, afirmó.

 

La dirigente señaló que lo salarios actuales no alcanzan ni
siquiera para comprar una canasta familiar. “Hace casi 10 años que no se aprueba un aumento general de salario. Según el Banco Central, la canasta familiar está
en 30 mil pesos, y un empleado público gana 6 mil pesos. Ha habido algunos
aumentos, pero ha sido después de meses de lucha, abandonando los hospitales, haciendo
sufrir a los pobres pacientes, que se quedan sin el servicio de enfermería –y a
veces también los médicos abandonan-, y después de 4 o 5 meses nos llaman para
hacer una negociación, que antes se cumplían en un 75%, pero hoy ni siquiera se
cumple un 5%”, indicó.

 

“Con los gobiernos dederecha por lo menos
negociábamos, pero este gobierno no toma en cuenta a los trabajadores”, afirmó
Figuereo, en referencia a los gobiernos progresistas de la región. El Decreto 379-14, que ordena la descentralización de los
servicios de salud, y la ley de la Seguridad
Social
,
son algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno dominicano y que afectan a la clase trabajadora de ese país.

 

La dirigente dominicana se refirió también a la lucha de los
trabajadores del sector de la educación en el país caribeño. “Tenemos una tasa
de analfabetismo de alrededor de 14%, a pesar de que en el año pasado, tras una
lucha titánica de todo el sector de los maestros, se logró un aumento del
presupuesto del 4%. Han venido construyendo aulas. Había más de 400 mil niños
fuera de las aulas por falta de aulas escolares”, expresó.

 

Asimismo, explicó que la tasa de desempleo en el país es del
16 % y que, aunque las cifras indiquen un aumento del empleo, en realidad hubo
un incremento del trabajo informal. “Hay mucho trabajador en la calle, salones
de belleza, personas que cocinan en la calle y venden comida, los que venden
cocos, dulces, etc.”.

 

La dirigente agregó que una de las problemáticas que
enfrenta el movimiento sindical dominicano es la falta de unidad y de
organización. “Hay un acuerdo entre el gobierno y los empresarios, y el sector
laboral está desprotegido y dividido, a pesar de que tres centrales estén
unificadas. Apenas un 6% de una población de 10,5 millones de habitantes está
organizado, y muchos de ellos no pagan ni siquiera la cuota”, indicó.

 

Por último, con respecto a la Jornada Continental
de Protestas del 26 de junio, la dirigente de UNASE informó que la organización
se reunirá para articular su participación en la jornada. “De antemano,
manifestamos nuestro apoyo la jornada, porque sabemos que es en beneficio de la
clase trabajadora del sector público, del campo y de la ciudad. Así que cuenten
con nosotros en todo lo que podamos”, finalizó.

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04/06/2015

Servidores públicos brasileños en pie de lucha contra la precarización

En el marco
de la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales en República Dominicana, el
director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Servidores Públicos
de Brasil y secretario ejecutivo de la CLATE para el Cono Sur, Sergio Arnoud, dio
un breve informe de las luchas que están llevando adelante los servidores
públicos brasileños.


El
dirigente, quien se tuvo que retirar antes de la reunión para participar de una
jornada nacional de luchas en su país, explicó que lo que más preocupa a los
trabajadores brasileños en este momento es la aprobación, por parte de la
Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley 4330, que establece la tercerización
sin límites. “Lastimosamente tenemos que salir más temprano porque el 29 de
mayo tenemos un día nacional de protestas y huelgas en todo el país contra un
proyecto que amplía la tercerización a todos los segmentos y todos los
servicios. Es una precarización organizada por el gobierno”, informó Arnoud. De
ser aprobado por el Senado y sancionado por la presidenta Dilma, el proyecto permitiría
el reemplazo de trabajadores contratados por tercerizados; los tercerizados, a
su vez, serían sustituidos por cuarterizados. La nueva norma pondría en riesgo,
además, una serie de derechos conquistados por los trabajadores y estipulados
en la Carta Magna, como vacaciones remuneradas, aguinaldo, seguro-desempleo,
estabilidad laboral, entre otros.


“También
estamos protestando contra la intención del gobierno central de recortar las jubilaciones
y las pensiones a través de dos Medidas
Provisórias
[Decretos de Necesidad y Urgencia]”, prosiguió el dirigente. “Son
dos luchas muy importantes, y la CSPB, conducida por su presidente João
Domingos Gomes dos Santos, está participando de su organización nacional”, señaló.


“Manifestamos
también que estamos luchando por la reglamentación del Convenio 151 de la OIT
en Brasil, una vez que fue firmada y ratificada en el 2010 por el presidente
Lula, pero hasta hoy no hay una legislación nacional que la contemple, que
garantice la libertad sindical, el derecho de huelga y tampoco la negociación
colectiva, que se hace de hecho y de una forma desordenada”, añadió Arnoud. “Tal
como ocurre en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, en Brasil tenemos
que hacer primero la huelga para después abrir la negociación. Es lo inverso de
lo que debería ser. Deberíamos negociar y, en caso de no haber acuerdo, hacer
la huelga. Pero hacemos lo contrario, porque no tenemos la reglamentación de los
Convenios 151 Y 154 de la OIT”, manifestó.


“En este
preciso momento estamos elaborando con seis centrales sindicales de nuestro
país un proyecto para que el gobierno lo presente al Congreso Nacional, pero es
muy difícil porque hubo una reducción de la representación de los trabajadores
en el Congreso” agregó el representante de la CSPB. “Creo que es un fenómeno
continental. Cada elección que pasa, disminuye el número de trabajadores en el
Congreso. En la anterior legislatura teníamos a más de 120 representantes de la
clase obrera. En esta no tenemos más que 70, de un total de 550. Entonces somos
muy pocos y es muy difícil nuestra lucha”.


Por último,
el dirigente confirmó la adhesión de la CSPB a la movilización continental del
26 de junio. “En nombre del presidente João Domingos y de nuestra organización
les deseo a todos una gran reunión y que podamos hacer este 26 de junio una Jornada
Continental de Protesta promovida por la CLATE, con el apoyo de la CLATSEP y de
todas las organizaciones aquí presentes”, concluyó.


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30/03/2015

COLOMBIA: “La paz no es sólo el silencio de los fusiles, el elemento justicia social es fundamental”

Once
colombianos, en representación de diferentes fuerzas políticas, económicas y
sociales, integran desde la semana pasada la llamada Comisión Asesora de Paz,
creada por el presidente Juan Manuel Santos con el propósito de escuchar y
recoger las diferentes percepciones de la sociedad sobre el proceso de paz, y
hacer de éste un propósito nacional.

 

Es pues una
comisión asesora, no reemplaza al Consejo Nacional de Paz. Está integrada por
personas independientes, algunas incluso críticas del Gobierno. Una de ellas es
un sindicalista: Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General
del Trabajo, CGT, quien al igual que los demás miembros de la comisión estará
permanentemente informado sobre la evolución de los temas y las discusiones que
se desarrollan en La Habana, con el objetivo de retroalimentar el proceso con
sus observaciones, consejos y sugerencias.

 

La
presencia de Gómez en esta comisión es importante en la medida en que el
sindicalismo se constituye en impulsor de una paz construida con las y los
trabajadores, con garantías democráticas y en condiciones de trabajo decente y
con pleno ejercicio de las libertades sindicales.

 

Otros
miembros de esta comisión son, entre otros, el ex alcalde de Bogotá Antanas
Mockus, la presidenta del Polo Democrático Clara López, el expresidente Andrés
Pastrana, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el cardenal Rubén
Salazar, el presidente de Bancolombia Carlos Raúl Yepes, el ex ministro de
Defensa Rafael Samudio Molina, la exguerrillera del desmovilizado M-19 y ex
senadora Vera Grabe.

 

En la
siguiente entrevista Julio Roberto Gómez se refiere al proceso de paz, a la
naturaleza de la Comisión Asesora para la que fue nombrado, y al papel que
tendrá en ella.

 

Para empezar, díganos cuál es el pensamiento,
el enfoque que usted tiene sobre el proceso de paz, y sobre la paz en sí.

 

Mi enfoque como sindicalista y presidente de la CGT, es que a este proceso hay que
colocarle elementos que nos ayuden a convertir la paz en una realidad, es
decir, una paz emanada de la justicia social. Es imposible hablar de una paz
real si no combatimos la pobreza y la exclusión social, si no hay una política
clara en materia de empleo, si no hacemos lo necesario para acabar
con la tercerización laboral. Alguien dirá: si es así, nunca va a haber paz. No
se trata de eso, sino de colocar el ingrediente social. Porque la paz no es
solo el silencio de los fusiles, ese es apenas uno de los puntos. El elemento
justicia social es fundamental. Yo me pregunto: a las gentes de las comunas de
Medellín, a las comunidades excluidas del Chocó, a los habitantes de
Buenaventura, a la gente que vive en los cinturones de miseria de Bogotá, o a
quienes viven en la marginalidad en el Distrito de Aguablanca en Cali, es
decir, a quienes están en la pobreza extrema, ¿qué tanto les interesa la paz? A
esas comunidades lo que les interesa es que empiecen los procesos para resolver
las enormes desigualdades sociales que tenemos. La paz no puede ser gratuita, o
ser simplemente la firma de un acuerdo entre las FARC y el Gobierno en La
Habana, o en el lugar que sea.

 

En ese
contexto, ¿con qué expectativas recibe su nombramiento en la Comisión Asesora
para la Paz?

 

Recibimos
con beneplácito este nombramiento, este acto de generosidad del Presidente de
la República. Procuraremos cumplir el mejor papel y emplearnos a fondo para que
la voz de los trabajadores sea escuchada. Esto bajo el entendido de que si bien
la CGT ha venido acompañando el proceso de paz, también hemos sido bastante
críticos en torno al desarrollo del mismo; con criterio y sentido de país hemos
planteado algunas observaciones. Ya los miembros de la Comisión realizamos el
pasado lunes la primera reunión en un ambiente sin tensiones, tranquilo.
Tuvimos la oportunidad de expresar algunos criterios respecto de cómo vemos
nosotros el proceso de paz.

 

De sus
palabras se infiere que va a mantener su independencia.

 

Naturalmente
que sí. La virtud que tiene esta comisión es que es variopinta, tanto que hay
hasta un sindicalista. Pienso incluso que, en la tarea de despolarizar el país,
sería muy importante la representación del Centro Democrático, que sería
bienvenida en la Comisión. Porque de lo que se trata es de enviar mensajes
alentadores, para que se tengan en cuenta los diferentes aportes de la sociedad
colombiana y el proceso de paz se vea cada vez más enriquecido.

 

Sin
embargo, en un comunicado las FARC dijeron que a esta Comisión le falta pueblo,
que no tiene representación de los sectores populares y las nuevas fuerzas
políticas. Que es elitista, en suma. ¿Qué dice a eso?

 

Digo que yo
nunca he pertenecido a la elite, y jamás he protestado porque en otros
escenarios estén mis colegas. Digo también que en la CGT, que yo represento en
la Comisión, hay organizaciones del sector público y privado, de campesinos,
pueblos indígenas, raizales, comunidades negras, organizaciones de lucha por la
tierra… Pero creo que no es bueno que se use el recurso de la descalificación.
Simplemente asumo con humildad esta responsabilidad histórica y esteré presto a
brindar mi modesto aporte, y para ello me asesoraré de los equipos técnicos que
tenemos en la CGT. Nos emplearemos a fondo para que algún día poder acompañar
el proceso de fin de la guerra con las FARC, y esperamos que también con el ELN
haya una mesa de negociación, y con las demás organizaciones al margen de la
ley. Es decir, necesitamos una paz integral para que Colombia se catapulte como
el país más desarrollado de la región.

 

¿Es preciso
decir que en esta comisión Julio Roberto Gómez está representando al movimiento
sindical?

 

Creo que
sería demasiado pretencioso plantear que yo represento al movimiento sindical
en su totalidad, no pretendo arrogarme esa representación. Pero sí represento
la voz de lo social en la Comisión Asesora. Seguramente habrá quienes se
disgusten por mi presencia y mi papel allí. A ellos hay que decirles que
tranquilos, que se serenen, que yo no pretendo representar a quien no se sienta
representado.

 

¿Qué papel
debe jugar el movimiento sindical en la construcción de la paz?

 

Yo creo que
ya está jugando un papel, en la medida en que ha venido organizando a los
trabajadores y a las comunidades, y reivindicando sus derechos; ha venido
avanzando en el planteamiento de la justicia social y la solución de los
problemas de la comunidad. En esa medida el movimiento sindical ha hecho una
contribución grande a la paz. Independientemente de nuestras contradicciones
internas, y más allá de los momentos conflictivos que a veces tenemos, somos un
todo. Lo cierto es que el movimiento sindical ha estado comprometido con la paz
en este país.

 

¿Qué lugar
cree que debe ocupar lo laboral y lo sindical en la agenda del proceso de paz y
el posconflicto?

 

Un proceso
de paz se vería seriamente afectado si no hay respuesta a los fenómenos de
tercerización laboral, a la imposición de los pactos colectivos que cercenan el
derecho a la negociación colectiva, si no hay un marco integral de respeto a la
libertad sindical, a la negociación colectiva y al ejercicio de la actividad
con garantías, que evite que los trabajadores sean despedidos por el simple
hecho de afiliarse a un sindicato. La parte laboral tiene que ver incluso con
ese segmento de 12 millones de colombianos pendientes de una reforma social
agraria. ¿Cómo se va a responder a las reivindicaciones de los campesinos? Eso
tiene que encontrar respuestas. Por eso en el actual proceso de negociación con
el sector público y Fecode el gobierno debe dar buenas respuestas. Eso
contribuye a aclimatar el proceso de paz en el mundo del trabajo.

 

Finalmente,
¿cuál es el modus operandi de la Comisión, cómo van a ser las discusiones?

 

Esto apenas
comienza. Aún no hemos definido un calendario de reuniones. Esperamos aclarar
ese punto en una nueva reunión, pues solo hemos realizado la primera. Tenemos
sí un acuerdo de confidencialidad, que es apenas obvio. Habrá generalidades
sobre las cuales nos podemos pronunciar, pero debemos tener sumo cuidado para
evitar afectar el normal desarrollo de las conversaciones en La Habana.

 

Publicado 24 de marzo de 2015.

 

Fuente:
Escuela Nacional Sindical – Agencia de Información Laboral


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20/01/2015

Un desafío para los trabajadores cubanos

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el 2015 de un 4,4 %
constituye un reto y un importante desafío para los trabajadores cubanos. De
ahí que el proceso de información a los trabajadores de las cifras aprobadas
para el Plan de la Economía y el Presupuesto constituya una tarea estratégica
para el movimiento sindical.


“Sin una participación protagónica de los colectivos de trabajadores en
su capacidad de poner a flote las reservas internas que en términos de
eficiencia ahí existen no será posible alcanzarlo”, dijo Ulises Guilarte De
Nacimiento, secretario general de la CTC.


Por ello la organización obrera ha convocado a un proceso asambleario en
todos los colectivos laborales. “Será durante los meses de enero y febrero ─ y
no desechamos la posibilidad de que se extienda hasta marzo─, en
correspondencia a cómo se comporte el proceso de desagregación del plan hasta
el nivel de unidad empresarial de base.


“Este proceso tiene para nosotros un carácter eminentemente político,
respaldado en el derecho que nos da la Constitución de la República, que señala
que los trabajadores participan en el proceso de dirección de la producción y
amparado en lo que recoge al respecto el Código de Trabajo”, alegó el miembro
del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado.



Ulises,
desde hace muchos años, el plan de la economía es informado a los trabajadores
en asambleas, ¿por qué en estos momentos se insiste tanto en este asunto?


Porque es vital si queremos llegar al 4 % que se espera en la economía.
Justamente el plan se va a caracterizar por potenciar al máximo las reservas
internas de eficiencia. Esto solo será posible si en los colectivos se adquiere
el compromiso de cada uno de los trabajadores en precisar cómo va a aportar y
contribuir de manera directa a la materialización práctica de ese crecimiento
planteado.


Contamos, además, con la autonomía que a partir de los Lineamientos se le
ha dado a la empresa estatal socialista y le permite descentralizar funciones,
y con la reanimación de los sectores fundamentales de la economía que aportan
al encadenamiento productivo. Esa será una dirección estratégica para nosotros
y requiere de acompañamiento e impulso, no desde la simple convocatoria, sino
con un verdadero ejercicio de movilización.



En el
escenario económico actual, ¿qué papel desempeñan las facultades de
flexibilización y mayor autonomía de la empresa estatal socialista?


Se han reducido sustancialmente los indicadores directivos y límites que
conforman el plan de la economía, cuyos resultados condicionan el mejoramiento
de los ingresos a los trabajadores; al propio tiempo se han otorgado mayores
facultades en el proceso de dirección empresarial, para que en correspondencia
con sus potencialidades tecnológicas, los recursos humanos y el espectro del
mercado donde actúa pueda desplegar todas sus potencialidades e iniciativas.


Hoy un empresario decide el objeto social, puede comercializar los medios
básicos ociosos y aprueba a escala de su empresa las formas y sistemas de pago.



La
formalidad es algo que ha permeado este tipo de proceso y las asambleas no
siempre tienen la calidad esperada. ¿Qué han hecho para que no sea así en esta
ocasión?


Hay que romper el mito de la formalidad, si se produce, la imponen
quienes conducen la asamblea; por ello le estamos dando mucha importancia a la
preparación de los empleadores para que no se presenten informes de naturaleza
tecnocrática, atiborrados de cifras y números que no favorezcan el
esclarecimiento y la información de los argumentos que sustentan en términos
financieros y materiales cada indicador del plan y el presupuesto.


Es un paso decisivo y a tal efecto los sindicatos nacionales han
desarrollado una preparación con cada una de sus organizaciones superiores de
dirección empresarial (Osde) o de las empresas en perfeccionamiento para que el
análisis se lleve a cabo con todo rigor y propicie que se les informe a los
trabajadores de una manera clara, puntualizando qué corresponde hacer en cada
lugar y hacia dónde concentrar los resultados que demanda hoy la máxima
dirección de la Revolución.



¿Y qué
preparación han recibido los dirigentes sindicales?


Hemos diseñado y ejecutado de manera muy coherente un programa de
capacitación en diversas modalidades a lo largo y ancho del país y va dirigido
a dotar al dirigente sindical de las herramientas elementales que le permitan
conocer e interpretar conceptualmente y en términos prácticos los indicadores
directivos, si se cumple el encargo estatal, el plan de ventas netas, las
exportaciones, las utilidades y el indicador límite de gasto de salario por
peso de valor agregado, entre otros elementos.


Del mismo modo se han realizado talleres especializados dirigidos a
dominar la estructura de los presupuestos destinados al mejoramiento de las
condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo y la conformación de los
diferentes sistemas de pago.



¿Qué
pueden hacer los afiliados cuando el informe que se presenta no está acorde con
las exigencias planteadas?


Sencillamente, una reunión con esas características no se puede efectuar.
Los dirigentes sindicales son los primeros que tienen que exigir para que eso
no ocurra.


Los afiliados en su desempeño cotidiano tienen el deber de señalar dónde
están las reservas e insuficiencias y, a su vez, las administraciones tienen un
componente adicional de responsabilidad que está en asegurar las materias
primas, insumos, financiamiento y contratación oportuna de los recursos
destinados a los diferentes procesos productivos.



 ¿Qué diferencia existirá en relación con el
año anterior?


Este año se aprobó incorporar la distribución de utilidades o pago por la
eficiencia económica no solo a las empresas en perfeccionamiento, sino a todas
aquellas que cumplan con los indicadores directivos y el indicador límite de gasto
de salario por peso de valor agregado. Eso lo tienen que conocer los obreros y
es una responsabilidad del movimiento sindical explicarles que sus ingresos
dependerán sobre todo de sus aportes y la capacidad de generar las riquezas
suficientes, las cuales hoy tienen la posibilidad después de retribuirse en
ellos como parte de sus ingresos.


Ese será el principal aporte que puede hacer el movimiento sindical
cubano al llamamiento que nos hizo el General de Ejército Raúl Castro Ruz de
crecer en la economía, que esta no sea una asignatura pendiente y se convierta
en lo cotidiano y sistemático.


¿Cómo la gente puede ganar más?, creando más riquezas, y esa es la
dirección principal que en términos de movilización persigue este proceso en el
cual vamos a tener, además, la presencia activa de los principales cuadros de
los sindicatos nacionales y de la CTC presidiendo esas asambleas.


Ahí está la esencia mínima de este proceso, que lejos de ser formal, es
contribuyente, movilizador y político del papel que debe desempeñar el
movimiento sindical en la representación de los derechos de los trabajadores.


Como dueños en el proceso de dirección de la producción, lo menos que
podemos hacer es tener una activa participación en este momento de la
información del plan.


No menos importante resultará el espacio que dediquemos al chequeo de los
acuerdos adoptados en las asambleas de representantes sindicales, en el proceso
de conformación de las cifras del plan y el presupuesto, efectuado en varios
momentos del segundo semestre del año anterior.


En todo el desarrollo de este proceso será vital el aporte en cada
colectivo de las secciones de base de las asociaciones de economistas y
juristas.

 

Ver más: Desafío para
los trabajadores http://www.trabajadores.cu/20150118/desafio-para-los-trabajadores/

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10/01/2015

“Estamos muy orgullosos de ser trabajadores del Estado y vamos a defender la dignidad que nos corresponde”

Sábado 9 de enero de 2016, 

“En cada organismo del Estado las políticas públicas desde limpieza de plazas, recolección de basura, hasta las actividades de carácter científico en laboratorios y universidades, la atención de la salud, el control zoofitosanitario, el desarrollo de la educación, son todas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con derechos de la población que nuestra organización y nuestros trabajadores sostienen cotidianamente”.

¿Tienen ustedes un relevamiento de los despidos que están teniendo lugar en todo el país?

 Lamentablemente el ejemplo de Macri de despedir trabajadores con medidas generales que están llegando en este momento al número de 8 mil trabajadores despedidos en el Estado nacional tiene su correlato en las provincias y en los municipios y también ha empezado a despedir el Gobierno del Frente para la Victoria en Tierra del Fuego, los gobiernos municipales de ese partido en las municipalidades de Catamarca y de La Rioja y también en la provincia de Buenos Aires en los municipios donde gobierna el partido de Macri.

-Ustedes ya declararon el alerta y movilización para el día del paro nacional

 Nosotros como gremio ya hemos declarado el día del paro nacional del 29 de diciembre cuando acompañamos con movilización la carta abierta al presidente Macri, la decisión de convocar al estado de alerta y movilización y a que se realicen asambleas en cada lugar donde haya un despedido y las medidas de fuerza que en esas asambleas se adopten son absolutamente respaldadas por nuestra organización y estamos acompañando cada una de esas medidas de fuerza. Estamos preparando además una convocatoria a reunión nacional para la primera semana de febrero donde de no cambiar la actitud del gobierno nacional respecto de esta ola de despidos, adoptaremos medidas de fuerza de carácter nacional.

-¿Recuerda las políticas de los ’90?

 Por lo tanto hay tanta desprolijidad que no tienen la sistematicidad y programación de la de los años ’90, lo que sí tiene en común con los años ’90 es el desprecio por el trabajador y en particular por el trabajador del Estado a quien se quiere estigmatizar y descalificar cosa que nosotros no vamos a permitir porque si funciona en cada organismo del Estado las políticas públicas desde limpieza de plazas, recolección de basura, hasta las actividades de carácter científico en laboratorios y universidades, la atención de la salud, el control zoofitosanitario, el desarrollo de la educación, son todas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con derechos de la población que nuestra organización y nuestros trabajadores sostienen cotidianamente. Por lo tanto estamos muy orgullosos de ser trabajadores del Estado y vamos a defender la dignidad que nos corresponde y de la que nos sentimos muy orgullosos.

Esta situación que están produciendo a partir del decreto que habilita la revisión de los concursos y de los contratos, nosotros creemos que se va a demostrar que no se está echando a ñoquis porque la absoluta mayoría vamos a reincorporarlos desde la pelea que estamos dando, así como logramos reincorporar a las 15 compañeras del Ministerio de Justicia que son las que sostenían la desclasificación de los archivos que están en la ex Side para llevar claridad a la justicia sobre lo que fue el atentato a la AMIA. Todas las actividades que realizamos los trabajadores estatales están emparentadas con necesidades de la población y por lo tanto, vamos a defender esta condición.

-Macri dijo que el empleo público era una ficción y que el verdadero empleo era el privado porque “agregaba valor”

 El que dice eso es un ignorante porque la multiplicidad de trabajos, de tareas que se realizan en el Estado es exactamente para sostener cuestiones fundamentales de la población. Si la educación es ficticia, si la salud es ficticia, si el desarrollo de la investigación y de la tecnología es ficticio, si el mantenimiento de los servicios para sostener el funcionamiento de las estructuras de las ciudades, de los parques nacionales, de los lugares donde habitamos es ficticio, me parece de un nivel de ignorancia supina y además de desprecio por quienes realizan esas tareas.

Un indicio de esta concepción ya la había dado el ministro Triaca cuando dijo que el bono de fin de año lo tenían que discutir entre los empresarios y los sindicatos y se olvidaba que el bono de fin de año lo estábamos pidiendo los trabajadores estatales a nuestro patrón que es el presidente Macri. En realidad era la excusa para no justificar ningún ámbito de discusión.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

 Por lo tanto, nosotros vamos a defender con mucho orgullo y con mucha energía esta dignidad que tenemos como trabajadores del Estado y por otro lado, vamos a discutir y tomar medidas para cambiar el eje de esta discusión, la discusión tiene que ser terminar con la precariedad laboral en el Estado porque lo perverso de lo que está sucediendo es que el gobierno anterior generó empleo público pero lo hizo en base a la precariedad total dejando a los trabajadores en una situación de absoluta indefensión.

Hay 600 mil trabajadores precarios en el Estado nacional. Cualquier estadística demuestra que la Argentina no es un país que tenga una proporción elevada de empleo público, en cualquier variable que se la mida, se la mida en relación a la población económicamente activa de la que somos el 17% o se mida en relación a la cantidad de la población total donde el porcentaje está alrededor del 7%. Lo que nosotros vamos a defender son los derechos de los trabajadores estatales y el principal derecho es el derecho a la estabilidad laboral. La tarea del estatal es garantizar el derecho que tiene nuestro pueblo de construir mejores condiciones de vida.

* Equipo de Comunicación de la CTA  

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“Estamos muy orgullosos de ser trabajadores del Estado y vamos a defender la dignidad que nos corresponde”

Sábado 9 de enero de 2016, 

“En cada organismo del Estado las políticas públicas desde limpieza de plazas, recolección de basura, hasta las actividades de carácter científico en laboratorios y universidades, la atención de la salud, el control zoofitosanitario, el desarrollo de la educación, son todas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con derechos de la población que nuestra organización y nuestros trabajadores sostienen cotidianamente”.

¿Tienen ustedes un relevamiento de los despidos que están teniendo lugar en todo el país?

 Lamentablemente el ejemplo de Macri de despedir trabajadores con medidas generales que están llegando en este momento al número de 8 mil trabajadores despedidos en el Estado nacional tiene su correlato en las provincias y en los municipios y también ha empezado a despedir el Gobierno del Frente para la Victoria en Tierra del Fuego, los gobiernos municipales de ese partido en las municipalidades de Catamarca y de La Rioja y también en la provincia de Buenos Aires en los municipios donde gobierna el partido de Macri.

-Ustedes ya declararon el alerta y movilización para el día del paro nacional

 Nosotros como gremio ya hemos declarado el día del paro nacional del 29 de diciembre cuando acompañamos con movilización la carta abierta al presidente Macri, la decisión de convocar al estado de alerta y movilización y a que se realicen asambleas en cada lugar donde haya un despedido y las medidas de fuerza que en esas asambleas se adopten son absolutamente respaldadas por nuestra organización y estamos acompañando cada una de esas medidas de fuerza. Estamos preparando además una convocatoria a reunión nacional para la primera semana de febrero donde de no cambiar la actitud del gobierno nacional respecto de esta ola de despidos, adoptaremos medidas de fuerza de carácter nacional.

-¿Recuerda las políticas de los ’90?

 Por lo tanto hay tanta desprolijidad que no tienen la sistematicidad y programación de la de los años ’90, lo que sí tiene en común con los años ’90 es el desprecio por el trabajador y en particular por el trabajador del Estado a quien se quiere estigmatizar y descalificar cosa que nosotros no vamos a permitir porque si funciona en cada organismo del Estado las políticas públicas desde limpieza de plazas, recolección de basura, hasta las actividades de carácter científico en laboratorios y universidades, la atención de la salud, el control zoofitosanitario, el desarrollo de la educación, son todas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas, con derechos de la población que nuestra organización y nuestros trabajadores sostienen cotidianamente. Por lo tanto estamos muy orgullosos de ser trabajadores del Estado y vamos a defender la dignidad que nos corresponde y de la que nos sentimos muy orgullosos.

Esta situación que están produciendo a partir del decreto que habilita la revisión de los concursos y de los contratos, nosotros creemos que se va a demostrar que no se está echando a ñoquis porque la absoluta mayoría vamos a reincorporarlos desde la pelea que estamos dando, así como logramos reincorporar a las 15 compañeras del Ministerio de Justicia que son las que sostenían la desclasificación de los archivos que están en la ex Side para llevar claridad a la justicia sobre lo que fue el atentato a la AMIA. Todas las actividades que realizamos los trabajadores estatales están emparentadas con necesidades de la población y por lo tanto, vamos a defender esta condición.

-Macri dijo que el empleo público era una ficción y que el verdadero empleo era el privado porque “agregaba valor”

 El que dice eso es un ignorante porque la multiplicidad de trabajos, de tareas que se realizan en el Estado es exactamente para sostener cuestiones fundamentales de la población. Si la educación es ficticia, si la salud es ficticia, si el desarrollo de la investigación y de la tecnología es ficticio, si el mantenimiento de los servicios para sostener el funcionamiento de las estructuras de las ciudades, de los parques nacionales, de los lugares donde habitamos es ficticio, me parece de un nivel de ignorancia supina y además de desprecio por quienes realizan esas tareas.

Un indicio de esta concepción ya la había dado el ministro Triaca cuando dijo que el bono de fin de año lo tenían que discutir entre los empresarios y los sindicatos y se olvidaba que el bono de fin de año lo estábamos pidiendo los trabajadores estatales a nuestro patrón que es el presidente Macri. En realidad era la excusa para no justificar ningún ámbito de discusión.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

 Por lo tanto, nosotros vamos a defender con mucho orgullo y con mucha energía esta dignidad que tenemos como trabajadores del Estado y por otro lado, vamos a discutir y tomar medidas para cambiar el eje de esta discusión, la discusión tiene que ser terminar con la precariedad laboral en el Estado porque lo perverso de lo que está sucediendo es que el gobierno anterior generó empleo público pero lo hizo en base a la precariedad total dejando a los trabajadores en una situación de absoluta indefensión.

Hay 600 mil trabajadores precarios en el Estado nacional. Cualquier estadística demuestra que la Argentina no es un país que tenga una proporción elevada de empleo público, en cualquier variable que se la mida, se la mida en relación a la población económicamente activa de la que somos el 17% o se mida en relación a la cantidad de la población total donde el porcentaje está alrededor del 7%. Lo que nosotros vamos a defender son los derechos de los trabajadores estatales y el principal derecho es el derecho a la estabilidad laboral. La tarea del estatal es garantizar el derecho que tiene nuestro pueblo de construir mejores condiciones de vida.

* Equipo de Comunicación de la CTA  

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28/11/2014

Winston Huamán, de la CITE Perú: “Por la Ley de Servicio Civil enjuiciamos legalmente al Gobierno”

Winston Huamán Henríquez, de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), visitó recientemente la sede central de CLATE en Buenos Aires, y luego de reunirse con varios dirigentes locales de la Confederación, dialogó sobre las actuales lucha que viene dando CITE con respecto a la imposición por parte del Gobierno peruano de la Ley de Servicio Civil.

“Todo el año 2013 y hasta junio de 2014 ha sido un período de confrontación muy fuerte entre nuestro gremio y el Gobierno. Un Gobierno que en su momento contó con pleno respaldo de los trabajadores, no sólo del sector público sino también del sector privado para la elección de Ollanta Humala como Presidente”, señaló Winston Huaman Enríquez.
Apuntó que “la reforma que Ollanta ha impuesto es continuidad de lo realizado por los gobiernos anteriores. Los trabajadores entendemos que es parte del modelo que viene instalándose en  nuestro país. Nosotros pensábamos que este Gobierno iba a hacer un cambio pero se ha profundizado el continuismo. Respecto a la reforma del Estado se ha pretendido consumar de una manera muy impositiva la flexibilización laboral, que está a punto de definirse en el Tribunal Constitucional, en el aspecto más crucial para nosotros que es el derecho a la libertad sindical.
Las huelgas, las marchas y finalmente la mesa de diálogo que se tuvo con el propio Presidente llevaron a que se produzcan ciertas correcciones de dicha ley, como por ejemplo que el tránsito hacia la misma, o el hecho de postular o no a un puesto de ese Servicio Civil recién creado, será voluntario. Un trabajador del régimen 276, por ejemplo, al que yo pertenezco desde hace 37 años, u otro régimen como el 728 de la época negra de Fujimori, decidirán si postulan o no, cuando estén ya los perfiles estructurados y los requisitos para tal o cual puesto. Quienes decidieran no postular, sencillamente se jubilarán dentro de su régimen.
Todo esto provoca una situación muy dramática en nuestra Patria. Se da el caso que un trabajador con 20 años de servicio, si va a postular a ese nuevo régimen, se le liquidaran esos 20 0 30 años que tenga trabajados. Y esa liquidación significarán como máximo un monto de 36 soles (aproximadamente 6 dólares) por cada año de servicio. Por otro lado, el que ha pasado los 20 o incluso los 30, (el tope son 30 años), cobrará 72 soles (12 dólares) por cada año de labor. Por ello, nosotros decimos que esto es un crimen que se quiere consumar contra la vejez de los trabajadores que han entregado su vida al Estado.
Esto nos ha llevado a tomar la decisión de enjuiciar legalmente al Gobierno. Cinco demandas de inconstitucionalidad tiene esta ley, una de ellas presentada por el 25% del Pleno del Congreso (sobre 130 congresistas o diputados), que van a tramitar esta demanda en la Corte Interamericana.

La pertenencia a CLATE
Si el mundo sindical, a nivel internacional, evalúa y ve nuestra experiencia de trabajo conjunto en la CLATE, seguramente se convencerían que esa puede se la salida positiva para el movimiento sindical mundial. En CLATE estamos todos, de diferentes pensamientos, credos y posiciones políticas. Nosotros podemos señalar que como servidores públicos peruanos hemos recibido un apoyo grande de CLATE a nuestra lucha, porque la sola documentación que presentamos como Confederación al Gobierno, lo puso en una situación muy difícil, Cómo puede ser que una ley se apruebe y hasta hoy no entra en vigencia. En todo este período que va desde junio del año pasado hasta el presente, no hay ninguna entidad sindical que haya transitado hacia el Servicio Civil.
Se dio el caso que en la 18 Reunión de la OIT que se realizó este año en Lima, ni el Presidente del encuentro, que fue el ministro de Trabajo, ni el Presidente Humala, mencionaron la Ley de Servicio Civil como un paso a exhibir de este Gobierno. Eso a nosotros nos indica que la ley no tiene razón de ser, porque si ahora mismo está enfrentando cinco demandas de inconstitucionalidad más la próxima toma de posición por parte de los expertos de OIT que la están analizando, es que no sirve. Si además tenemos en cuenta que se trata de una norma que enfrenta procesos judiciales como es la demanda de acción popular frente a la violación de la noción colectiva remunerativa de los trabajadores municipales, que en nuestro país son 180 mil, más la demanda de la CITE para sincerar lo que allá se denomina la unidad remunerativa pública para que esos montos (que van de 36 a 72 soles) tengan que variar, porque en suma no puede ser que un régimen laboral reciba un sueldo completo, todos estos aspectos cuestionan la ley.
Los que van a ir a esta ley de Servicio Civil recibirán el promedio de las últimas 36 compensaciones como dice la norma. La pregunta surge sola: ¿cómo puede ser que el régimen más antiguo. que viene desde el año 1984, se vea discriminado y condenado a recibir esas sumas que para cualquier país del continente resultan irrisorias?

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Winston Huamán, de la CITE Perú: “Por la Ley de Servicio Civil enjuiciamos legalmente al Gobierno”

Winston Huamán Henríquez, de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), visitó recientemente la sede central de CLATE en Buenos Aires, y luego de reunirse con varios dirigentes locales de la Confederación, dialogó sobre las actuales lucha que viene dando CITE con respecto a la imposición por parte del Gobierno peruano de la Ley de Servicio Civil.

“Todo el año 2013 y hasta junio de 2014 ha sido un período de confrontación muy fuerte entre nuestro gremio y el Gobierno. Un Gobierno que en su momento contó con pleno respaldo de los trabajadores, no sólo del sector público sino también del sector privado para la elección de Ollanta Humala como Presidente”, señaló Winston Huaman Enríquez.
Apuntó que “la reforma que Ollanta ha impuesto es continuidad de lo realizado por los gobiernos anteriores. Los trabajadores entendemos que es parte del modelo que viene instalándose en  nuestro país. Nosotros pensábamos que este Gobierno iba a hacer un cambio pero se ha profundizado el continuismo. Respecto a la reforma del Estado se ha pretendido consumar de una manera muy impositiva la flexibilización laboral, que está a punto de definirse en el Tribunal Constitucional, en el aspecto más crucial para nosotros que es el derecho a la libertad sindical.
Las huelgas, las marchas y finalmente la mesa de diálogo que se tuvo con el propio Presidente llevaron a que se produzcan ciertas correcciones de dicha ley, como por ejemplo que el tránsito hacia la misma, o el hecho de postular o no a un puesto de ese Servicio Civil recién creado, será voluntario. Un trabajador del régimen 276, por ejemplo, al que yo pertenezco desde hace 37 años, u otro régimen como el 728 de la época negra de Fujimori, decidirán si postulan o no, cuando estén ya los perfiles estructurados y los requisitos para tal o cual puesto. Quienes decidieran no postular, sencillamente se jubilarán dentro de su régimen.
Todo esto provoca una situación muy dramática en nuestra Patria. Se da el caso que un trabajador con 20 años de servicio, si va a postular a ese nuevo régimen, se le liquidaran esos 20 0 30 años que tenga trabajados. Y esa liquidación significarán como máximo un monto de 36 soles (aproximadamente 6 dólares) por cada año de servicio. Por otro lado, el que ha pasado los 20 o incluso los 30, (el tope son 30 años), cobrará 72 soles (12 dólares) por cada año de labor. Por ello, nosotros decimos que esto es un crimen que se quiere consumar contra la vejez de los trabajadores que han entregado su vida al Estado.
Esto nos ha llevado a tomar la decisión de enjuiciar legalmente al Gobierno. Cinco demandas de inconstitucionalidad tiene esta ley, una de ellas presentada por el 25% del Pleno del Congreso (sobre 130 congresistas o diputados), que van a tramitar esta demanda en la Corte Interamericana.

La pertenencia a CLATE
Si el mundo sindical, a nivel internacional, evalúa y ve nuestra experiencia de trabajo conjunto en la CLATE, seguramente se convencerían que esa puede se la salida positiva para el movimiento sindical mundial. En CLATE estamos todos, de diferentes pensamientos, credos y posiciones políticas. Nosotros podemos señalar que como servidores públicos peruanos hemos recibido un apoyo grande de CLATE a nuestra lucha, porque la sola documentación que presentamos como Confederación al Gobierno, lo puso en una situación muy difícil, Cómo puede ser que una ley se apruebe y hasta hoy no entra en vigencia. En todo este período que va desde junio del año pasado hasta el presente, no hay ninguna entidad sindical que haya transitado hacia el Servicio Civil.
Se dio el caso que en la 18 Reunión de la OIT que se realizó este año en Lima, ni el Presidente del encuentro, que fue el ministro de Trabajo, ni el Presidente Humala, mencionaron la Ley de Servicio Civil como un paso a exhibir de este Gobierno. Eso a nosotros nos indica que la ley no tiene razón de ser, porque si ahora mismo está enfrentando cinco demandas de inconstitucionalidad más la próxima toma de posición por parte de los expertos de OIT que la están analizando, es que no sirve. Si además tenemos en cuenta que se trata de una norma que enfrenta procesos judiciales como es la demanda de acción popular frente a la violación de la noción colectiva remunerativa de los trabajadores municipales, que en nuestro país son 180 mil, más la demanda de la CITE para sincerar lo que allá se denomina la unidad remunerativa pública para que esos montos (que van de 36 a 72 soles) tengan que variar, porque en suma no puede ser que un régimen laboral reciba un sueldo completo, todos estos aspectos cuestionan la ley.
Los que van a ir a esta ley de Servicio Civil recibirán el promedio de las últimas 36 compensaciones como dice la norma. La pregunta surge sola: ¿cómo puede ser que el régimen más antiguo. que viene desde el año 1984, se vea discriminado y condenado a recibir esas sumas que para cualquier país del continente resultan irrisorias?

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27/08/2014

ARGENTINA: Víctor Mendibil abogó por la necesidad de enfrentar a los tentáculos del ALCA en el continente

El referente de la Federación Judicial Argentina Víctor Mendibil participó junto a sus compañeros de gremio, Julio Bartomeu y José Luis Ronconi, de la Celebración del 50 aniversario de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, de Uruguay (COFE), y allí tuvo una activa participación en la condena al Tratado de Libre Comercio de Servicios (TISA).  En una posterior entrevista con la web de CLATE,  Mendibil señaló que fue muy importante en ese aspecto el informe presentado por el Instituto Sindical que preside Antonio Elías (asesor de COFE). En el mismo se menciona que en mayo de este año tuvieron conocimiento a través de un cable periodístico que el Comisario Europeo de Comercio manifestaba que la Unión Europea celebraba el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA, y que respaldaba firmemente su participación de ahora en adelante. “Es evidente, dice Mendibil, que ha habido una decisión política tomada en el máximo nivel del Ejecutivo uruguayo de establecer relaciones para que se plantee la posibilidad de que ante la crisis económica mundial se eliminen fronteras y se desregule. Y esto ocurre a pesar de que en 2005, por la lucha de los pueblos se derrotó al ALCA en Mar del Plata, pero es evidente que el imperio estadounidense sigue avanzando de diferentes maneras”.
El dirigente judicial enfatizó´en que el objetivo del acuerdo es liberalizar el comercio,  las inversiones y servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al Capital en todos los sectores, incluso en los servicios públicos. Esta decisión del gobierno frenteamplista fue tomada sin consultar al Parlamento, y esto es así ya que al parecer, varios senadores, entre ellos Enrique Rubio, Eduardo Lorier y Alberto Curiel, miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, se excusaron de opinar por no tener información de lo que se estaba llevando adelante a nivel oficial.
“Como todas estas cuestiones, lo sabemos muy bien en Argentina, una de las condiciones de estos Tratados es que son secretos. Así ocurrió con Chevrón en Vaca Muerta, que no fue tratado en el Congreso de la Nación ni en otro organismo similar”, aportó Mendibil.
Tomando en cuenta lo planteado por el Instituto del COFE, Mendibil manifestó “que los sindicatos de CLATE presentes en el encuentro realizado en Montevideo, fuimos durante muchos años protagonistas del enfrentamiento contra las iniciativas del Consenso de Washington y de Santa Fe II, y que habíamos planteado muchas de estas cosas en los Foros Sociales Mundiales. Todo esto había germinado en el gran movimiento contra el ALCA y finalmente la derrota de ese planteo imperial, con la presencia del Comandante Hugo Chávez. Recordemos que fue precisamente él, quien manifestó que estábamos enterrando al ALCA en lo más profundo del Pacífico. Efectivamente eso sucedió para ese proyecto, pero el Imperio, a través de sus distintos tentáculos ya no apunta a un acuerdo general con todos los países, sino a establecer vínculos país por país”. De acuerdo a esta posición, “se ha hecho con algunos países de la Alianza para el Pacífico, o de Tratados con la UE, o Israel que intenta firmar convenios con Mercosur, Brasil y otros países”.
Este tipo de tratados, apunta Mendibil, significan que todos los beneficios conquistados, como la salud y la educación pública y otros instrumentos solidarios gestados durante años, deben ir desapareciendo, porque según estos convenios se trata de “competencia desleal”, ya que al ofrecer un servicio gratuito, complican la situación de los inversores que llegan a los países para obtener ganancias y no pérdidas.
En ese marco, denuncié esta situación y sostuve que era oportuno y necesario que quienes nos encontrábamos reunidos en Montevideo emitiéramos una resolución y la militáramos a nivel continental. Julio Fuentes lo puso a discusión y esto se aprobó, decidiéndose redactar un texto, que finalmente fue aprobado por unanimidad. (ver texto completo en esta misma web)

Mendivil aprovechó la entrevista para destacar también como un hecho importante la presencia de COFE en Ecuador, solidarizándose con los estatales de ese país que sufren por parte del Gobierno un ataque a sus derechos.

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