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13/08/2012

DOCUMENTO FINAL DEL XI CONGRESO GENERAL DE LA CLATE “TUCAPEL JIMÉNEZ ALFARO”


Texto compledo del documento final del XI Congreso General de la CLATE "Tucapel Jiménez Alfaro".



1. Introducción

 

 

Quienes nos convocamos en este XI Congreso General de la CLATE compartimos una historia de luchas y resistencias. Fue en el devenir de la historia latinoamericana y caribeña que forjamos nuestra identidad como pueblos. Ese marco fue el que dio origen a nuestras primeras organizaciones sindicales, que nacieron a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, como parte del trabajo organizativo de la clase trabajadora por mejores condiciones de vida y participación política. Con tradiciones diversas, moldeadas por las principales corrientes del pensamiento moderno, se fueron forjando nuestros primeros sindicatos, federaciones y confederaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

 

 

 

Cuando el 25 de Febrero de 1967 fundamos nuestra CLATE definimos los principios que nos servirían de guía: unidad, pluralismo, autonomía y democracia. A lo largo de estos 45 años supimos mantener vigentes las convicciones que nos dieron origen. Construimos la unidad en la heterogeneidad de posiciones y concepciones políticas, con pleno respeto a la pluralidad de pensamiento que en cada uno de nuestros sindicatos se expresa. Con una actitud democrática a la hora de tomar decisiones, pero también con la firme convicción acerca de la autonomía que debe tener una organización sindical internacional respecto del poder político y económico, tanto el nacional como el trasnacional.

 

 

 

Quienes integramos la CLATE sostuvimos objetivos gremiales comunes claros y definidos desde el comienzo. Nuestras luchas siempre llevaron en alto las banderas del derecho a la plena libertad sindical; el ejercicio efectivo del derecho de agremiación y huelga; la negociación colectiva; la promoción y estabilidad del servidor público; la implantación y efectivo funcionamiento de la carrera administrativa; la dignificación y jerarquización de la función pública y la participación del trabajador estatal en todos los aspectos de interés social y laboral.

 

 

 

Estas fueron nuestras definiciones en el primer I Congreso General de la CLATE realizado en la ciudad de Chapadmalal (Argentina), en febrero de 1967. A más de cuatro décadas de aquel encuentro, podemos asegurar que no nos equivocamos en la senda que elegimos. Quienes abogaron por otros caminos, quienes flaquearon en su lucha o desconfiaron de la posibilidad de un cambio real protagonizado por la clase trabajadora contemplan hoy sin respuestas la crisis profunda que vive el sistema. Quienes confiamos en nuestra capacidad para encontrar salidas alternativas y estamos seguros de que el cambio sólo es posible a través de la unidad y la acción organizada de la clase trabajadora tenemos la esperanza de que un futuro mejor nos espera.

 

 

 

2. Análisis y perspectivas de la etapa

 

El presente que nos convoca nos plantea numerosos desafíos. Atravesamos una etapa en la que, por un lado, el mundo capitalista está nuevamente en crisis. En las principales economías del mundo las quiebras financieras y los ajustes fiscales están a la orden del día. Frente a este panorama, los gobiernos de los países desarrollados han vuelto a considerar la intervención del Estado en la economía. Sin embargo han elegido hacerlo mediante gigantescos subsidios al sector financiero y, en paralelo, han aplicado severas medidas de ajuste que descargan todo su peso sobre la clase trabajadora.

 

 

 

La región de América Latina y el Caribe, por su parte, parece estar gozando de una suerte de primavera económica. Después de la crisis que llevó a muchos de sus países a entrar en cesación de pagos, fruto de las recetas emanadas del Fondo Monetario Internacional, la región viene experimentando varios años crecimiento económico sostenido. Este cuadro de situación se ve acompañado por la aparición de una serie de gobiernos que, con distintas estrategias en cada país, marcaron un quiebre del paradigma neoliberal. En distintos puntos del continente llegaron democráticamente al poder presidentes que empezaron apartarse del llamado Consenso de Washington. De carácter progresista o revolucionario, esos gobiernos fueron aplicando medidas de distinta índole. Desde políticas macroeconómicas autónomas hasta nacionalizaciones, desde el rechazo al ALCA a la conformación de la CELAC y la UNASUR.

 

 

 

Más allá de la caracterización y valoración que pueda hacerse de estos gobiernos, puede afirmarse que con distinta intensidad y con diferentes matices empezaron a tomar medidas tendientes a revertir los procesos de liberalización indiscriminada de las economías de la región. Tal proceso implicó repensar el rol de los Estados nacionales. Pero esos cambios en materia política y económica, no se vieron reflejados en la misma medida en una apertura hacia la participación política y el reconocimiento de las demandas históricas del movimiento obrero organizado.

 

 

 

Tampoco se revirtieron aspectos como la trasnacionalización de nuestras economías en lo que hace a la explotación de sus recursos naturales, ni la desestructuración de los Estados en lo que hace a su capacidad de brindar servicios básicos esenciales. La herencia de la década neoliberal no se superó completamente. Las estructuras estatales siguen organizadas en función de los intereses de sectores del poder económico más concentrado, tanto local como internacional. En nuestra región, pese al crecimiento económico, el 40% de los hogares son pobres y sólo reciben el 15% del ingreso total. A su vez, 53 millones de seres humanos sufren hambre y la mortalidad infantil llega al 19 x mil.

 

 

 

Parte del debate en torno al cambio social que nuestra región necesita pasa por una revalorización del rol del Estado. En la etapa actual, la CLATE, tiene la potencialidad de unirse para avanzar y definir qué tipo de Estado y de sociedad queremos las naciones de América Latina y el Caribe. Necesitamos una CLATE que sea capaz de recuperar no sólo el poder del Estado sino también el “para qué”.

 

 

 

Los trabajadores del Estado tenemos una particularidad: nosotros somos el Estado, somos quienes lo hacemos funcionar día a día. Conocemos sus falencias y sus potencialidades. No hay Estado sin trabajadores estatales. Y si queremos cambiar el tipo de Estado que tenemos y las políticas públicas que emanan de él tenemos que afirmarnos como trabajadores de pleno derecho. Estatales, servidores públicos, funcionarios ó empleados fiscales, somos todos parte de la clase trabajadora.

 

 

 

Para afirmar esa posición se requiere indefectiblemente luchar por nuestro derecho a la sindicalización, de manera libre y democrática. Y el otro punto de partida de nuestras reivindicaciones es el derecho a celebrar Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Esa es nuestra principal herramienta de organización y lucha. Es a través de los CCT que podemos empezar a discutir las condiciones laborales en el Estado que nos emplea y al cual aspiramos a mejorar, a hacer más eficiente y a profesionalizar. Porque un Estado distinto, activo, eficaz y eficiente requiere de trabajadores calificados, jerarquizados y comprometidos con las políticas que llevan adelante.

 

 

 

Aspiramos a ser constructores de un Estado capaz de poner freno al desastre al cual nos lleva la economía capitalista, con políticas autónomas y soberanas respecto al poder económico. Ese es nuestro desafío y ese debe ser nuestro aporte para que la crisis no se descargue una vez más sobre los trabajadores y los sectores populares. Lo reivindicativo y lo político van de la mano. Pero debemos insistir, tenemos que defender nuestra autonomía. Porque aspiramos, como clase trabajadora, a ser protagonistas de los procesos de cambio.

 

 

 

3. Resoluciones

 

 

 

Los delegados de las organizaciones sindicales miembro de la CLATE, provenientes de 16 países de Latinoamérica y el Caribe representados en el XI Congreso General “Tucapel Jiménez Alfaro” resuelven:

 

 

 

a)    Iniciar un proceso coordinado de trabajo entre todas las organizaciones miembro en torno a la siguientes áreas prioritarias de trabajo:

 

 

 

-      Formación: se trabajará en la formación de cuadros políticos sindicales, considerando que esta tarea es parte de la batalla cultural y del debate ideológico y político con el poder. Para ello se construirán ámbitos y espacios organizativos destinados a tal efecto.

 

-       Comunicación: nos abocaremos al desarrollo de herramientas de comunicación propia, como se viene haciendo con el sitio de Internet de la CLATE.  Sumaremos esfuerzos para romper el cerco informativo que nos imponen los medios privados y gubernamentales. Promoveremos el sentido de pertenencia de nuestros compañeros e intentaremos generar opinión pública. Nuestras herramientas de prensa servirán para informar e informarnos, y sobre todo, para proveer de claves de interpretación del mundo complejo en el que vivimos.

 

-       Coordinación de equipos jurídicos: tanto en temas vinculados con el ejercicio de la libertad sindical, como en la defensa de las garantías democráticas, nuestras organizaciones requieren de la asistencia de compañeros abogados y abogadas que, comprometidos con la causa de los trabajadores, acompañen la tarea de la organización. Conformaremos equipos de coordinación dedicados a compartir e intercambiar las experiencias de cada país. Esto nos permitirá potenciar la tarea de nuestros equipos jurídicos y nos dará capacidad para difundir denuncias en ámbitos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

-       Investigación: para transformar la realidad hay que conocerla. Contar con información específica y actualizada en materia económica, social y política de cada unos de nuestros países, y de nuestra región en general, es necesario para realizar diagnósticos adecuados y organizar en función de ellos nuestras estrategias de lucha. Es por ello que coordinaremos y articularemos los equipos de investigación de cada una de nuestras organizaciones, con la intención de fortalecernos y de estar en mejores condiciones para profundizar el debate de ideas con sólidas argumentaciones y estudios.

 

 

 

Además de estas líneas de trabajo, acordamos modificar la conformación del Comité Ejecutivo. Esta decisión responde, por un lado, a la necesidad de dotar al máximo cuerpo orgánico de la CLATE de un cargo con mayor capacidad operativa y de ejecutividad. Para ello se decide eliminar la Vice Presidencia 3º y crear el cargo de Secretaría General. A su vez, resolvemos jerarquizar las funciones vinculadas a las temáticas de género e igualdad de oportunidades, para lo cual decidimos crear la respectiva Secretaría. Asimismo, y dada la importancia de que reviste el tema de los Derecho Humanos acordamos ratificar y darle carácter estatutario a la Secretaría de Derechos Humanos.

 

 

 

De este modo esperamos reforzar nuestra institucionalidad. Este es un requisito clave si queremos pasar a la ofensiva. Porque es tiempo de recuperar derechos, de avanzar hacia el tipo de sociedades que queremos. La crisis del capitalismo nos abre una oportunidad en la medida que el mundo que se desmorona deja a la vista sus falacias y contradicciones. Está en nosotros ser capaces de construir la alternativa.

 

 

 

Somos los continuadores de estos 45 años de historia. Construyamos unidos el futuro que tenemos por delante.   

 

                                   

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012.

 

XI Congreso General de la

 

Confederación Latinoamericana de

 

Trabajadores Estatales

 

“Tucapel Jiménez Alfaro”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. Declaraciones

 

 

 

Los delegados de las organizaciones sindicales miembro de la CLATE, provenientes de 16 países de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay)  declaran en el marco del XI Congreso General de la CLATE “Tucapel Jiménez Alfaro” lo siguiente:

 

 

 

En relación al golpe de Estado en Paraguay,

 

 

 

-       Rechazamos enérgicamente el golpe de Estado parlamentario acaecido en la República del Paraguay.

 

-       Denunciamos los intereses espurios de los grandes terratenientes, de empresas transnacionales como Monsanto o Río Tinto-Alcam y del propio imperialismo norteamericano que están detrás de este flagrante atentado contra el sistema democrático paraguayo.

 

-       Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del hermano país y sus organizaciones, exigiendo la inmediata reposición del presidente constitucional electo por el pueblo y la plena vigencia de las libertades y los derechos humanos en la República del Paraguay.

 

-       Exigimos el cese de despidos de trabajadores del Estado.

 

-       Repudiamos  la violación de los Convenios Colectivos de Trabajo.

 

-       Exigimos el fin de la persecución ideológica.

 

-       Asumimos la lucha del pueblo paraguayo por la democracia como nuestra propia lucha.

 

 

 

En relación al golpe de Estado de Honduras de 2009 y la actual situación política de ese hermano país,

 

 

 

-     Declaramos nuestro firme y enérgico repudio al golpe de estado.

 

-     Consideramos que, al igual que lo ocurrido en Paraguay en 2012, esos hechos políticos, además de representar un ataque concreto a la democracia y el estado de derecho, significan un desprecio por la soberanía popular.

 

-     Denunciamos asimismo que este quiebre del orden constitucional es una avanzada de la derecha y de los grupos de poder económico locales, aliados al imperialismo norteamericano, contra todo intento de construir una democracia socialmente justa, soberana y con activa participación popular.

 

-     Nos manifestamos en contra del reconocimiento del gobierno surgido del proceso electoral ilegítimo y proscriptivo  que abrió el golpe de Estado.

 

-     Expresamos nuestra solidaridad hacia el pueblo hondureño, y declaramos nuestro apoyo a la resistencia de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales de esta nación hermana, en su lucha por una democracia plena, popular e inclusiva.

 

 

 

 

 

En relación a la situación de los Cinco Héroes Cubanos,

 

 

 

-       Adherimos a la declaración del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública de Cuba (SNTAP), que se transcribe a continuación:

 

 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMITÉ NACIONAL

 

DECLARACIÓN

 

Trabajadoras y Trabajadores de todo el mundo:

 

El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, adscrito a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en el aniversario 50 de su constitución y en representación de todos sus afiliados, ratifica su firme convicción y adhesión plena a todas las acciones que a lo largo y ancho de nuestro archipiélago y en las tribunas de cualquier país abogan por la inmediata y definitiva liberación de nuestros Cinco Héroes Prisioneros del Imperio y levantan sus voces contra el injusto y criminal Bloqueo que por más de medio siglo mantiene el gobierno imperialista norteamericano, calificado como genocidio por sus nefastas consecuencias para nuestro noble y laborioso pueblo, como muestra de su prepotente y arcaica política, la que más que a su electorado, representa los intereses espurios de una minoría de politiqueros y apátridas que no se resignan a la idea de aceptar a un pequeño país que por más de un siglo solo ha deseado realizar sus sueños de independencia, justicia y libertad.       

 

Pese a los reiterados y cada vez más crecientes llamados de justicia y racionalidad, continúa el cruel e inhumano encarcelamiento de Gerardo Hernández Nordelo, René González Schewerert, Ramón Lobañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, como otra prueba inequívoca del injusto sistema judicial norteamericano, que durante siglos ha segado numerosas vidas inocentes arguyendo el falso pretexto de amenazar la seguridad nacional de su país.

 

A pesar de haberse probado fehacientemente que Los Cinco no constituyen riesgo alguno para el pueblo y gobierno de los Estados Unidos por parte del Comité de Apelaciones de la Corte del 11no Circuito de Atlanta; de la manipulación mediática del caso; del clima de hostilidad política y judicial en que se desarrolló el proceso; de las violaciones de elementales normas del derecho internacional y de las propias leyes norteamericanas, cinco de nuestros más valerosos hijos continúan injustamente encarcelados en ese vecino país en condiciones sistemáticamente denunciadas de abuso y discriminación por el único delito de defender a su pueblo y al propio pueblo norteamericano del terrorismo.

 

Ello evidencia la prepotencia y el doble rasero con que el imperio manipula a su antojo la justicia, pues mantiene, entre otros, al connotado e inescrupuloso terrorista internacional Luis Posada Carriles paseando libremente por su calles, desoyendo el llamado internacional y de la justicia venezolana, que ha reclamado reiteradamente su extradición para juzgarlo por sus numerosos crímenes, al amparo de la mafia cubano-americana de Miami, la CIA y el propio gobierno norteamericano.

 

Lejos de rectificar, el gobierno de estados unidos ha recrudecido el maltrato a nuestros cinco compatriotas, negándole sucesivos recursos legales interpuestos para hacer valer sus derechos y enmendar la injusticia, que incluye la privación del derecho elemental a ser visitados por sus familiares y, en el caso de René, el poder regresar a Cuba para que cumpliera en su patria los tres años de “libertad supervisada” impuesta al término de su injusta condena, poniendo el perenne riesgo su vida dado el consabido ambiente de odio e intolerancia que hacia ellos ha sido fabricado en Miami.

 

Similar obstinación ha sido la que han mantenido sucesivas administraciones norteamericanas durante más de 50 años para eternizar un criminal y obsoleto bloqueo financiero, económico y comercial contra nuestro pueblo, a pesar del rechazo de la mayoría absoluta de países, por su carácter inhumano, ilegal y genocida, el que solo la ciega prepotencia imperialista permite ignorar las resoluciones que cada año en la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigen su eliminación.

 

Es por ello que los trabajadores que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, como parte indisoluble del pueblo cubano, con la solidaridad manifiesta de un número cada vez más creciente de organizaciones sindicales y obreras extranjeras amigas que han formado activos comités de solidaridad en sus respectivos países. DECLARAMOS que:

 

CONTINUAREMOS llevando a todos los rincones del mundo la verdad de nuestros cinco héroes injustamente prisioneros del imperio, para romper el muro de silencio que se pretende imponer y desenmascarar las campañas mediáticas fabricadas y controladas por el imperio.

 

RECLAMAMO que se haga justicia mediante la excarcelación y el regreso inmediato de nuestros cinco compatriotas a su patria y al seno de su gran familia, que es todo el pueblo cubano.

 

EXIGIMOS que se satisfaga el reclamo de nuestro pueblo al cese definitivo e incondicional del bloqueo del gobierno norteamericano a Cuba y se cumpla la voluntad universal expresada en las sucesivas resoluciones de condena adoptadas en la ONU.

 

CONVOCAMOS a todos los hombres y mujeres justos del mundo, especialmente a los trabajadores y al pueblo norteamericano, que ha sufrido en carne propia los efectos del terrorismo a sumarse a nuestro justo reclamo.

 

REITERAMOS que no cejaremos jamás en el empeño de denunciar la injusticia, de lograr el regreso definitivo de nuestros Cinco Héroes a la patria y el levantamiento definitivo del bloque de Estados Unidos contra Cuba.

 

 

 

                                                                               Comisión Nacional del SNTAP

 

 

 

En relación al caso Sitramun-Lima vs Estado Peruano,

 

 

 

-       Adherimos a la declaración del Sindicato CITE de Perú, que se transcribe a continuación:

 

 

 

VISTOS

 

Los dieciséis años transcurridos desde que fueron despedidos alrededor de un mil trabajadores por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y

 

CONSIDERANDO

 

Que, la trascendencia y la convivencia humana es factible sólo cuando el bien común la inspira y se hace viable en el respecto a la legalidad,

 

Que, en el afán de explotar unos pocos a las mayorías, en la década del 90 del siglo pasado se dictaron políticas a nivel internacional a fin de aniquilar la función tuitiva del Estado minimizando su rol social, y por consiguiente reduciendo masivamente al personal, todo esto de la mano con el dictado de nuevas normas Constitucionales,

 

Que, el Perú no fue la excepción, y específicamente desde marzo de 1996 en el sector municipal, su ciudad capital, se despidieron cerca de mil trabajadores, en el marco de una paralización indefinida de labores,

 

 

Que, se promovieron acciones judiciales, las mismas que ordenaron la reposición de los trabajadores, sentencias que al no cumplirse dieron lugar a acciones internacionales,

 

Que luego de varios años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de febrero de 2006 dicta para el presente caso signado como el 12084 una sentencia con la que se exige el cumplimiento de parte del Estado Peruano de las sentencias judiciales incumplidas,

 

Que, sin embargo, se mantiene pendiente la reposición de menos de cien trabajadores, pese al plazo de un año dictado por la Corte Interamericana, más aún están pendientes las indemnizaciones moral y la material, la primera parcialmente, y la segunda totalmente,

 

Que, el Estado Peruano, a través de su Poder Judicial y del Poder Ejecutivo que podría promover métodos resolutivos, se encuentra en falta en relación incluso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que ya se ha excedido un lustro respecto al plazo final de cumplimiento de la sentencia aludida,

 

Que, en virtud del internacionalismo que caracteriza a los servidores públicos agrupados en la unitaria CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES DEL ESTADO, por unanimidad, y de conformidad con lo solicitado por la delegación peruana,

 

ACUERDA:

 

Primero.- Exhortar al Estado Peruano a que instale un Comité con amplios poderes y en forma paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima, a fin de que adopte los mecanismos pertinentes, a efectos de reponer a la totalidad de los trabajadores municipales de Lima despedidos durante el año de 1996, cumpliendo con la totalidad de los puntos resolutivos de la Sentencia del 7 de febrero de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso 12084.

 

Segundo.- Recomendar al Estado Peruano que proceda a negociar, o a adoptar un mecanismo arbitral de ser el caso, lo relativo a la indemnización material, a efectos de que no se prolongue más la expectativa reivindicatoria del trabajador, ya que tenemos entendido que los peritajes ordenados podrían merecer mil dilaciones más.

 

Tercero.- El Consejo Directivo de la CLATE se apersonará al Perú para dar atención directa al presente caso, y en su momento se adoptarán medidas a nivel internacional de parte de la totalidad de trabajadores del Estado de Latinoamérica.

 

 

 

 

CITE - SITRAMUN (PERÚ)

 

 

 

En relación a la situación de los trabajadores del Instituto Penitenciario de Colombia (INPEC),

 

 

 

-       Declaramos nuestra solidaridad con el la UTP de Colombia, en los términos que se transcriben a continuación:

 

 

Considerando:

 

La lucha que vienen librando los trabajadores del Instituto Penitenciario de Colombia (INPEC), representados por la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia (UTP), afiliadas a la UTRADEC y CGT, por dignificar y humanizar las cárceles colombianas, ante el hacinamiento y deficiencias de atención en salud de los internos.

 

La necesidad también de mejorar las actuales condiciones de trabajo que superan las 110 horas de trabajo semanales: Con una planta de personal insuficiente, con carencias en materia de garantías sindicales, violaciones al foro sindical y amenazas de criminalizar la protesta.

 

Que este Congreso ha recibido el informe de la UTRADEC, y es consciente de las difíciles circunstancias en que se desarrolla la actividad sindical en la República de Colombia, por lo que expresa su solidaridad y respaldo a las acciones del sindicalismo del Sector Público en Colombia, en defensa de la función social del Estado y los derechos de los trabajadores Estatales.

 

Resuelve:

 

1) Solicitar a la Señora Ministra de Justicia, Doctora Ruth Sella Correa, dialogar y escuchar las propuestas de la UTP ante el problema humanitario y sanitario que representa la superpoblación en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, para que se construyan soluciones concordadas a la problemática en cuestión.

 

2) Rechazar cualquier solución que pase por la privatización y entrega de los centros de reclusión en concesión a particulares, así como también por propuestas de reformas unilaterales a la política criminal y penitenciaria.

 

3) Desarrollar, como en efecto se hace, la más irrestricta solidaridad con los trabajadores colombianos y en particular con las luchas de los estatales, en especial de la UTP, y la próxima movilización nacional del 14 de agosto, convocada por el Comando Nacional Unitario por la construcción de un modelo de salud al servicio del pueblo. “Salud: Derecho de todos, deber del Estado”.

 

 

 

 

 

En relación a la situación de los trabajadores judiciales de la provincia de Chubut (Argentina),

 

 

 

-       Adherimos a las demandas efectuadas al gobierno de la provincia de Chubut en los términos que a continuación se transcriben:

 

 

 

Se exige al gobierno de la provincia de Chubut deje sin efecto el acuerdo salarial firmado el 11 de mayo de 2012, entre la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut y el Poder Ejecutivo provincial, toda vez que resultó violatoria de las constituciones nacional y provincial, la ley de porcentualidad salarial Nº 5444 y la Ley Nº 5097 y ha provocado el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, filial de la Federación Judicial Argentina, integrante de la CLATE. Asimismo exhortamos a la Asociación de Magistrados mencionada a integrarse a la negociación, convocada por el gobierno provincial a efectos de resolver el conflicto generado. Caso contrario, desde la CLATE realizaremos todas las acciones necesarias para resguardar el derecho de los trabajadores judiciales y, denunciaremos internacionalmente la ilegalidad del acuerdo referido que impugnamos.

 

 

FJA (Argentina)

 

 

 

En relación al reclamo del derecho a la negociación colectiva y paritaria de los trabajadores judiciales de la Argentina,

 

-       Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores judiciales de la Argentina.

 

-       Exigimos al Estado argentino que cumpla con la recomendación efectuada el15 de junio de 2012 por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en el caso 2881 en el sentido de que se garantice el derecho a la negociación colectiva y al convenio colectivo a nivel nacional y de la totalidad de las provincias.  Es claro que dicha situación de negación de derecho constituye una grave violación a la libertad sindical y un atropello a todos los trabajadores judiciales. Transcurrido casi dos meses de dicha recomendación de la OIT, el Estado Argentino no ha dado un solo paso en el sentido de garantizar la vigencia de los derechos reclamados, lo que agrava aún más la situación que oportunamente se denunciara.

 

-       Instamos pues a dar efectivo cumplimiento a la misma y nos solidarizamos con los compañeros argentinos que bregan por su efectivización, así como aseguramos nuestro respaldo a toda iniciativa que, en el marco de los convenios internacionales que garantizan esos derechos, amplíen la denuncia ante los organismos internacionales, especialmente la Organización Internacional del Trabajo.   

 

 

 

En relación a la situación que padecen los trabajadores de la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U),

 

-       Manifestamos nuestra solidaridad  con los trabajadores de este organismo binacional, integrado por las hermanas repúblicas de Argentina y Uruguay.

 

-       Denunciamos que el estatuto que rige la actividad laboral fue elaborado por las dictaduras militares de ambos países y prohíbe la actividad sindical y política de sus trabajadores.

 

-       Rechazamos el desconocimiento  de las organizaciones que representan a los trabajadores de la C.A.R.U. de ambos países, ATE (Argentina) y AEU (Uruguay) por parte de las autoridades de ambos países.

 

-       Denunciamos la falta de reconocimiento que sufren sus delegados y que no se permita el aporte sindical a sus organizaciones.

 

-       Condenamos este ataque a la libertad sindical y expresamos nuestro respaldo a las medidas que viene llevando adelante los trabajadores de la C.A.R.U. en el marco de sus respectivas centrales sindicales PIT-CNT (Uruguay) y CTA (Argentina).   

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012.

 

XI Congreso General de la

 

Confederación Latinoamericana de

 

Trabajadores Estatales

 

“Tucapel Jiménez Alfaro”


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