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PUERTO RICO
Federico Torres, secretario general de la CUTE de Puerto Rico.

25/01/2018

Federico Torres: “La privatización de la energía es una medida contra el pueblo y los trabajadores”


El secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) de Puerto Rico, organización que integra la CLATE, manifestó su rechazo a la privatización de la empresa estatal de energía eléctrica de la isla anunciada el lunes 22 de enero por las autoridades. Y apunta a la Junta de Control Fiscal y el Gobierno como artífices de un nuevo plan de ajuste.


Prensa CLATE


“La situación en Puerto Rico está muy difícil para los trabajadores, fundamentalmente, y para el pueblo puertorriqueño en general. Hemos tenido impactos muy negativos, algunos referidos a la cuestión meteorológica y otros políticos, que golpean a la clase trabajadora y a los más humildes del país”, explica Federico Torres, titular de la CUTE.

 

Y si bien la nueva administración del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había prometido en campaña un plan de reestructuración de las Agencias de Gobierno, lo primero que hizo fue aprobar una ley que elimina todos los beneficios económicos del Convenio Colectivo de Trabajo. “Decimos que son eliminados porque los llevó a lo mínimo que podía cobrar un trabajador y los mínimos beneficios que podía tener un trabajador en lo que tiene que ver con acumulación de licencia por vacaciones y licencia por enfermedad”, explica Torres y agrega: “A esto debe sumarse la amenaza de que se van a someter a votación leyes que van a precarizar aún más el sector laboral”.

 

A este grave cuadro de situación se agregó la llegada del Huracán María, el pasado 20 de septiembre, que golpeó violentamente a la isla y agravó la situación de toda la población. “Además tenemos un huracán permanente que es la Junta de Control Fiscal, que actualmente es quien toma las decisiones más importantes en nuestro país y le está recomendando al Gobernador nuevas medidas que van en contra de la clase trabajadora, como lo es la eliminación del bono de Navidad, la reducción de los empleos en el Gobierno, la reducción de la jornada laboral y la reducción del presupuesto gubernamental”, enumera el dirigente de los trabajadores del Estado.

 

Energía en manos privadas

 

En ese marco, esta semana el Gobierno portorriqueño anunció la privatización de la corporación de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que llevará en total unos 18 meses hasta su entrega definitiva a manos privadas. “Es una medida absurda y una torpeza, porque mientras los empleados de energía eléctrica están trabajando 14 y 16 horas para poder restablecer el servicio de energía al pueblo -porque un 60% del pueblo todavía no tiene energía eléctrica-, junto a otras compañías norteamericanas que han contratado para ayudar en ese proceso, les notifican que la empresa será privatizada. ¿Qué voluntad y qué entusiasmo van a tener estos trabajadores para seguir trabajando? Además de que no estamos de acuerdo con la privatización, creemos que, por el momento en que llega, es una medida doblemente torpe”, enfatizó Torres.

 

A la incertidumbre que generó esta decisión entre los trabajadores del área energética, se suma la poca información acerca de cuál será su futuro laboral. “Nos enfrentamos a una situación que complica más el escenario político-económico, porque la AEE tiene una deuda de cerca de 10 mil millones de dólares, y los bonistas no van a estar de acuerdo con que se privatice, porque eso va en contra de lo que ellos entienden que es su garantía de pago. Ahí el gobernador y la Junta de Control Fiscal van a encontrar un problema, y la determinación está en manos de la Jueza Federal, que es la que tiene el caso de quiebra”, explica el dirigente.

 

 

La Junta del ajuste


El gobierno de Ricardo Rosselló acaba de presentar un primer borrador de su Plan Fiscal a la Junta de Control. Según las organizaciones sindicales y sociales el objetivo es ajustar y reducir gastos a costa del pueblo y los trabajadores. “La privatización de la energía eléctrica es parte de ese plan, pero el Gobernador adelanto el anuncio para que quedara evidente que es la Junta la que pide esta privatización. Falta saber qué pasará con el tema de jubilados y pensionados. Y otras áreas estratégicas del Estado”, enumera Torres.

 

“El pueblo está con una incertidumbre increíble. Nunca antes habíamos tenido un escenario como el que estamos viviendo ahora en nuestro país. Los trabajadores emigran a Estados Unidos y eso también le da un golpe a la economía, porque en la medida en que no tenemos trabajadores aquí, el fisco del Gobierno se reduce sustancialmente. Las agencias empiezan a precarizar el servicio que le prestan al pueblo porque no tienen suficientes trabajadores para dar el servicio”, agrega.

 

Finalmente, Torres informó que, a pesar de las divisiones dentro del movimiento obrero en Puerto Rico, y del apoyo que muchos en su país le dan a estas políticas, “nosotros tenemos que ir al pueblo, a convencerlo, a educar sobre lo que significa la privatización, buscar ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países, como en Argentina, con estas medidas, para ver cómo salimos a flote en esta pelea”. Es por ello que la CUTE, junto a la Cumbre Social, que es una organización no gubernamental que trabaja con estas problemáticas, ofrecerá conferencias sobre el tema de energía, economía, privatizaciones y política.



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